La segunda vuelta de las elecciones presidenciales ha despertado en Bolivia, un inusitado ambiente de guerra sucia, discursos que quieren continuar con la división creada por el MAS durante 20 años y contradicciones en el ideario social acerca de algunas propuestas. Una de las más polémicas, es la de nacionalización de autos denominados como “chutos”. Brevemente, reflexionamos al respecto.
En el ámbito político, la polémica inició con la propuesta de nacionalización de los chutos por parte de Rodrigo Paz y las declaraciones de un diputado chileno que denunciaba que, en Bolivia, un candidato a la presidencia quiere legalizar los autos robados. Esa tamaña estupidez provocó una declaración de Rodrigo Paz, afirmando que probablemente los “carabineros” estén metidos en este negocio. Si bien en términos diplomáticos no parece una declaración adecuada, como boliviano, no pude disimular mi alegría ya que por años los chilenos nos llaman ladrones y ninguna autoridad boliviana dice nada al respecto. Posteriormente, un senador de Chile pidió que se disculparan, y por lo menos creo que, la opinión pública cree que las declaraciones cruzadas sobre este tema podrían desestabilizar las relaciones con el vecino país, debido especialmente a amenazas posteriores del diputado que inició esta polémica.
Lo cierto es que esta banalidad no debería significar nada acerca de las relaciones con el vecino país, y más bien dicha polémica debería servir para reconocer que sólo las buenas relaciones y la coordinación entre los dos países podría detener el ingreso de autos robados a Bolivia. Pero, ¿qué nos dice la ciencia económica y la realidad sobre esta propuesta?
Primero, debemos aclarar que el ingreso de autos chutos; dejando a un lado el robo de vehículos que evidentemente es un delito, no necesariamente representa una “ilegalidad”. La política del MAS, por años ha privilegiado la existencia de mercados negros (no sólo en este rubro). Esto era muy útil, ya que les permitía reproducir su poder a través de la extorsión, el control político y el abuso de poder. Me explico; los autos chutos circulan a vista y paciencia de las autoridades y la policía, y esto les permite cobrar coimas cuando requieren, so pena de incautación, y condicionado al apoyo político. Por eso las economías “ilegales” –como el contrabando en general-, facilitan el control político y el exacerbado poder político de quienes nos gobiernan, limitando la libertad de los agentes económicos. Pero, además, tiene otras connotaciones derivados de esta política.
Cuando prohibieron la importación de carros a medio uso, so pretexto de cuidar el medio ambiente, primero, violaron la libertad de los consumidores, encareciendo el recambio de instrumentos de trabajo a los transportistas y más importante aún, permitiendo que 15 mil MM de dólares adicionales salgan de nuestras fronteras, para hacerle el negocio a 11 concesionarias que eran las únicas que podían importar carros nuevos. Además, el programa en manos de privados de cambio de motores a gas natural, fue nacionalizado y básicamente detenido, sabiendo que el gas natural como energía para los carros es un tercio más barata que el diésel y la gasolina; perjudicando; por ende, a los consumidores, elevando los costos de toda la cadena logística y la actividad económica, y evitando ganancias y generación de empleo por esta actividad.
Con este mercado negro instaurado, obviamente el mercado no tenía la información correcta de la oferta y la demanda, y es claro que, sólo el gobierno podía hacerse cargo de la provisión de combustible en la economía, originando mayores pérdidas para la misma (corrupción, contrabando hacia afuera). El negocio del contrabando de hidrocarburos baratos (subsidiados) significa por lo menos el 30% de la importación (600 MM de USD) y en los últimos años, significó aproximadamente un negocio de por lo menos 5 mil MM de dólares.
La moraleja respecto a lo que debemos dejar de hacer, es que el Estado no puede incentivar más, mercado negros, porque ocasiona pérdidas que, en el acumulado de los años, destruye la economía de cualquier país. El mercado, para asignar eficientemente los recursos escasos a sus mejores usos, debe tener información, y para esto, los mercados deben ser “legales”. Claramente, la economía boliviana requiere ser saneada, y para eso, una necesidad imperiosa es la de nacionalizar los chutos.
Por otro lado, muchos están preocupados respecto a que, en una coyuntura con escasez de combustibles y dólares, el nacionalizar los chutos podría agravar estos problemas. Eso no debería preocuparnos mucho, porque si ya contamos con mercados saneados, la libre oferta y demanda, determinarán un precio que sea una señal válida para la escasez. Entonces, sólo podemos liberalizar la importación de hidrocarburos, si nacionalizamos los chutos, porque la demanda podrá relevarse y mostrar a los oferentes sus necesidades reales. Si cumplimos con estos dos pasos, recién debería pensarse en dejar sin efecto la subvención a los hidrocarburos.
Pero, además, dado que no tenemos dólares, debemos pensar en aliviar la demanda excesiva de los mismos (3 mil MM de dólares sólo para importación de diésel y gasolina). Por ejemplo, podemos iniciar con la nacionalización de los chutos, que por lo bajo significarían mil millones de dólares, con lo cual podemos comprar kits de conversión a gas natural y que cada dueño de auto, pague la mano de obre en un taller privado. En 6 meses podemos convertir más de 300 mil carros a gas natural, sabiendo que el transporte público urbano, por ejemplo, sólo alcanza a 220 mil unidades. Esto aliviará la escasez de dólares y permitiría contar con un ahorro en la importación de por lo menos otros 600 MM de dólares. Claro, esta medida funcionará siempre y cuando no sigamos incentivando la importación de más autos chutos, y eso quiere decir que se deben bajar los aranceles y los impuestos por importación de carros y permitir que los ciudadanos puedan importar carros a medios uso. El Estado sólo debe preocuparse de que no se importe “basura”, o sea, que se importen carros en buenas condiciones.
Por último, sólo salvados estos pasos podemos retirar la subvención de los hidrocarburos, y no con preferencias para algunos y no para otros, porque el retirar la subvención sólo para privados y no al transporte público, creará más mercados negros. Yo que tengo, una vagoneta, la convertiré en taxi para seguir recibiendo el combustible barato y otra vez, el mercado no podrá asignar bien los recursos. Además, ¿quién mantendría la provisión del combustible subsidiado?, ¿el Estado?, o sea, ¿estamos dispuestos a mantener el negocio de quienes nos gobiernan?
Como “yapa”. Al retirar, el subsidio puede que provoquemos una subida de precios aún mayor a la actual (aunque con las medidas sugeridas, como la conversión de motores este efecto estaría atenuado), por lo que los candidatos manifestaron que se podría dar una “compensación” a las familias más pobres. Probablemente, se de una compensación en dinero. Sin embargo, se puede pensar también en otro tipo de medidas. Yo había propuesto, por ejemplo, que en vez de dar dinero podrían dar algo en especie y que no sólo se gaste. En el occidente, un fondo rotatorio en gallinas, que pueden ser criadas en las mismas ciudades o en el área rural, dado que no producimos pollo; o, en oriente, un fondo rotatorio de semillas. En otras palabras, en vez de dar dinero que sólo se convierte en gasto, darles un “negocio” para que sus ingresos potencialmente puedan ser sostenibles en el tiempo, podría ser una mejor opción.
Hay solución para todo, sólo hay que saber el funcionamiento básico de los mercados y tener el conocimiento claro para plantear ideas creativas de solución a la tremenda crisis que dejaron bajo nuestras espaldas quienes nos gobernaron durante 20 años.
Joshua Bellott Sáenz es economista
