Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico
Un Censo de Población y Vivienda es un proyecto geográfico que debe llevarse a cabo, cada 10 años, con el objetivo de actualizar la cantidad total de personas que habitan Bolivia, dónde radican y las condiciones en las que viven. Este censo poblacional debe ser organizado y ejecutado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El censo se constituye en el evento estadístico con mayor relevancia para cualquier país. La principal información que se obtiene de este proyecto, además de la densidad poblacional y geográfica, logra un panorama general de la estructura socioeconómica del país, lo cual permite delinear las políticas de planificación en temas como: salud, educación, seguridad alimentaria, proyecciones de desarrollo, además, la distribución y asignación de recursos, en el ámbito nacional, departamental, sectorial, municipal y comunitario.
Ahora, al margen de lo señalado, el Censo de Población y Vivienda también brinda las bases para definir la distribución de escaños, en la composición de la Cámara de Diputados y las Asambleas Legislativas Departamentales.
Ya el año 2019 se advirtió que las reglas para la distribución y asignación de escaños favorecía al voto rural, sector que es la base dura del MAS; en otras palabras, el 70% de la población urbana elige sólo al 50% de los escaños uninominales, que se diseñaron en circunscripciones, según la Ley 026 de Régimen Electoral, la Ley 421 de Distribución de Escaños y otras.
La actual distribución de escaños se la hizo sobre la base del Censo Nacional de 2012 y su modificación solo podría ser posible con la realización de otro censo, que reiteramos, debería ser el 2022. Esta forma de asignación de escaños, favoreció al MAS en las últimas elecciones generales y subnacionales, particularmente en Chuquisaca, Beni, Tarija, Pando y La Paz, donde el MAS fue derrotado, sin embargo, tiene mayoría en las asambleas departamentales.
El 25 de junio de 2020, Yuri Miranda, director del INE en ese momento, ratificó que el 2022 debía realizarse el Censo Nacional de Población y Vivienda, estimando un presupuesto de $us 57 millones para su verificación.
En días pasados el INE anunció que, recién en la presente gestión se elaboraría el proyecto “Rumbo al Censo Nacional de Población y Vivienda”, su metodología, presupuesto y cronograma. Este jueves 15 de abril el actual director del INE, Humberto Arandia, ratificó esta versión, precisando que recién a finales del primer semestre de este 2021, se podría contar con el proyecto concluido.
La versión de Arandia justificó la decisión del INE para postergar hasta 2024, la realización del del Censo de Población, arguyendo que este proceso, a partir de contar con un proyecto final aprobado y con presupuesto asignado, requiere al menos de tres años y medio para su preparación técnica y logística.
Siendo optimista, de verificarse el Censo de Población y Vivienda el 2024, estimamos que los resultados se los conocería el 2025, año electoral en el país, y digo optimista, porque hay que recordar que los datos del último Censo realizado en el país el 2012, recién se conocieron el año 2015, en medio de muchas contradicciones y cuestionamientos técnicos.
¿Cuánto incide en esta decisión, los resultados de las últimas Elecciones subnacionales y los resultados de la segunda vuelta, donde el MAS terminó de perder presencia en los gobiernos departamentales? Imagino que todos conocemos la respuesta, el MAS pretende llevarnos a las elecciones de 2025 y 2026 con la actual distribución de escaños.
Otro tema pendiente en la agenda pública que prefiere evitar el actual gobierno, es el debate sobre el pacto fiscal, discusión que debe encararse en función a los datos actuales de población en cada región, en medio de una disminución en la captación de recursos económicos, ahondada por la crisis, sanitaria, política y económica, que envuelve al país.
Alfredo Zaconeta Torrico es periodista
Twitter: @alfredozaconeta
