José Luis Bedregal Vargas
El reciente proceso electoral en Bolivia, ha sido una de las pruebas más complejas para el sistema democrático desde su restablecimiento. En medio de una coyuntura política polarizada, con desconfianza ciudadana acumulada y tensiones entre poderes del Estado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha tenido que navegar entre la presión política, las expectativas sociales y las limitaciones institucionales. A pesar de ello, logró conducir el proceso con una solvencia que merece reconocimiento.
Desde el inicio del calendario electoral, el TSE enfrentó una serie de obstáculos y presiones de sectores políticos. Cuestionamientos sobre la imparcialidad de sus vocales, y la falta de recursos suficientes para desplegar un proceso transparente y seguro en todo el país y el exterior. A ello, se sumó un ambiente de alta conflictividad, donde cada decisión se interpretó como contaminada por la manipulación política.
El liderazgo de su Presidente, Oscar Hassenteufel, fue determinante. Su conducción, marcada por la serenidad, el profesionalismo y la apertura al diálogo, permitió que el Tribunal mantuviera una posición de árbitro confiable, en un momento en que las instituciones bolivianas no gozan de la confianza de la gente.
Entre los principales aciertos del Tribunal, puede destacarse la publicación oportuna y transparente de los resultados preliminares, los departamentales en tiempo “record”, las medidas para mejorar la transparencia y los varios mecanismos de control y observación nacional e internacional.
El mandato de los actuales vocales, concluye en diciembre de 2025, lo que coloca en el horizonte inmediato, una tarea de enorme responsabilidad para la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sobre todo para los nuevos diputados y senadores que asumirán funciones. La consolidación de una autoridad electoral independiente, es uno de los pilares del fortalecimiento democrático. Por ello, el trabajo realizado por el actual TSE debe ser reconocido y preservado, como tarea de los futuros vocales, que serán electos por la Asamblea.
La elección del nuevo Tribunal Supremo Electoral, será una prueba decisiva para el país. Los nuevos asambleístas deberán prever sesiones extraordinarias, incluso antes del cierre del año legislativo, para avanzar en la convocatoria y el proceso de evaluación de postulantes. Deberán trabajar por tiempo y materia, evitando dilaciones políticas que comprometan el cumplimiento de los plazos establecidos por ley.
La opinión pública espera que imperen criterios técnicos y meritocráticos para la selección de vocales, priorizando la idoneidad y experiencia sobre las afinidades partidarias. Solo una renovación oportuna y responsable del TSE. permitirá que el país evite vacíos institucionales y preserve la continuidad de su calendario democrático.
El país necesita que los políticos entiendan que el órgano electoral no es un botín, sino un garante del bien común. La forma en que la Asamblea encare este proceso, marcará la diferencia entre una nueva etapa de confianza ciudadana o continuar con el retroceso institucional.
El TSE ha cumplido su rol con dignidad y eficacia, ahora, es el turno del Legislativo de estar a la altura del pueblo al que representa.
