Por: Bruno Rojas Callejas
Los enfermos con cáncer son parte de la población más vulnerable a los efectos del coronavirus, sin embargo, en Bolivia, el gobierno y el Ministerio de Salud no adoptaron medida específica alguna para evitar cualquier riesgo y garantizar la atención médica de esta población en los establecimientos de salud públicos. Algunas contadas acciones fueron dispuestas durante la cuarentena como reacción ante las protestas de los pacientes y no como parte de una planificación.
Tampoco el gobierno dispuso los medios y equipos de bioseguridad necesarios para los oncólogos y personal médico responsable de la atención de los pacientes con cáncer, ignorando de esta manera, los enormes riesgos que podrían afectar a los enfermos y a los propios profesionales y trabajadores en salud.
En este artículo, llamamos la atención sobre la urgencia de definición e implementación de medidas gubernamentales para esta población ante los riesgos que implica el COVID-19 y, de manera particular, sobre la necesidad de construir y ejecutar en el país una política nacional de atención integral de los enfermos con cáncer que, entre otras virtudes, tenga la capacidad de enfrentar cualquier contingencia sanitaria en el futuro; una política que bien puede ser base para la atención de otros enfermos con males crónicos.
Vulnerables ante el COVID-19
Según la American Society of Clinical Oncology (Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica) y la National Coalition for Cancer Survivorship (NCCS, Coalición Nacional para la Sobrevivencia del Cáncer)[1], los pacientes con cáncer (al igual que los que sufren diabetes, cardiopatías, enfermedades por tabaquismo) pueden tener un mayor riesgo de estar “inmunocomprometidos” para contraer infecciones diversas, entre estas las virales como el COVID-19, de acuerdo al tipo de cáncer que padezcan, la modalidad de tratamiento que reciban, otros males que sufran y la edad. “El riesgo de estar inmunocomprometido suele ser mayor durante el tiempo del tratamiento activo del cáncer, por ejemplo, durante el tratamiento con quimioterapia”[2], resaltan estas entidades dedicadas a la investigación del cáncer.
El término “inmunocomprometido” se refiere “a las personas cuyo sistema inmunitario se considera más débil, más deficiente o menos resistente que el del adulto sano medio”. La función principal de este sistema es ayudar a combatir las infecciones. No hay una prueba definida para saber si una persona está inmunocomprometida, empero, algunos hallazgos que refieren un bajo número de glóbulos blancos o reducidos niveles de anticuerpos (inmunoglobulinas) en la sangre, podrían coadyuvar a revelar un organismo inmunocomprometido.
De acuerdo a las entidades mencionadas, existen evidencias que los pacientes con enfermedades hematológicas que incluyen leucemia, linfoma, y mieloma múltiple, tienen una mayor probabilidad de riesgo de infección y complicaciones en comparación con aquellos pacientes con otros tipos de cáncer. Otras evidencias iniciales revelaron que los pacientes con cáncer de pulmón que recibieron quimioterapia en el período de 3 meses de su diagnóstico con coronavirus, tienen un riesgo más alto de morir con esta pandemia. Asimismo, los pacientes positivos con COVID-19 que padecen un cáncer que está progresando tienen mayor probabilidad de fallecer o sufrir complicaciones de salud graves respecto de pacientes con otras enfermedades, entre otras evidencias que ejemplifican el riesgo alto que corren los pacientes y enfermos con cáncer ante el coronavirus.
Por estas consideraciones médicas, que no fueron contempladas por el gobierno nacional y las autoridades departamentales y municipales de salud, se hace absolutamente necesario implementar un plan para la protección sanitaria rigurosa de los pacientes con cáncer siguiendo los protocolos indicados para la seguridad de esta población, disponiendo los instrumentos de bioseguridad recomendados y facilitando todos los medios de transporte y otros para garantizar la atención y continuidad del tratamiento de estas personas.
