Las elecciones nacionales de agosto se perfilan como una de las más reñidas en la historia reciente de Bolivia. La polarización política no se reduce a dos frentes definidos, sino que se expande con la presencia de múltiples candidaturas tanto en la oposición de centro como en la izquierda radical del oficialismo. Ante este escenario, los más de siete millones de electores bolivianos tienen la responsabilidad de reflexionar con seriedad su voto, pues el país se encuentra al borde del colapso, tanto económico como institucional.
Sin embargo, en medio de esta lucha política, hay un factor que los candidatos suelen ignorar hasta que la campaña avanza: el voto en el exterior. La Constitución garantiza este derecho a los bolivianos residentes fuera del país, pero su ejecución sigue siendo incierta, principalmente por la falta de financiamiento. A pocos meses de las elecciones, aún no se ha asegurado al 100% la logística para que los bolivianos en el extranjero puedan sufragar, lo que pone en entredicho la voluntad del Estado de garantizar un proceso electoral realmente inclusivo.
En 2019, cerca de 400 mil ciudadanos bolivianos fueron registrados para votar en el extranjero, lo que representó más del 4,5% del padrón electoral total, estos datos son sin contar con los últimos ciudadanos que se vieron obligados a abandonar el país a causa de la crisis que padece Bolivia . Esta cifra no es menor, especialmente si se considera que la diferencia en las próximas elecciones se puede definir por márgenes incluso menores. Sin embargo, hay un dato alarmante que se menciona poco: muchos de estos registros no responden a un deseo de participación democrática, sino al temor de enfrentar extorsiones cuando regresan al país. No es un secreto que muchos funcionarios exigen la presentación de la libreta de sufragio a los bolivianos que cruzan la frontera, utilizando esta medida como una herramienta de presión y, en algunos casos, de corrupción.
Pero la indiferencia de la diáspora boliviana frente a las elecciones no es casualidad. “Nunca se acuerdan de nosotros”, es la frase recurrente entre quienes dejaron Bolivia en busca de mejores oportunidades. La política nacional está circunscrita a la corrupción y, lejos de generar confianza, solo refuerza la idea de que la participación electoral no contribuye en nada a mejorar la vida de los bolivianos. Para muchos, la única forma en que su situación ha cambiado ha sido gracias a su esfuerzo en otros países, donde encontraron estabilidad y oportunidades que Bolivia jamás les brindó.
A esto se suma la falta de representación real de los migrantes en la estructura política del país. A pesar de que los bolivianos en el exterior contribuyen con más del 3.5% del PIB nacional, enviando más de 1.500 millones de dólares anuales en remesas, sus voces son sistemáticamente ignoradas por los partidos políticos. Solo en tiempos electorales se les busca con promesas vacías, sin que existan propuestas concretas para facilitar su retorno, fortalecer su participación o crear espacios institucionales que atiendan sus demandas.
La deuda con los bolivianos en el exterior sigue creciendo, y con ello, la desconfianza en el sistema político. Si de verdad se busca construir un país más justo e inclusivo, es momento de que el voto en el exterior deje de ser un tema secundario en las agendas políticas y se convierta en un derecho garantizado con la seriedad que merece. De lo contrario, los migrantes seguirán siendo solo una fuente de ingresos para el país, pero jamás una prioridad para quienes dicen gobernarlo.
Gonzalo Espinoza Cortez
