Según la documentación del contrato con la empresa Uranium One Group, la planta de Extracción Directa y Carbonatación de litio, se levantará a 3,600 metros de altura en el departamento de Potosí, junto al Salar de Uyuni, en la provincia Nor Lípez. El anexo técnico (Anexo I), detalla que la planta se situará a 80 km de Uyuni y 11 km de la comunidad de Río Grande, en proximidad al campamento de YLB en Llipi.
El anexo I del contrato establece que, para definir con exactitud la «micro localización» de la planta, se llevarán a cabo trabajos de topografía, geofísica y geotecnia, al parecer YLB ya cuenta con estudios topográficos y geotécnicos previos que no han sido publicados. Además, se menciona la necesidad de realizar “estudios socioambientales de la zona, para mitigar los impactos de la construcción de estas plantas de EDL”, lo cual sugiere que tales estudios aún están pendientes.
La minería de litio en salmuera siempre ha requerido grandes volúmenes de agua. No obstante, uno de los argumentos de los defensores de la Extracción Directa de Litio (EDL) es que estas tecnologías, además de ser más rápidas, requieren menores cantidades de recursos hídricos. En este caso, la planta proyectada usará agua de la cuenca de Huasa Julaca (Colcha K), ubicada al sur de la Central de Llipi, donde «se ha identificado agua subterránea potencialmente utilizable con fines industriales». Según el anexo y otros documentos, la microcuenca de Huasa Julaca tiene una extensión de 419 km².
Estos hallazgos de agua subterránea son preliminares; el documento indica que, “si se confirma la existencia de recursos hídricos suficientes en la región, se instalará una red de pozos para abastecer al complejo”. Es decir, aunque existen estudios que sugieren la presencia de recursos hídricos, estos aún no son concluyentes, lo que deja esta cuestión a futuros estudios.
Respecto a la materia prima, o salmuera, que será procesada por la empresa rusa, el anexo técnico señala que los pozos de extracción están junto a las actuales piscinas de evaporación solar. Esta área de extracción abarca “aproximadamente 218 km²”, es decir, dos tercios del área del municipio de El Alto o cuatro veces la isla de Manhattan.
Un detalle importante es que el anexo señala que la composición química de la salmuera, esencial para el diseño industrial de la planta, deberá ser verificada por Uranium One Group. Luego el texto es explícito, “YLB reconoce la ausencia en el momento del diseño de los datos iniciales necesarios sobre la composición de agua y los riesgos asociados de costos adicionales, […] que a consecuencia puede elevar los costos de construcción”. Se trata de un error confeso, YLB, no cuenta con la información suficiente y esto podría implicar un incremento en el precio de la inversión, el CAPEX.
Más adelante, el texto destaca otro aspecto crucial: “se debe tomar en cuenta que diseñar la línea de producción con una amplia gama de valores para los micro y macro componentes de la salmuera puede aumentar significativamente el valor de CAPEX”. ¡Esto implica que dependiendo de los elementos en la salmuera el costo de la inversión puede aumentar! Este punto subraya la incertidumbre en el diseño de la planta. La gran pregunta es, si aún no se han verificado los recursos hídricos disponibles y al parecer faltan datos concretos sobre la composición de la salmuera, ¿a cuánto puede llegar a costar esta inversión que ya asciende a los casi mil millones de dólares? Esto refleja, cuanto menos, una falta de rigor y seriedad
Mas incertidumbres: las etapas y los costos de inversión
El proyecto se divide en tres fases, detalladas en la tabla de “planificación de avance para la planta de 1,000 [t/a], planta semi-industrial de 9,000 [t/a] y planta semi-industrial de 14,000 [t/a] de Li2CO3”, lo cual ofrece una comprensión esquemática y sencilla del proceso.
La Fase 1, denominada «etapa de estudio», contempla: 1) diseño, ingeniería y planificación; 2) construcción, instalación y montaje de la planta; 3) puesta en marcha y pruebas de rendimiento; y 4) evaluación. En esta fase inicial se espera alcanzar una producción de 1,000 toneladas anuales de carbonato de litio de grado batería (99,5%).
En la Fase 2, o “etapa semi-industrial”, se incluyen: 1) ingeniería básica y “estudio de factibilidad definitiva”; 2) ingeniería a detalle; 3) adquisición de materiales y equipos; 4) montaje, construcción e instalación; 5) entrega de documentación a YLB; 6) pruebas de rendimiento; y 7) transferencia de titularidad. Sin embargo, cabe cuestionar por qué los estudios de factibilidad e ingeniería detallada se completarán recién en esta fase, planteando dudas sobre la claridad del diseño y el propósito final de la planta.
La Fase 3, que contempla la “ampliación de planta hasta 14,000 t/a”, está sujeta a la finalización de estudios geológicos que demuestren la disponibilidad de recursos. Es decir, no está claro si se alcanzarán las 14,000 toneladas de producción con esta inversión.
Las cifras de inversión a realizar por Uranium One Group quedan parcialmente claras:
Lo que no queda claro es por qué se firmó un contrato por el total si aún desconocemos si llegaremos a una tercera fase, ya que los estudios geológicos necesarios para verificar la disponibilidad de recursos aún faltan. Es como encargar una torta de cumpleaños, disponer todo el pago para el pastelero, y que él te diga: “Si tengo suficiente harina, la hago entera; de lo contrario, solo dos tercios”.