Tal como denunciaron a los medios de comunicación las dirigentes de la Asociación de Personas con Cáncer y pacientes del Hospital de Clínicas de La Paz, estas personas quedaron prácticamente abandonadas a su suerte durante la cuarentena que siguió el país y muy posiblemente también, durante lo que dure la pandemia.
Según la dirigente de la Asociación, los médicos oncólogos y el personal médico de apoyo en el Hospital de Clínicas de La Paz, principal establecimiento de atención oncológica en esta urbe, no fueron dotados con implementos de bioseguridad (overoles, barbijos, guantes quirúrgicos y otros medios) para la atención de los pacientes con cáncer, poniendo en riesgo a los pacientes en tratamiento ante cualquier eventualidad de contagio del COVID-19. Esta falencia fue corroborada por un dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de La Paz al referirse en varias ocasiones, a las deficiencias y precariedades materiales en las que vienen trabajando en el nosocomio en tiempos del coronavirus.
Al respecto, es necesario enfatizar, siguiendo las definiciones de las entidades de investigación del cáncer mencionadas que, en los casos de los pacientes con tratamiento contra el cáncer que interactúan más frecuentemente con el sistema de atención médica en comparación a la población en general, una mayor permanencia en ese entorno puede contribuir a un mayor riesgo de contraer una infección como el COVID-19.[3] Podría reducirse la permanencia de los pacientes con cáncer en el hospital, priorizando, por ejemplo, la atención esencial de aquella que puede realizarse por vía telefónica u otro medio virtual, sin embargo, esta decisión está lejos de ser adoptada considerando la falta de planificación gubernamental en todos sus niveles.
A la desprotección en el hospital se sumó la desprotección de los pacientes fuera de este recinto. En efecto, durante la cuarentena estas personas enfermas afrontaron grandes dificultades para trasladarse al Hospital de Clínicas y a los centros oncológicos privados donde reciben tratamiento de radioterapia y braquiterapia en el marco del acuerdo arrancado al gobierno de Morales, que beneficia a un grupo de pacientes para ser atendidos en establecimientos particulares. Las restricciones de circulación del transporte público y privado y, particularmente, el insuficiente e irregular servicio de las ambulancias que fueron asignadas desde el régimen anterior para movilizar a los pacientes con tratamiento programado desde diferentes zonas, fueron las razones principales para este problema.[4]
Otros enfermos con cáncer que requerían consulta médica para el diagnóstico y el inicio del tratamiento, sencillamente fueron abandonados a su suerte y a caminar largos trechos en la medida que la enfermedad les permitía. Asimismo, varias pacientes de La Paz que deberían viajar a centros de Santa Cruz y Cochabamba para su tratamiento programado en los servicios de radioterapia y braquiterapia, no lo hicieron por la falta de previsión gubernamental, en detrimento de su salud, considerando la evolución y agravamiento irrefrenable del cáncer.
Los testimonios recogidos por los medios de comunicación que dieron cuenta de las peripecias y penurias experimentadas por los pacientes con cáncer, extremando esfuerzos para vencer a pie largas distancias con el fin de llegar a los puntos de encuentro con las ambulancias o directamente a los centros médicos, y retornar luego a sus hogares, poniendo en riesgo su ya malogrado estado de salud y de contagiarse con el coronavirus, evidencian la desprotección que vivieron.
Estas evidencias desnudaron la falta de acciones gubernamentales y del sistema de salud para la atención de poblaciones vulnerables a la pandemia y con requerimiento de tratamiento continuo como es el caso de los enfermos con cáncer. Interrumpir o discontinuar el tratamiento del cáncer, no sólo pone en riesgo la eficacia del procedimiento médico, sino eleva su costo económico que es una de las grandes limitaciones que afrontan los pacientes y sus familias con ingresos precarios.
