Por: Max Baldivieso
En la página web del Ministerio de Salud se encuentra el siguiente comunicado: “una persona con cuadro clínico de COVID-19, no necesita una prueba de laboratorio positiva para recibir atención de urgencia, ser internado o ingresar a un centro de aislamiento y recuperación”. Leyendo entre líneas, quiere decir que el paciente debe encontrarse en estado crítico para ser atendido, una suerte de jugador de esta ruleta, bajo dos condiciones, si puedes aún respirar o si ya estas a punto de morir, para poder ser merecedor de un espacio en emergencias o caso contrario gozar de una buena salud en la billetera para ingresar a un centro médico. Esa es la dura cotidianidad de los portadores del virus que luchan por ingresar a los hospitales del país.
Entre estos miles de casos esta Isabel, a quien le toco ser parte de esta suerte del destino, dentro de la pandemia. Síntomas: debilidad, respiración agitada, mala saturación de oxígeno y dolor de pecho. Por sus propios medios llegó al hospital Obrero, pero no recibió atención, porque no llevaba el carnet de asegurada; lo más curioso es que era administradora del nosocomio, y aun así en plena agonía, tuvo que regresar a su casa para recoger los papeles. Después del viaje de retorno al hospital de tercer nivel, ingresó a emergencias, durante dos horas esperó su turno, mientras el aire lentamente se le escapaba de los pulmones; desafortunadamente, en ese tiempo, que pareció una eterna espera por el deterioro de su salud, no fue admitida.
La residente le indicó a su familiar “póngale esta inyección y llévesela a su casa”. Por suerte, entre ir y venir, fue reconocida por una doctora amiga, solo de esa manera consiguió un espacio en el centro médico. La ubicaron en el piso 2, cama 7, planta destinada a pacientes de COVID, la cual se supone que tendría que estar equipada y preparada para atender pacientes con esa enfermedad, empero no había oxígeno, ni insumos y muy poco personal médico. En la madrugada, cuando el reloj marcaba las dos de la mañana, ella falleció, sin diagnóstico alguno y con muchas interrogantes por parte de sus familiares, quienes la enterraron una semana después del deceso.
Ahora nos toca hablar de Carlos, con otra condición de salud, pero preso de un sistema de salud colapsado. Diabético, con una crisis derivada de su enfermedad y que no cuenta con recursos económicos. Salió de su casa cargado por sus hijos, porque no podía caminar, rumbo al policlínico de Villa Armonía, el centro lo derivó al hospital de la Merced con un diagnóstico de posible coma diabético; lamentablemente el nosocomio no estaba en servicio por órdenes de la Alcaldía (tenía que fumigarse y prepararse para ser un hospital de COVID). Los familiares tuvieron que recurrir a sus ahorros, para llevarle al hospital Arco Iris; llegaron al lugar y pidieron una consulta de emergencia, para poder acceder a la misma, se tenía que someter a una prueba COVID con un costo de 1.200 bolivianos, una cantidad que no se esperaba, pero que lograron conseguir, además de una larga espera para sacar ficha.
Carlos tuvo que esperar el resultado en el frio de la calle por dos horas. El resultado dio negativo, pero sus placas tenían una pequeña línea blanca, los médicos no dieron una razón aceptable y le negaron la consulta para su enfermedad; solo quedo una factura más para ese centro privado de salud.
No obstante, él no se confía del resultado, ya que escuchó que las pruebas no son 100 % seguras y aún sospecha que tiene coronavirus, por su cuenta decidió consultar por teléfono con médicos.
Esa es la suerte de muchos bolivianos que perdieron ante el sistema. De acuerdo con los parámetros de la OMS, debe existir un hospital de tercer nivel por cada 75.000 habitantes, lo cual significa que, a la fecha, Bolivia debería contar mínimamente con 149 nosocomios en funcionamiento. Sin embargo, hay apenas existen 34 hospitales públicos en los diferentes departamentos del país, sin tomar en cuenta los 45 hospitales de propiedad de la Iglesia Católica, de la empresa privada, de la Caja Nacional de Salud y otros pertenecientes a la Seguridad social. La suma de todos los hospitales de tercer nivel, de cualquier propiedad, da un total de 79; aun así, Bolivia no alcanza los parámetros exigidos por la OMS.
(*) Max Baldivieso es periodista