¿Quién dispara al pie de quién? Las pérdidas son enormes para la industria, se retrasa el crecimiento del país y se crea una atmósfera de venganza y odio entre los bolivianos. En el proceso que se vive en Santa Cruz con la bandera de censo, los perdedores somos todos. El comercio exterior de productos de esa región está detenido, mientras que la Gobernación cruceña ejecutó hasta junio solo el 9% de su presupuesto anual.
En el proceso que se vive en Santa Cruz -con un paro cívico propiciado por el Comité Cívico Cruceño y la Gobernación, que buscan falsas banderas y revivir el odio entre bolivianos- los enfrentamientos en el municipio de la Guardia marcan la diferencia entre quienes pueden mantenerse sin trabajar y quienes necesitan mantener a sus familias.
En este municipio vivió la violencia de grupos de choque que apoyan un paro mezquino, que desenmascara a quienes buscan desestabilizar al país y romper la reactivación económica.
Para comprender este pedido de censo se debe ver cómo se reparte los presupuestos para las regiones y como estas los aprovechan. Del total de los principales impuestos nacionales del país, 75% se queda en el Gobierno Central, 20% se redistribuye como coparticipación a los municipios y gobiernos autónomos indígena originario campesinos (GAIOC) y el 5% pasa a las universidades públicas.
De ese 20%, la distribución a los 339 municipios es de acuerdo al número de habitantes, dato que se obtiene del censo.
Los municipios y los GAIOC tienen entre sus principales competencias atender las necesidades de la población, principalmente referidas a salud (1er y 2do nivel), saneamiento básico, escuelas, infraestructura urbana y rural, desarrollo económico local, caminos vecinales y otros.
Dentro la asignación que ciertos malos funcionarios públicos reclaman que sea mayor, aunque no ejecutan su presupuesto, Santa Cruz registra la cifra más baja de todo el país, con 9%, mientras que Chuquisaca tiene el mayor cumplimento presupuestario con 31%.
Hasta junio de este año, en promedio, la ejecución presupuestaria en los nueve departamentos llegó a 17,7%.
Con estos datos se ve que Santa Cruz tiene la “peor” inversión pública, frente a las otras ocho gobernaciones.
La Gobernación cruceña tiene un presupuesto de 192 millones de bolivianos. Hasta junio, ha ejecutado 18,3 millones de bolivianos, lo cual representa el 9%. Ese gobierno departamental solo se dedicó a pagar sueldos.
La pregunta es, ¿este paro sirve para ocultar una mala gestión, desestabilizar el crecimiento del país para beneficiar a clanes que buscan disfrazar su ineficiencia y promover el desgaste de su población?
En palabras de su líder cívico, es “un pueblo luchador incansable, no solo por el bien de los cruceños, sino por el bien de los bolivianos”. La falsedad de estas declaraciones impulsó a una clase media a salir a las calles con desprecio al prójimo, con insultos y sin ningún tipo de propuesta que aporte a un diálogo sincero.
Este discurso se cayó cuando el Estado, al ver el peligro de un desabastecimiento del mercado interno, suspendió las exportaciones de carne, azúcar y derivados de la soya. Esto se sumó a los bloqueos a camiones que se dirigían hacia la frontera.
Con las exportaciones aún se beneficiaba un grupo con buenos precios internacionales, mientras que la gente continuaba pensando en cómo conseguir dinero para soportar un paro que, además, favorece a algunas empresas.
Ese fue el gatillo que obligó a los cívicos a buscar el diálogo y hacer a un lado a su ineficiente gobernador, pues el Estado quiere es dialogar para pacificar la región cruceña y continuar la reactivación económica.
En esta maraña de manipulación, algunos medios de comunicación trasmiten los enfrentamientos entre bolivianos como un partido de futbol. Los unos con el discurso de soberbia y odio y los otros para que el paro sea igual para todos y no beneficie a los más ricos.
Este es el caso del agro, con migrantes Brasileros dueños de más del 50% de las tierras cruceñas. Por otra parte, los mercados de la carne y el azúcar son dominados por clanes familiares que los manejan a su antojo.
En las coberturas periodísticas radicales se volvió a escuchar a fantasmas políticos, entre ellos el “Zorro”, que habla del padrón electoral y dice que “con el censo sabremos el fraude que hizo el MAS en las elecciones” (sic).
Esas aseveraciones solo buscan argumentos para aumentar el odio racista entre morenos que se pelean para favorecer a los fantasmas políticos que siguen dolidos porque el pueblo boliviano elije a sus gobernantes de manera democrática.
Por ejemplo, el actual Presidente ganó con un Tribunal Electoral formado por el gobierno de facto. Esto demuestra que el pueblo boliviano ya no quiere ser saqueado.
Los empresarios reconocen la labor de actual Ejecutivo con las subvenciones a los hidrocarburos y beneficios en créditos que les ayudan a invertir y crecer de manera constante.
Los ciudadanos también reconocen esta labor del Estado cuando compran pan en 50 centavos, cuando cinco personas almuerzan con 40 bolivianos, mientras que el país es de los líderes mundiales en baja inflación y con uno de los crecimientos más altos de la región.
Es la demostración de que el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) funciona sin las recetas de instituciones mundiales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que buscan que el peso económico caiga sobre la gente común y se beneficien los ricos.
El Estado lucha contra la desigualdad social y reparte de manera ecuánime sus recursos, con la construcción de infraestructura y la inversión en empresas estratégicas. Por otro lado, el paro reinstaura el odio entre regiones y polariza el país para detener su crecimiento.
El resultado es un tiro en el pie del cruceño y el boicot al crecimiento del departamento para beneficiar a ineficientes logias familiares y empresariales.
Max Baldivieso es periodista