La atención de los pacientes con cáncer, en iguales o peores condiciones que antes
La pandemia del COVID-19 terminó de ahondar la crisis del sistema nacional de salud que comenzó a agravarse durante el régimen de Evo Morales. El coronavirus mostró con contundencia, la precariedad franciscana en la que se encuentra la infraestructura y tecnología hospitalaria, los insumos y el equipamiento médico, el reducido personal que trabaja en condiciones laborales precarias y el insuficiente financiamiento estatal para garantizar los servicios de salud. Esta crisis marcó a fuego la deficiente atención del cáncer en el país y el incremento sostenido de los casos de esta enfermedad.
La pandemia hizo más frágiles a las poblaciones vulnerables como los pacientes con cáncer en un sistema de salud convaleciente. Si bien el país no tuvo una emergencia específica con casos de enfermos con cáncer contagiados con el COVID-19, la efectivización de este hecho habría reportado una gran tragedia en las condiciones actuales de los servicios de salud.
Según información del Ministerio de Salud, son apenas siete los establecimientos públicos en el país que prestan servicios de atención oncológica y solo uno de estos centros dispone de un acelerador lineal en funcionamiento (en Santa Cruz) y otro en proceso de instalación en La Paz. Con referencia a otros equipos necesarios como los de diagnóstico, la carencia es absoluta.
De acuerdo a la misma fuente, Bolivia contaba con solo 22 profesionales oncólogos hasta 2018, personal insuficiente para atender un mal que viene afectando cada vez más a un mayor número de personas, especialmente a mujeres.[5]
Desde marzo de 2019 y en virtud de una ley que se aprobó posteriormente, el gobierno de Morales comenzó a implementar el Seguro Universal de Salud (SUS) con el objetivo de lograr el acceso de toda la población boliviana a los servicios de salud de manera gratuita, propósito que en todo el corto tiempo transcurrido reveló más problemas que aciertos. En este marco, los enfermos con cáncer que carecen de un seguro de salud, son beneficiarios sin gozar de un servicio integral de salud y contar con limitado acceso a medicamentos oncológicos y a exámenes médicos.
A este estado de situación, debe agregarse que el país carece de una política de lucha contra el cáncer que contemple entre otros elementos un financiamiento específico para atender de manera integral y sostenible las enfermedades oncológicas. En el gobierno del Movimiento al Socialismo, se promulgó la Ley de Cáncer la que peca de inconsistente y ajena a las demandas de salud y socioeconómicas de los enfermos con cáncer.[6]
A propósito de los insuficientes medicamentos, según la dirigente de la Asociación de Personas con Cáncer, la emergencia sanitaria habría profundizado, entre otras cosas, la carencia de fármacos como la morfina para cuidados paliativos y de otros medicamentos para la quimioterapia, debido a que el Ministerio de Salud dejó de proveerlos pese a compromisos reiterados.
En estas condiciones, es evidente la deficiente y crítica atención de los enfermos con cáncer, además de altamente frágil para embates como la pandemia del COVID-19.
No sólo enfermos, sino también desempleados y con míseros ingresos
No sólo debe resaltarse el estado de los servicios de salud de los pacientes con cáncer, sino también, la crítica situación de sus condiciones de vida y de empleo que, durante la cuarentena, es muy posible que hayan empeorado. Como reveló el estudio del CEDLA sobre la situación de los pacientes con cáncer en el Hospital de Clínicas de La Paz[7], estas personas vivían en condiciones de extrema pobreza como consecuencia del costo económico y social provocado por el cáncer. Eran personas y familias sin seguridad social que quedaron muy afectados por invertir todos sus ahorros y sacrificar sus patrimonios familiares para cubrir el enorme costo de la enfermedad, pese a la vigencia de algunos beneficios que brinda el sistema público de salud.
Por el tratamiento los efectos y secuelas del cáncer, todos quedaron desempleados y lo que es peor varios fueron obligados a subemplearse en alguna actividad económica generalmente en el mundo informal en calidad de vendedores ambulantes, improvisados artesanos, vivanderos y en oficios casi forzados, con el único fin de generar ciertos recursos económicos que les permita pagar algunos medicamentos, alimentos y, milagro de por medio, aportar al pago de los servicios básicos y para el alquiler de las viviendas en determinados casos.
