Windsor Hernani Limarino
Chile atraviesa un proceso para elegir presidente. Ocho son los candidatos, y uno de ellos asumirá el mando el 11 de marzo de 2026.
En el marco de la no injerencia en asuntos internos, no corresponde expresar preferencia por uno u otro candidato. La elección es competencia de los chilenos; de las urnas surgirá el nuevo mandatario y, sea cual fuere el elegido o su tendencia ideológica, la decisión debe ser respetada.
Sin embargo, preocupan ciertas ofertas electorales que tienen implicancias directas en la relación bilateral, ya que son abiertamente hostiles hacia Bolivia. Consecuentemente, no pueden ser ignoradas, pues resultan inapropiadas, amenazantes y contrarias al derecho internacional, lo que exige análisis, atención y una acción precautoria.
Así, el candidato Franco Parisi propuso la insólita idea de sembrar la frontera norte de Chile con minas antitanque y antiblindados para frenar el ingreso de personas y el robo de vehículos.
Johannes Kaiser, en tono hiperbólico, amenazó con “apretar el cogote a los bolivianos si no reciben de vuelta a las personas que pasan por su territorio a Chile”. Añadió: “(…) vamos a aplicar medidas de fuerza. No va a pasar petróleo, no va a pasar gas a Bolivia y no va a salir ni una mosca a Bolivia”.
De forma similar, José Antonio Kast, al ser consultado sobre qué hará con los migrantes, sostuvo: “(…) así como llegaron a Chile pueden irse a Bolivia, y si Bolivia no los quiere recibir, le vamos a decir: usted quiere usar nuestros puertos, no los va a poder usar; quiere utilizar nuestras carreteras, no las va a poder usar”. Reconsultado sobre si presionaría a Bolivia, respondió: “de todas maneras, y que me lleven a La Haya, que me lleven a cualquier tribunal internacional (…)”.
Las tres posturas inquietan por su tono amenazante; sin embargo, la de Kast alarma más porque las encuestas lo sitúan entre los dos primeros lugares, con altas posibilidades de imponerse en una segunda vuelta.
En las relaciones internacionales, las prácticas de asfixiar, forzar o amenazar son violatorias del derecho internacional. Los Estados son soberanos y jurídicamente iguales entre sí y, en consecuencia, deben coordinar, cooperar, conversar, negociar y emplear la razón, nunca la amenaza y menos la fuerza.
En lo específico, las propuestas expresadas por los tres candidatos resultan contrarias a obligaciones internacionales asumidas por Chile. La siembra de minas viola el Tratado de Ottawa, que prohíbe su uso y promueve su eliminación. El libre tránsito no solo es un derecho de Bolivia en virtud del Tratado de 1904, sino también una obligación multilateral de Chile en el marco de la Organización Mundial del Comercio.
En cuanto a la migración irregular, se trata de un fenómeno global que exige cooperación. Con ese objetivo, 152 Estados aprobaron en 2018 el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual Chile decidió marginarse, quiere hacerlo a su modo. La repatriación, en cualquier caso, solo es obligatoria respecto de los connacionales. Prueba de ello es que, a pesar de los esfuerzos chilenos, Perú ha rechazado recibir migrantes expulsados, y ambos países mantienen hoy militarizada su frontera común.
En síntesis, las declaraciones de estos tres candidatos revelan ignorancia o desdén hacia el derecho internacional y proyectan un clima de beligerancia inadmisible entre dos países que comparten más de 900 kilómetros de frontera.
La diplomacia boliviana no debe sobredimensionar tales discursos, pues por ahora no constituyen una política oficial del Estado chileno; pero tampoco puede minimizarlos.
Lo recomendable es aplicar una diplomacia preventiva. Bolivia, con serenidad, firmeza y visión estratégica, debe manifestar a la Cancillería chilena su preocupación, no su protesta, documentar las declaraciones, recordar las obligaciones internacionales vigentes, prevenir su impacto sobre las sociedades y reafirmar el compromiso con una relación bilateral basada en la buena fe y el respeto a los tratados.
Esta acción tendría un efecto práctico al crear un registro formal que, en caso de que las amenazas se materialicen en medidas estatales, demostraría que Bolivia alertó tempranamente sobre los riesgos. Además, obligaría al actual gobierno chileno a pronunciarse: respaldando o desmintiendo las declaraciones, controlando a sus actores políticos para no dañar las relaciones bilaterales o, en su defecto, asumiendo costos de reputación por su silencio.
En diplomacia, el arma más poderosa es la palabra, sea verbal o escrita. Cuando carece de freno y desborda la razón, se convierte en un boomerang que golpea a quien la emite; cuando se utiliza con prudencia y firmeza, es un misil de precisión: sin estruendo, pero capaz de llegar exactamente donde debe, previniendo riesgos y corrigiendo conductas que nunca debieran ocurrir. Ojalá la diplomacia de los pueblos sepa utilizar la palabra.
Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático
