El proceso de campaña electoral en las nacionales y una lectura exhaustiva de los programas de gobierno de todas las fuerzas políticas, deja en claro que existe un grado de comprensión superficial, sobre la realidad del proceso de industrialización y también sobre el territorio, las poblaciones que habitan las fronteras del extractivismo en una frágil y majestuosa región intersalar donde, evidentemente, hay más que litio.
Existe una gran expectativa –a nivel colectivo– sobre lo que podría representar el litio en términos económicos a partir de la explotación del Salar de Uyuni. Sin embargo, no hay nada más alejado de la realidad. Si bien estos ingresos dependerán en gran medida de los precios internacionales, para los bolivianos, pero en particular para los departamentos de Potosí y Oruro, las regalías se perciben como el mecanismo más tangible y directo para materializar esos beneficios.
Hablar de regalías en torno al litio es abordar un tema central en la discusión sobre el acceso equitativo a los recursos naturales. En este contexto, numerosas organizaciones sociales y cívicas de Potosí y Oruro han venido demandando, desde hace varios años, una modificación al porcentaje actual de regalías por la producción de carbonato de litio, que según el artículo 227 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, se encuentra fijado en un 3%. Pero ¿dónde se posicionan los candidatos?
La mirada de los candidatos sobre regalías del litio
De los nueve programas de gobierno presentados, solo cuatro mencionan explícitamente la palabra “regalías”: Alianza Unidad (Samuel Doria Medina), Alianza Popular (Andrónico Rodríguez), Libre (Jorge Tuto Quiroga) y Súmate (Manfred Reyes Villa).
Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, es la que más referencias hace al tema, mencionando la palabra “regalías” cuatro veces. La primera está vinculada al sector hidrocarburos, las dos siguientes al sector minero, y la última aparece en el apartado de sostenibilidad ambiental. El programa propone “una nueva Ley de Minería en la que las regalías correspondientes a los departamentos productores de minerales sean del 11%, al igual que en el caso de los hidrocarburos”. Más adelante, se menciona que esta nueva norma abordará también “la distribución de regalías”. Finalmente, se reitera la necesidad de incrementar las regalías para fomentar una “minería responsable y transición ecológica”.
Alianza Popular, de Andrónico Rodríguez, menciona: “Transparencia y redistribución de regalías – Garantizar que los ingresos por la explotación minera se redistribuyan de forma equitativa, priorizando el desarrollo integral de las regiones productoras”. La propuesta es general y no hace una alusión específica al litio, sino que se refiere al sector minero en su conjunto.
Libre, de Jorge Tuto Quiroga, plantea que se debe “hacer atractiva para empresas internacionales la explotación de litio en Bolivia”, y que es necesario “estructurar la renta minera (regalías + impuestos) de tal manera que Bolivia pueda competir en condiciones similares con Argentina y Chile”. La mención carece de cifras o detalles específicos.
Súmate, de Manfred Reyes Villa, señala la necesidad de una “Ley Marco del Litio que, entre otros aspectos, defina los porcentajes de regalías”. Sin embargo, al igual que las demás propuestas, su planteamiento es general y escueto.
Fuera de los programas formales, algunos candidatos han ampliado o ajustado sus propuestas a través de declaraciones públicas o en redes sociales. Es el caso de Eduardo del Castillo, quien en entrevistas y publicaciones en TikTok se ha comprometido a impulsar una Ley del Litio que garantice un 11% de regalías para los departamentos productores.
No obstante, parece haber una desconexión entre aquello que plantean los candidatos con aquello que los actores sociales vienen trabajando desde hace varios años en cuanto al litio.
Un mar de propuestas desde los actores sociales
Desde 2021, distintas organizaciones y colectivos han presentado propuestas de ley sobre el litio. La Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sur (FRUTCAS), el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), exdirigentes sindicales de la región del sudoeste potosino, senadores y asambleístas –es decir, una diversidad amplia de actores– han elaborado, complementado, consensuado (y en algunos casos, plagiado) iniciativas legislativas que incluyen, entre otros aspectos, propuestas concretas sobre el régimen de regalías.
Aunque las cifras y porcentajes propuestos varían, hay un consenso general en torno a la necesidad de establecer una “regalía variable”, es decir, un esquema en el que el porcentaje de regalía fluctúe en función del precio internacional del carbonato de litio. La lógica detrás de esta propuesta es sencilla: cuando los precios internacionales suben, las regalías también deben aumentar. Este modelo no es nuevo; ya ha sido aplicado con éxito en países como Chile, donde existen estructuras similares en el régimen tributario en diferentes minerales.
Además, muchas de estas propuestas normativas no se limitan a modificar el porcentaje de la regalía, sino que también plantean nuevas formas de distribución. Actualmente, la regalía sobre el carbonato de litio es del 3%, de la cual el 85% se destina a la gobernación y el 15% a los municipios productores. Las iniciativas más recientes proponen una redistribución más amplia y equitativa, incluyendo beneficios para municipios y departamentos productores, fondos de ahorro, mecanismos de redistribución hacia otras regiones del país, proyectos productivos, e incluso asignaciones directas para pueblos y naciones indígenas.
Una crítica recurrente desde las regiones productoras es la falta de impacto tangible de las regalías. A pesar de estar contempladas legalmente, líderes locales denuncian que en la práctica “no se ha visto ni un solo peso”, lo que pone en cuestión la efectividad del modelo actual y refuerza la necesidad de una reforma seria y participativa.
Es de vital importancia que las propuestas de los candidatos sean más detalladas y estén claramente vinculadas con el trabajo, las demandas y las reivindicaciones de las organizaciones sociales. Solo así podrán convertirse en verdaderos espacios de construcción colectiva de políticas públicas favorables para el pueblo boliviano. No basta con mencionar términos como “regalía” de forma superficial en los planes de gobierno. La ciudadanía comprende bien aquello qué se necesita, cómo debería incrementarse y qué factores deben considerarse. Las preguntas esenciales —las que realmente abren camino al cambio y que deben ser respondidas— comienzan con un ¿cómo? Y se abren a debates más amplios sobre el destino del litio en el país.
Mateo Velásquez y José Carlos Solón son investigadores de Fundación Solón