La pandemia rompió en gran medida las dinámicas de empleo, sobrevivencia y generación de ingresos de los pacientes con cáncer y de sus familiares, provocando una reducción drástica de sus recursos económicos y con ello un mayor deterioro de sus condiciones de vida. El subempleo y las redes de solidaridad creadas para los enfermos simplemente se debilitaron o desaparecieron.
Tomando como una constante el promedio anual calculado por el Ministerio de Salud con base en los casos registrados de cáncer en el período 2011 – 2016 (18.656) podría estimarse que alrededor de 149 mil serían los casos reportados hasta 2019. Es probable que gran parte de esta población, particularmente la que asiste a establecimientos de salud públicos, se encuentren en las mismas condiciones de pobreza que los pacientes del Hospital de Clínicas de La Paz.
En este escenario, cabe preguntarse, ¿cómo están subsistiendo los enfermos con cáncer y sus familias? Al respecto, con sobrada razón, la presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer de La Paz y varias pacientes, demandaron sin ser escuchados, ser beneficiarios del Bono de Canasta Familiar dispuesto por el gobierno nacional, a fin de paliar la difícil situación económica y social que atraviesan. Habrá que agregar también que deben ser beneficiarios de otras medidas económicas orientadas a evitar su mayor precarización.
Un fondo de enfermedades catastróficas, una ley integral de lucha contra el cáncer, un seguro de salud gratuito y el acceso a medicamentos oncológicos, son algunas otras propuestas que deben ser consideradas ineludiblemente por el Estado, las que fueron planteadas por los pacientes y sus dirigentes en los últimos años.
A manera de conclusión
La pandemia del COVID-19 generó varias crisis y ahondó otras en Bolivia y en el mundo. Sin duda, que el agravamiento de la crisis del sistema nacional de salud en Bolivia, cuyas limitaciones son estructurales, no brinda seguridad a la población para enfrentar a esta pandemia, menos a las poblaciones vulnerables como los enfermos con cáncer, quienes, además, se ven seriamente afectados por el mayor deterioro de sus ingresos y condiciones de vida.
Un pronunciamiento de la Asociación de Personas con Cáncer resume bien el drama de los pacientes con cáncer:
“(…) la triste realidad de los pacientes con cáncer es caminar para seguir nuestro tratamiento y comer lo que podamos. Sin trabajo ya no tenemos dinero ni para la comida ni para nuestros medicamentos. Estamos luchando día a día con el CÁNCER y ahora nos toca luchar contra el CORONAVIRUS. Si no nos mata el CORONAVIRUS porque estamos acatando la CUARENTENA, nos matará el CÁNCER O EL HAMBRE y no solo a nosotros también a nuestras familias. SIN TRABAJO NO HAY COMIDA NI MEDICAMENTOS, ES LA TRISTE REALIDAD. SOLO NOS QUEDA ESPERAR LA MUERTE.”[8]
(*) Es sociólogo e investigador
[1] Cancer.net. https://www.cancer.net/es/blog/2020-05/preguntas-frecuentes-sobre-el-covid-19-y-el-c%C3%A1ncer-respuestas-para-pacientes-y-sobrevivientes 01/06/2020; hrs. 14:05.
[2] Op. cit.
[3] Op. cit.
[4] Las movilizaciones de la Asociación de las Personas con Cáncer y de las pacientes del Hospital de Clínicas de La Paz, lograron arrancar del gobierno de Morales, entre el 2018 y 2019, el servicio exclusivo de dos ambulancias para el traslado de pacientes, la implementación de un albergue para pacientes del interior, la atención de enfermos con cáncer en centros oncológicos privados y la dotación de fármacos.
[5] Rojas, Bruno. La lucha por la vida. Realidad y esperanzas de los enfermos con cáncer. GPDF – CEDLA, La Paz 2020.
[6] Op. cit.
[7] Op. cit.
[8] https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2546793228921269&id=1625741967693071
