Windsor Hernani Limarino
La política exterior es el conjunto de estrategias y acciones que ejecuta un Estado para alcanzar sus objetivos en el ámbito internacional. Objetivos que deben definirse previamente en función de los intereses nacionales.
En términos generales, los intereses esenciales —comunes a la mayoría de los Estados— son: preservar la integridad territorial y la soberanía; garantizar la seguridad nacional libre de amenazas; promover el desarrollo económico que permita a la población satisfacer sus necesidades; proteger el medio ambiente, y proyectar la presencia del Estado en el sistema internacional.
Por otra parte, los organismos internacionales y sus agencias de cooperación elaboran estudios destinados a orientar las políticas públicas de desarrollo. Estos informes identifican la situación global y nacional (informes país), así como las principales vulnerabilidades que obstaculizan el desarrollo humano sostenible.
Dado que “la política exterior es un reflejo de la política interna”, los estudios elaborados por dichos organismos constituyen una fuente útil para el diagnóstico y posterior diseño de la política exterior. Sin embargo, deben asumirse como un insumo técnico y no como un marco rector, pues la política exterior debe responder a los intereses nacionales, y no a mandatos multilaterales, aunque en ciertos casos puedan coincidir.
En este contexto, la lectura del escenario internacional revela una tendencia geopolítica caracterizada por la multipolaridad, la conformación de alianzas estratégicas mediante bloques regionales, la rivalidad entre Estados Unidos y China por la hegemonía global, la competencia por el control de minerales estratégicos, el avance de nuevas tecnologías —especialmente la inteligencia artificial y la biotecnología—, así como por las crisis ambientales y migratorias. Este diagnóstico es importante porque define el margen de maniobra y las oportunidades que el Estado puede aprovechar.
En el plano interno, el diagnóstico de Bolivia es inequívoco. La fragilidad inmediata es la crisis económica, expresada en la escasez de divisas; mientras que, en el ámbito estructural, persisten vulnerabilidades como la pobreza, la desigualdad, la dependencia de los recursos naturales y la debilidad institucional.
En consecuencia, la diplomacia —instrumento fundamental para la consecución de los objetivos nacionales— debe orientar sus esfuerzos hacia la recuperación macroeconómica y la superación de dichas debilidades estructurales.
A lo anterior debe añadirse la definición del fundamento doctrinal o filosófico. Son los principios y valores que orienten la acción externa del Estado como el respeto a la independencia y la igualdad soberana de los Estados; la no intervención en los asuntos internos; la solución pacífica de las controversias; el rechazo a toda forma de dictadura —principio que por ejemplo, justifica el no reconocimiento de los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega—; así como la defensa y promoción de los derechos humanos y de la democracia.
Ni duda cabe de que Bolivia debe abrirse al mundo, y esa apertura debe ser inteligente, estratégica y planificada. Henry Kissinger advirtió: “quien no sabe hacia dónde va, todos los vientos le son desfavorables.
La política exterior boliviana atraviesa un punto de inflexión que exige abandonar la incompetencia, la improvisación y la inercia diplomática. El país necesita definir con claridad su dirección estratégica, fortalecer su presencia en el escenario internacional y convertir la diplomacia en un auténtico instrumento de desarrollo, influencia y poder nacional. Ello solo será posible mediante el diseño y la gestión de una política exterior coherente, sostenida y previsible, que ojalá además sea concebida como una política de Estado, y no de gobierno, capaz de trascender coyunturas y orientar la acción nacional en el largo plazo.
Windsor Hernani Limarino es economista y diplomático.
