La humedad de una noche de lluvia y un viento cortante fueron la antesala del camino hasta un gran salón. Ese domingo, 16 de febrero, en la comunidad de San Cristóbal, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), titular del Territorio Indígena Originario Campesino Nor Lípez, había convocado a un ampliado de emergencia para que Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) responda a una serie de crecientes dudas sobre el contrato con la empresa china CBC.
La testera permanecía vacía mientras los asistentes, en su mayoría dirigentes de comunidades y autoridades originarias, conversaban en pequeños grupos. Por mi cabeza rondaban varias preguntas para hacérselas a YLB: la tasa de interés de la deuda/inversión, el candado sobre las regalías, la falta de consulta previa a los pueblos indígenas, el impacto ambiental por el uso intensivo de agua, la ausencia de estudios técnicos adecuados y muchas más.
Había un pequeño grupo de funcionarios de YLB que con cámaras y proyectores se alistaba a dar inicio a la socialización. Entre las autoridades del gobierno no se encontraba el presidente de YLB, ni los viceministros Mayta, ni Arnez, a pesar de que esta socialización era clave y definitiva para el gobierno pues tanto la planta de CBC como la de Uranium One Group necesitan del agua de la región de Nor Lípez.
En el frio salón que mas parecía un coliseo, rodeado por exautoridades, diputados y asambleístas departamentales, sólo se divisaba al ministro de Educación, Omar Veliz, que mas que un entendido en la materia es el operador político del gobierno en el departamento de Potosí.
Antes de que iniciara la socialización me llegó a las manos una cartilla de YLB titulada “Verdades y mentiras sobre los contratos de litio”. Al revisar su contenido me quede perplejo por su argumentación poco prolija. En una de las 11 “mentiras y verdades” que tenía este panfleto se decía: “Mentira: no habrá transferencia de tecnología. Verdad: Al final de los contratos, las empresas transferirán la tecnología a YLB”. Al final del contrato es en más de 30 años cuando seguramente esa tecnología ya sea obsoleta. Pero lo que no decía esa cartilla era que durante 30 años YLB le pagaría por el uso de dicha tecnología 1.700 dólares por cada tonelada producida. Es decir que en 30 años CBC recibiría 1.785 millones de dólares (1.700 USD x 35.000 toneladas x 30 años). Era evidente que quienes hicieron la cartilla no habían leído el contrato con CBC y nos estaban tomando el pelo.
La sala tenía alrededor de 100 personas de diferentes comunidades de Nor Lípez. El evento acumulaba ya una hora de retraso cuando comenzaron los primeros reclamos: “¡Hora! ¡hora!”. Finalmente, subieron a la testera y tras las palabras de inauguración, se entonó el Himno Nacional. Todos se pusieron de pie, se quitaron los sombreros y las gorras. Algunos levantaron el puño izquierdo.
El corregidor de San Cristóbal tomó la palabra. Su discurso buscaba enmarcar la socialización como un proceso necesario para entender los términos del contrato. Súbitamente las palabras del corregidor fueron interrumpidas por el estruendo de petardos y gritos provenientes del exterior. Una columna de comunarios de Río Grande irrumpió en el salón, gritando “¡Río Grande se respeta, carajo!”. La consigna resonaba como un eco, multiplicada por las paredes del recinto. Eran alrededor de 200 personas que gritaban “no queremos socialización, no se nos ha socializado antes de la firma del contrato”. El argumento era simple, pero irrefutable.
Los funcionarios de YLB y su equipo técnico se desvanecieron en cuestión de segundos. La escena tomó un giro inesperado. Quienes habíamos asistido esperando una socialización, nos encontramos de frente con una posición mucho más contundente que ponía el dedo en la llaga: la falta de la consulta antes de la firma de los contratos.
La columna de Río Grande avanzó hacia la testera, moviendo y levantando las sillas, volcaron la mesa donde estaba sentado el ministro de Educación. Los representantes de Rio Grande tomaron la palabra con discursos firmes y contundentes. Su demanda era clara: expulsar al ministro y una diputada, así como rechazar cualquier intento de socialización pues su derecho había sido ya vulnerado. La indignación era tangible, no solo en sus palabras, sino en el lenguaje corporal, en la determinación con la que cerraban filas alrededor de la testera.
A diferencia de los funcionarios de YLB que se habían esfumado, el ministro de educación permanecía en la sala esperando el momento para intentar conciliar posiciones. Sin embargo, la presión fue en aumento hasta que finalmente se vio obligado a retirarse escoltado por un policía.
Con la salida del ministro el ampliado recuperó su carácter interno. La asamblea empezó con un debate entre los miembros de la CUPCONL hasta concluir con la lectura de una resolución por parte de su Secretario General, Iván Calcina. La resolución enmarcada en un mensaje de unidad planteó el rechazo contundente a los contratos, exigir y materializar el derecho al a consulta previa libre, informada y de buena fe, en Nor Lipez, impulsar la elaboración de una ley integral de industrialización del litio. Conformar un comité de movilización y un comité multidisciplinario.
“Artículo 7.– La lucha realizada por la provincia Nor Lipez es un acto soberano de defensa territorial descartando plenamente móviles políticos partidarios que contaminen una reivindicación legitima del pueblo Nor Lipeño”.
El ampliado expresaba la indignación de un conjunto de comunidades que no habían sido consultadas antes de la firma de los contratos. El punto siete dejaba claro que esta lucha va mas allá de la disputa entre evistas y arcistas. Al sur del salar un pueblo hacía prevalecer sus derechos por encima de las disputas partidarias que habían dividido varias de sus organizaciones.
Nor Lípez ha hablado: El tiempo del litio se acabó para el gobierno. ¿Qué puede hacer a estas alturas el presidente Luis Arce después de haber desperdiciado cuatro años en los que puedo consensuar una ley del litio y no lo hizo; en los que pudo transparentar los criterios de selección y los convenios con las empresas extranjeras y no lo hizo; en los que pudo haber realizado los estudios de impacto ambiental y no firmar un contrato para luego decir que sino hay suficiente agua no se pone un ladrillo; en los que pudo haber informado y consultado paso a paso a las comunidades y no venir con una ridícula cartilla de socialización?
El tiempo del litio se acabó para el gobierno. Aunque apruebe por milagro los contratos en la Asamblea Legislativa ¿qué va a hacer con las comunidades de Nor Lípez que están decididas a defender su territorio, su agua y su derecho a la consulta previa libre e informada? ¿Cómo va implementar dichos contratos contra la voluntad de las comunidades del lugar?
El tiempo del litio se acabo para el gobierno. Ojalá el próximo gobierno aprenda de esta gran lección e incorpore las demandas de las comunidades de Nor Lípez y todo el país en el proceso de reconducción de la industrialización del litio.
