En medio de una crisis política que agita a Bolivia, las repercusiones en la economía no se hacen esperar, afectando directamente el bolsillo de los ciudadanos. El aumento en los precios de alimentos esenciales como la carne de res, cerdo, pollo, cereales, aceites y lácteos, pone en evidencia la creciente presión sobre los sectores más vulnerables. Estos productos están estrechamente vinculados al modelo de agronegocios de la región oriental del país, un fenómeno económico que, si bien ha traído crecimiento, también ha generado interrogantes sobre sus implicaciones políticas y sociales. Este contexto invita a reflexionar sobre el origen de este modelo y su impacto real en la economía boliviana, especialmente en tiempos de polarización política y económica.
La crisis política que sacude a Bolivia, los efectos se sienten en el bolsillo de los ciudadanos, especialmente con el alza de precios de alimentos clave como la carne de res, cerdo, pollo, cereales, aceites y lácteos. Estos productos, todos vinculados al modelo de agronegocios del oriente boliviano, son producidos mayoritariamente bajo lo que se denomina “El modelo de desarrollo cruceño”, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
La coyuntura política no es ajena a este fenómeno. Candidatos como Tuto Quiroga y Branko Marinkovic, ambos con intereses en la región oriental, han contribuido, mediante su influencia en la zona, al incremento de precios a través de mecanismos como la especulación y el agio. También han recurrido al contrabando inverso y, en última instancia, al acaparamiento de productos, como ocurrió el año pasado con el aceite refinado.
Este aumento afecta principalmente a los sectores con menor poder adquisitivo, poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria. Este fenómeno ha sido apoyado por algunos medios de comunicación, que abarcan desde redes sociales hasta cadenas de televisión y radio. Dichos medios, sin un conocimiento completo del contexto de la problemática, replican un guion que busca insertar en la percepción ciudadana la idea de que en Bolivia existe una crisis provocada por el modelo económico. Sin embargo, omiten mencionar que gran parte de los problemas económicos actuales son resultado de ataques políticos dirigidos a la gestión económica.
En este contexto, surge la pregunta que nos hacemos en esta sala de edición: ¿Cómo nace el modelo cruceño? ¿Es este modelo una herramienta política utilizada por ciertos actores? ¿Y está realmente en crisis el modelo económico del país?
El Modelo Cruceño: ¿Creación divina o resultado de decisiones de políticas estatales?
«El Modelo de Desarrollo Cruceño» surge de las políticas implementadas por el Estado boliviano, que favorecieron un crecimiento económico tres veces superior al de los períodos neoliberales. En 2005, la producción de soya en Bolivia fue de 1.8 millones de toneladas, con Santa Cruz liderando la producción. Para 2023, esta cifra creció a 3.2 millones de toneladas gracias a condiciones brindadas por las políticas estatales que ayudaron a mejorar las prácticas agrícolas. En cuanto a la carne bovina, en 2005 la producción fue de 160,000 toneladas, centrada en el consumo interno. En 2023, alcanzó 244,019 toneladas con exportaciones significativas, y para 2024 se estimó en 320,000 toneladas, con un fuerte incremento en las exportaciones.
Este crecimiento refleja avances en infraestructura, tecnología y políticas gubernamentales favorables, lo que ha permitido a Bolivia consolidarse como un importante productor y exportador de soya y carne bovina a nivel mundial.
Este análisis muestra que la producción de soya ha experimentado un notable crecimiento en casi dos décadas, triplicando su volumen desde 2005. La mejora en la productividad por hectárea refleja avances en las políticas gubernamentales que facilitaron su crecimiento mediante diversos mecanismos, como la subvención de combustibles, la renuncia a impuestos sobre bienes de capital, la búsqueda constante de mercados internacionales para productos agropecuarios, la implementación de créditos productivos y la mejora de tecnología y prácticas agrícolas. Todo esto es el resultado de políticas específicas impulsadas por el Estado. Por lo tanto, el «Modelo de Desarrollo Cruceño» es el fruto de las políticas y condiciones económicas y sociales de estabilidad brindadas por el Estado boliviano.
