La inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no es un hecho aislado ni meramente técnico: es la consecuencia directa de una cadena de omisiones políticas, cálculos electorales y manipulación discursiva que, en su momento, bloquearon una ley clave para proteger al país del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo. La abrogación de la Ley 1386 en 2021 —producto de la presión de actores políticos y cívicos que hoy claman por una solución— dejó expuesto al Estado boliviano ante los organismos internacionales. Esta ironía, que revela la falta de coherencia de una oposición más interesada en desgastar al gobierno que en construir institucionalidad, ahora cobra factura en forma de sanciones, estigmas financieros y un monitoreo internacional que compromete la soberanía y credibilidad del país.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental creado por el G7 en 1989 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha vuelto a poner en el centro de atención global a Bolivia. El ingreso del país a la denominada lista gris —que implica un régimen de seguimiento intensificado— expone una serie de decisiones políticas y omisiones legislativas que hoy son duramente cuestionadas, incluso por quienes en su momento contribuyeron a bloquear una ley clave para prevenir este escenario: la abrogada Ley 1386.
GAFI: el guardián global contra los delitos financieros
El GAFI surgió como respuesta a la creciente amenaza del narcotráfico durante los años 80, cuando flujos millonarios de dinero ilícito penetraban los sistemas financieros, socavando las instituciones y corrompiendo la economía formal. En la cumbre del G7 de París (1989), las potencias decidieron establecer un marco normativo global, que se tradujo en las primeras 40 Recomendaciones publicadas en 1990.
Desde entonces, el mandato del GAFI se ha ampliado significativamente. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, incluyó la lucha contra la financiación del terrorismo y, posteriormente, contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Actualmente, el GAFI cuenta con 39 miembros —incluyendo a la Unión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo— y trabaja en colaboración con entidades como el FMI, el Banco Mundial y la Interpol.
Uno de sus mecanismos más influyentes es la publicación de listas de seguimiento. Estar en la lista gris implica que un país presenta deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, aunque ha asumido un compromiso político de corregirlas. No hacerlo puede llevar a la inclusión en la lista negra, con consecuencias económicas severas como la restricción de inversiones, encarecimiento del crédito internacional y pérdida de confianza financiera.
Bolivia: una ley, muchas omisiones
La Ley 1386, oficialmente denominada Ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, fue aprobada en 2021 como parte del compromiso del Estado boliviano para adecuarse a los estándares internacionales exigidos por el GAFI. Sin embargo, esa norma fue objeto de una intensa campaña de desinformación y resistencia política por parte de sectores opositores y cívicos.
Argumentando una supuesta amenaza a los derechos individuales y al «abuso del poder estatal», la narrativa desinformación contra la Ley 1386 caló hondo. Movilizaciones, bloqueos y presión política forzaron su abrogación por parte del gobierno en noviembre de 2021. Figuras como el diputado José Carlos Gutiérrez Roca, el activista miembro del autodenominado CONADE Manuel Morales y opinadores analistas como Gabriel Espinoza, Gonzalo Chávez entre otros, lideraron la ofensiva mediática y política contra la ley, advirtiendo que su aprobación “criminalizaba al pueblo” y “abría las puertas a una persecución judicial sin garantías”.
Lo que no dijeron —y hoy resulta evidente— es que al bloquear esta legislación también se protegía de facto al contrabando, a la minería ilegal, al narcotrafico y a otras redes delictivas que operan impunemente en Bolivia bajo un manto de informalidad. Hoy, muchos de los que se opusieron frontalmente a la Ley 1386 como Fernando Romero se presentan como voces indignadas ante la inclusión del país en la lista gris del GAFI, reclamando una nueva normativa “urgente” para evitar un mayor aislamiento internacional.
Las consecuencias de la politización
Algunos aAnalistas consultados coinciden en que Bolivia paga hoy el costo de una hiperpolitización del debate legislativo. “Se antepuso el cálculo político y la manipulación mediática a una necesidad técnica impostergable. No aprobar una normativa robusta para controlar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo nos dejó indefensos ante los estándares internacionales”, señala un informe del CEPI (Centro de Estudios de Política Internacional).
La inclusión en la lista gris implica que Bolivia será sometida a un monitoreo intensivo por parte del GAFI, con plazos estrictos para subsanar las fallas detectadas. En la práctica, esto afecta la credibilidad del sistema financiero boliviano, dificulta las transferencias internacionales y desalienta la inversión extranjera, especialmente en sectores sensibles como la banca, los seguros y la minería legal.
Peor aún, la falta de legislación adecuada ha abierto espacios para que economías paralelas —como el contrabando, la minería ilegal, el tráfico de drogas y el financiamiento irregular de campañas— sigan operando sin mayores controles, alimentando redes que no solo erosionan las finanzas públicas, sino también la gobernabilidad democrática.
El reto pendiente
El gobierno ha anunciado que trabaja en una nueva normativa que pueda ser “socializada, comprendida y aprobada sin generar resistencia”. Pero el daño ya está hecho. La falta de visión de Estado y el oportunismo político han dejado a Bolivia expuesta ante el escrutinio internacional.
Lo paradójico es que hoy muchos de los detractores de la Ley 1386 se rasgan las vestiduras, piden leyes “urgentes” y critican la “pasividad” del gobierno. Como afirma irónicamente el jurista Luis Tapia, “hemos pasado de decir que la ley era una dictadura financiera a decir que su ausencia nos convierte en un paraíso de criminales. La incoherencia tiene un costo, y ya lo estamos pagando”.
La pregunta que queda en el aire es si Bolivia está preparada, esta vez, para enfrentar con seriedad una amenazas como esta que va más allá de la política y toca las fibras más sensibles de su soberanía económica, institucional y moral.
Max Baldivieso es periodista
