Mis primeras armas en el campo de la finanzas públicas y las autonomías las hice en los debates que discutían qué nivel del Estado debían quedarse con la mayor tajada del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); yo era parte del equipo de la Federación de Asociación de Municipios de Bolivia (FAM). Huelga de hambre de alcaldes y concejales en todo el país mediante, los municipios ganaban una gran tajada de este nuevo impuesto.
Luego llegó la bonanza y el gas que los gobernantes de esos años (a partir de 2006), creían que nunca se iba a acabar. Participé en reuniones sobre la nueva distribución del IDH, con Luis Arce como ministro de Economía, que mostraba sin disimulo que lo último que le importaba al MAS eran la gestión de las prefecturas y alcaldías (las autonomías); si no, crear la Renta Dignidad para ganarse unos votitos más a cuenta de las prefecturas; o sea, menos dinero y aplausos para sus principales rivales, que eran los prefectos Mario Cossío, Rubén Costas, Pepe Lucho Paredes y Manfred Reyes Villa.
Pues es así como alcaldías, principalmente pequeñas y medianas, vieron como su presupuesto se elevaba hasta casi en nueve veces, el dinero llegaba por el grifo y no sabían qué hacer, está claro que estos recursos extraordinarios no llegaron a resolver problemas emergentes en nuestro país; pues a falta clara de una planificación gubernamental desde la administración central, se despojaron de sus responsabilidades y la única forma de monitorear el gasto del dinero del gas, era reclamarles que lo ejecuten, sin importar en qué; así, muchos de los alcaldes vieron la oportunidad de despilfarrar y cometer actos de corrupción, total, al Presidente sólo le importaba que ejecuten e hicieran canchitas de césped artificial que tanto le gustaban.
En resumen, además de apoyar desde la plaza Murillo que se diluyeran los recursos de la bonanza, con lo que sobraba, también le daban con todo al derroche. “A gastar hasta que se acabe la platita”, ese fue el modelo económico masista, el de Evo, el de Arce.
La plata sobraba, el famoso Consejo Nacional de Autonomías nunca funcionó y la FAM se volvió un brazo político del MAS. Se creó una Ley Marco de Autonomías, en la que aumentan competencias a las ahora llamadas gobernaciones y gobiernos municipales, pero nunca les aumentan los recursos.
Un claro ejemplo son los hospitales de tercer nivel, que fueron delegados a las gobernaciones; así es como están hasta ahora, en la pobreza y sin un peso más para mantenerlos. Es más, les doy un dato de cuánto le interesó al MAS las autonomías: el Presupuesto General del Estado de 2010, un año antes de promulgarse la Ley de Autonomías, decía que el Gobierno Central administraba el 80% del total de este presupuesto; en 2024, siendo un país “autonómico”, el gobierno maneja el 88%.
Se discutió varias veces el Pacto Fiscal en el Consejo Nacional de Autonomías, pero claro, el gobierno ponía frenos, necesitaban plata para hacer coliseos, aeropuertos, estadios y museos innecesarios.
Un verdadero cálculo debe realizarse. Samuel Doria Medina inició el debate del Nuevo Pacto Fiscal, lo desenterró, se lanzó con el 50 para el nivel central y 50 para el nivel subnacional; es importante que aclaró que serán de los “nuevos ingresos” y que se trata de un nuevo tipo de pacto, porque hay que hacer un real cálculo de la torta que ahora es más pequeña para que todos los niveles del Estado puedan al menos desarrollar sus más importantes competencias.
Por eso critiqué la propuesta de Rodrigo Paz, que lanzó un número de 50-50 “¡ya!”. Un número que parece salido del aire, sin saber hasta cuánto necesita el gobierno central para cumplir con los sueldos de maestros, salud, policía, militares y el pago de la deuda externa, por ejemplo.
La propuesta de Chi prefiero ni comentarla, pues con su planteamiento de que cada departamento maneje su propio tipo de cambio me hizo dudar de la capacidad para manejar la economía de este precandidato, o la de sus asesores.
De Tuto, pues pienso lo mismo que en una columna anterior, es un político de profesión que piensa ahora que recuperar el gas y el litio son la solución; de las autonomías no dijo nada. Otros candidatos han ofrecido incluso 70 para los gobiernos subnacionales y 30 para el gobierno central.
Pero hay una precisión más que me gustó de la propuesta de Doria Medina, la cogestión, que no debería ser de ninguna manera invadir la calidad de autonomía subnacional sino que se planifique el desarrollo de manera integral, con proyectos de impacto mancomunados entre municipios y/o gobernaciones.
No puede ser, por ejemplo, que la obra más cara de la gestión municipal de 2024, sea la Casa Grande del Pueblo propia (edificio municipal la llamaron), que se está terminando de construir Manfred Reyes Villa en Cochabamba.
Más dinero para cumplir sus competencias, por supuesto que es bueno, pero con cogestión del desarrollo. ¿O me dirán los tarijeños si los casi 5.000 dólares per cápita que les llegó en la época de bonanza, cambió sus vidas?
Julio Linares es economista.
