Windsor Hernani Limarino
El pasado domingo el mundo amaneció con una noticia que marcará un antes y un después en la historia contemporánea. Nicolás Maduro Moros fue extraído de la base militar de Fuerte Tiuna y trasladado a los Estados Unidos de Norteamérica. Se trata de un hecho de enorme trascendencia, no solo desde la perspectiva militar, sino también en el ámbito de las relaciones internacionales.
La situación tenía que tener un desenlace de esta naturaleza. Maduro no iba a abandonar el poder por las buenas. Sobre él pesan múltiples denuncias internacionales, entre ellas un proceso ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. El escenario, era un juego de supervivencia, una disyuntiva entre la cárcel o la vida. No había espacio para soluciones intermedias; consecuentemente, tenía que resistir.
Del otro lado estaba Donald Trump, quien también había apostado demasiado. La movilización militar desplegada fue imponente: fragatas, aviones, helicópteros, submarinos y un aparato logístico propio de una operación de guerra. Los costos militares eran elevados y cada día que pasaba incrementaba la factura económica y política. En ese contexto, regresar sin el objetivo cumplido habría significado una derrota estratégica, inaceptable para la imagen de liderazgo que el presidente norteamericano busca proyectar. Era un costo que no estaba dispuesto a asumir. La apuesta era o gano, o gano; sin tomar en cuenta lo que podríamos denominar daños colaterales en el sentido más amplio de la palabra.
Finalmente, el día llegó. La operación fue una auténtica microcirugía militar. Como toda intervención de alta complejidad, combinó conocimiento estratégico, superioridad tecnológica, inteligencia operativa, experiencia y audacia. Estados Unidos entró “como Pedro por su casa” y demostró que sigue siendo la principal potencia militar del planeta. Este es un factor que debe tomarse muy en cuenta cuando se pronostica un nuevo orden internacional supuestamente multipolar. Habrá que verlo. En lo personal, al menos en la próxima década, considero que el poderío militar continuará siendo el fiel de la balanza para definir quién ejerce realmente el poder, y Estados Unidos lo tiene.
El hecho, sin embargo, no terminó con la captura ni con la aplastante victoria militar estadounidense. Por el contrario, ahí comienza una nueva fase.
La afirmación “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, y fui secuestrado” no fue producto de la improvisación, la altanería, ni la ingenuidad. Responde, más bien, a una estrategia jurídica cuidadosamente diseñada por un equipo experimentado, que promete dar una dura batalla legal. Con esa sola frase, la defensa ya ha introducido, de manera preliminar, tres ejes que con seguridad estructurarán su argumentación.
En primer lugar, la inmunidad de los jefes de Estado, principio reconocido en el Derecho Internacional consuetudinario y positivizado en diversos instrumentos internacionales, que establece que los jefes de Estado en ejercicio no pueden ser sometidos a procesos penales, civiles o administrativos ante jurisdicciones extranjeras; menos ser detenidos.
En segundo término, concordante con el anterior, la inmunidad de jurisdicción soberana de los Estados, principio cuyos alcances fueron ampliamente —y de manera particularmente ilustrativa— debatidos durante el proceso de extradición de Augusto Pinochet, solicitado por España, a través del juez Baltasar Garzón, al Reino Unido. Los alegatos expuestos por ambas partes y el fallo de la Cámara de los Lores en ese caso siguen siendo una referencia obligada para comprender las tensiones entre soberanía estatal, jurisdicción universal y responsabilidad penal internacional.
Finalmente, el tercer eje se apoya en el principio de abstención en el uso y la amenaza de la fuerza, así como en el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados. Estos constituyen pilares fundamentales del sistema internacional contemporáneo, al consagrar el respeto pleno a la soberanía estatal y prohibir la injerencia externa, directa o indirecta, en los asuntos internos de un Estado, y con mayor razón cuando dicha injerencia adopta un carácter militar.
La batalla jurídica promete ser de gran envergadura. Será una disputa de normas y precedentes que pondrá a prueba no solo la coherencia del orden jurídico internacional, sino también sus límites reales frente al poder, la política y los hechos consumados. Una vez más, el Derecho Internacional será invitado a pronunciarse después de que el poder material ya haya hablado.
El desenlace de este caso no solo determinará eventuales responsabilidades legales, sino también quién tendrá la autoridad para fijar la versión oficial de los hechos y elevarla a categoría de regla internacional. Todo ello, claro está, a menos que el Derecho vuelva a cumplir su papel más recurrente en la historia de las grandes crisis, es ceder discretamente su lugar a la negociación. Es esa solución práctica que, sin mucho ruido jurídico, suele poner punto final a los principios incómodos.
Windsor Hernani Limarino es diplomático