Un patrón selectivo en la subida de precios y amenazas desabastecimiento
¿Es este modelo de agronegocios, que incluye productos como la soya, aceite, arroz, carne de res, cerdo, pollos y lácteos, ahora un instrumento político utilizado por líderes de oposición como Quiroga y Marinkovic? Estos políticos, gracias a su influencia en este sector, impulsan el agio y la especulación para señalar supuestas fallas en la gestión económica del gobierno y generar lo que algunos llaman una «guerra económica».
A pesar de que la producción de soya en Bolivia genera excedentes significativos destinados a la exportación, como el caso del aceite crudo y la harina de soya, solo el 20% de la producción se destina al consumo nacional, mientras que el 80% se exporta. Esto plantea la interrogante de por qué estos productos no están disponibles para el consumo interno a precios significativamente más bajos que los internacionales.
En la campaña de verano 2024, que se extenderá hasta mayo de 2025, se proyecta la siembra de 1,8 millones de hectáreas de soya, con una producción estimada de más de cuatro millones de toneladas destinadas a la industria oleaginosa. Sin embargo, se han emitido amenazas sobre una posible escasez de alimentos para sectores pecuarios clave como el bovino, porcino, avícola y piscícola. Estas advertencias parecen más una maniobra política que un problema real, afectando no solo al Estado, sino también a las familias bolivianas, y evidencian intereses políticos personales detrás de estas declaraciones.
Algo similar ocurre con la carne de res, pollo y cerdo, cuyos productores reciben tres tipos de subsidios: uno por parte de la industria oleaginosa, otro del Estado mediante subvenciones a los carburantes y el maíz como alimento base, y un tercero a través de aranceles cero para la importación de bienes de capital, además de otros beneficios como créditos productivos y programas de apoyo.
Entonces, ¿por qué suben los precios si tenemos suficiente producto? Esta situación revela que no todos los productos han sido afectados de la misma manera. De hecho, muchos de los productos básicos que conforman el 70% del consumo de los bolivianos han mantenido precios estables e incluso han experimentado una disminución.
Esto pone en evidencia que el aumento de precios parece concentrarse en sectores específicos, como los relacionados con el agronegocio, lo que ha provocado cuestionamientos sobre el modelo económico impulsado en Santa Cruz. En este contexto, surge la necesidad de analizar si este sistema, promovido como un ejemplo de desarrollo, realmente responde a las necesidades del pueblo boliviano o si perpetúa las desigualdades y la especulación que afectan a los sectores más vulnerables.
El presidente Luis Arce, durante el ampliado nacional de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), destacó que el aumento de precios no es generalizado. “Suben productos muy específicos, como el arroz, el aceite, el pollo. ¿Quiénes producen estos productos, hermanos, y quiénes especulan con los precios? Ese es el mensaje que debemos entender. En el fondo, esta guerra económica tiene un trasfondo político”, afirmó el mandatario.
¿Está realmente en crisis el modelo económico del país?
Para profundizar en el Modelo Económico Social Productivo Comunitario (MESPC), basta con señalar que, a pesar de los ataques provenientes de la crisis política, que buscan dañar la gestión económica para golpear el bolsillo de los bolivianos y promover la idea de una crisis con fines de poder y beneficio de logias, este modelo ha logrado generar crecimiento. Hasta el primer semestre de 2024, el país alcanzó un crecimiento del 2.6%, mantuvo las Reservas Internacionales Netas y las hizo crecer, alcanzando los 1.976 millones de dólares. Además, generó recursos gracias al aporte de las empresas públicas y a la Ley 1503, que permitió establecer condiciones para el pago de bonos a las clases vulnerables, beneficiando a más de cuatro millones de habitantes. También se otorgaron subsidios en carburantes, lo que favoreció a todos los bolivianos, y se implementaron subsidios alimentarios para mantener el poder adquisitivo.
Estos recursos permitieron suficientes ingresos para la reinversión en infraestructura, salud y educación. El modelo ha sido ajustado para adaptarse al cambio de la matriz productiva, incorporando la industrialización y la sustitución de importaciones en beneficio de la sostenibilidad y el crecimiento de los bolivianos.
Max Baldivieso es periodista