Sobre el agua y la EDL rusa
En las 145 páginas de la documentación consultada, se incluye una tabla titulada “Tabla de requerimientos y datos principales comparativos de ambas tecnologías”. Aunque no detalla muchos aspectos, contiene una línea sobre “consumo de agua” que indica que la tecnología de piscinas requiere un nivel “medio-alto” de agua, mientras que para la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) el consumo es “bajo-medio”.
Sin embargo, la información presentada en los documentos adjuntos al contrato indica que el consumo de agua podría ser significativo, como se observa en la siguiente tabla:
El límite que plantea la tabla sobre el rendimiento de planta presenta un consumo de agua considerable; para la fase 3, el mismo equivaldría aproximadamente a un tercio del agua potable facturada en Potosí en 2022 (9.016.492 m³), según datos de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). La cifra estimada de 3.066.000 m³ para la fase tres representaría un consumo de agua 4,6 veces mayor al registrado en la ciudad de Uyuni, en 2022, el mayor centro poblacional cercano a la planta.
Este nivel de consumo resulta alarmante. Un estudio sobre los impactos ambientales de la extracción directa de litio presentado en 2023 indica que el consumo de agua dulce en las tecnologías de evaporación actuales oscila entre 22,5 y 50 m³ por tonelada en el salar de Atacama y el salar de Olaroz, respectivamente. En contraste, el proceso de EDL podría llegar a requerir más de 210 m³ de agua tratada por tonelada, una cifra significativamente mayor y en total contradicción con lo que presenta la documentación del contrato al referirse al consumo “bajo-medio”.
Más allá de argumentos optimistas, que indicarían que estas cifras reflejadas en el informe serían el tope de consumo de agua el momento de realizar las pruebas de rendimiento, surge la pregunta: ¿cuán fiables son realmente los datos de este contrato y la seriedad técnica de YLB? ¿Por qué no contamos con un estudio de factibilidad de explotación de recursos hídricos en la cuenca de Huasa Julaca?
Los impactados
El informe técnico YLB-GIP-0498-INF/24, parte de la documentación remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional, incluye una breve sección de “consideraciones socioambientales” que confirma que el proyecto no se superpone con áreas protegidas ni parques nacionales. La planta se ubicará en el municipio de Colcha K, donde YLB cuenta con una resolución administrativa de usufructo (DGAT-RES-USUF No.8/2023) emitida el 28 de septiembre de 2023 por el INRA.
El informe reconoce que el terreno previsto incluye “áreas de uso agrícola y ganadero principalmente” pertenecientes a la TCO (Tierras Comunitarias de Origen) Nor Lípez. En este sentido, menciona la necesidad de consultas específicas para su desarrollo, aunque no aclara si se buscará el consentimiento previo, libre e informado como exige la Constitución y el Convenio 169 de la OIT. Que lógicamente en esta etapa de firma del contrato ha perdido todo el carácter previo de la consulta. El documento también alude a “estudios oportunos y acuerdos con la TCO para el uso equitativo y sostenible de este recurso”.
El informe señala las comunidades de influencia directa e indirecta en el proyecto:
Sin embargo, el informe no aclara qué significa «influencia directa e indirecta» en el contexto de la construcción de la planta de EDL. Esto es fundamental, ya que las comunidades afectadas pueden experimentar impactos de diversa gravedad que no deberían ser ignorados por la empresa estatal.
¡Más extractivismo!
El contrato para la implementación de Extracción Directa de Litio (EDL) con la empresa rusa Uranium plantea un horizonte repleto de incertidumbres y reafirma el modelo extractivista que ha marcado la política económica en Bolivia. Este esquema, centrado en la acumulación a corto plazo, ignora los costos sociales, ambientales y económicos a largo plazo. Por si fuera poco, los anuncios sobre el futuro contrato con la empresa CITIC de China podrían repetir las mismas falencias estructurales: opacidad, falta de planificación estratégica y ausencia de una visión integral de la región.
La desesperación del gobierno es evidente: desde la firma de contratos para mercados de carbono hasta insinuaciones de un posible retorno a modelos mixtos de gestión estatal-privada, la crisis económica parece estar llevando a una peligrosa improvisación. Esto no augura más que la consolidación de un modelo extractivista que, lejos de beneficiar al país, profundiza su dependencia de actores y cadenas de valor extranjeras.
El impacto de estas decisiones no tardará en sentirse, con consecuencias especialmente graves para los habitantes del Salar de Uyuni y sus alrededores, quienes verán comprometidos sus recursos básicos. Al mismo tiempo, la economía nacional quedará atrapada en un ciclo de despojo y subordinación. El contrato firmado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) pone en evidencia la fragilidad de la estrategia de industrialización: se prioriza la tecnología de EDL sin que existan datos sólidos que respalden su viabilidad a largo plazo, ignorando las inversiones multimillonarias ya realizadas en las piscinas de evaporación, las cuales quedan relegadas a quien sabe que, quizás, la obsolescencia.
Este modelo extractivista no es solo un problema técnico o económico; es una decisión política que privilegia el saqueo de recursos por sobre el bienestar de las personas y el cuidado del medioambiente. Más preocupante aún, en el caso boliviano, se presenta bajo un discurso de soberanía nacional que es, en la práctica, una fachada para legitimar nuevas formas de acumulación por desposesión, ahora promovidas por y desde el Estado. En este caso, Bolivia parece estar cediendo su posición estratégica a intereses externos, hipotecando su futuro en nombre de un desarrollo que no beneficia ni a su gente ni a su entorno.
