Jaime Dunn – «Capitalismo Popular: Un llamado para una Bolivia de propietarios, no de proletarios»

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Existe un poderoso vínculo que nos une como bolivianos, un interés común que surge de forma espontánea, sin coordinación ni obligación. Es como si una fuerza invisible nos organizara y nos impulsara a actuar de manera individual y colectiva. Este interés común incluye el anhelo de recuperar el acceso al mar, celebrar los goles de nuestra selección nacional, defender la idea de que la altura no afecta en el fútbol y, sobre todo, salvaguardar nuestra propiedad privada.

Esto me lleva a reflexionar sobre las masivas protestas a finales del año 2021 contra las normas para el Fortalecimiento de la Lucha contra las Ganancias Ilícitas y la ya derogada Ley 1386. Estas normas establecían que todos éramos sospechosos de lavado de activos, permitían que las autoridades accedieran a nuestras transacciones financieras discrecionalmente, autorizaban la interceptación de llamadas, creaban agentes encubiertos y permitían el congelamiento de bienes ante meras denuncias o sospechas, sin orden judicial ni requerimiento fiscal.

Antes de estas protestas, el Movimiento al Socialismo había modificado los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, eliminando el requisito de dos tercios para la aprobación de decisiones fundamentales. También se planteó transferir los servicios de registro de Derechos Reales del Órgano Judicial al Ministerio de Justicia, y se tomó el control del registro empresarial de Fundempresa, una entidad de interés privado, para el gobierno. Estos avances en contra de la propiedad privada fueron el punto de quiebre y desencadenaron amplias protestas en todo el país.

Fue una auténtica rebelión de los propietarios, donde juntas vecinales, transportistas, comités cívicos, empresarios privados, miembros de la asamblea plurinacional, dueños de cholets, gremialistas, cuentapropistas, fabriles, cooperativistas, masistas y no masistas se unieron en una sola voz para exigir la derogación de la Ley 1386. Todos convergieron en un interés común: la defensa inquebrantable de la propiedad privada.

Esto me lleva a concluir que en Bolivia no hay futuro para el comunismo ni el socialismo, a menos que se impongan mediante la violencia, como hemos presenciado repetidamente. Ante tanta oposición, la eliminación o disposición de la propiedad privada siempre requerirá el uso de la fuerza. Con ese fin, se destruye la justicia, se acaparan los registros de propiedad, se silencia y persigue a las voces disidentes. Recordemos que el Estado tiene el monopolio de la violencia y para controlar la propiedad privada debe aplicarla. No hay comunismo ni socialismo voluntarios, siempre se imponen con el uso de la fuerza.

Frente a este avance sistémico en contra de la propiedad privada y las libertades individuales, es urgente y vital realizar un cambio fundamental en nuestra sociedad. Necesitamos un nuevo paradigma que promueva la propiedad privada, la generación de riqueza y la defensa de las libertades individuales como pilares centrales en los que se sustente el Estado.

No basta con cambiar simplemente al gobierno; debemos transformar la forma en que hacemos las cosas. Los problemas viejos no se resuelven con viejas recetas, necesitamos nuevas propuestas. Bolivia se ha convertido en el país del estatismo perpetuo, donde se confía en los recursos naturales como única fuente de desarrollo. Somos el país donde se redistribuye la escasa riqueza en lugar de crearla, donde se quita a unos para dar a otros en nombre de la solidaridad. Somos el país de los mismos candidatos, los políticos de siempre que intentan implementar algo nuevo con viejas recetas. La mayoría de los ciudadanos han sido adoctrinados para esperar que el gobierno resuelva todos sus problemas. Con nuestro voto y nuestro permiso, permitimos que el gobierno repita la misma historia, las mismas promesas y se entrometa en nuestras vidas, nuestra propiedad y nuestras libertades.

Es hora de poner fin a la actual maquinaria populista que amenaza las libertades individuales y la propiedad privada, destruyendo los incentivos a la educación, la unión de familias, invertir, exportar, crear empleos y ser formales. Es hora de reconocer que existe una nueva realidad socioeconómica en nuestro país marcada por transformaciones demográficas resultantes de la migración del campo y las minas hacia las áreas urbanas, así como por cambios económicos y políticos en las últimas décadas.

Esta dinámica ha dado origen a un nuevo estrato socioeconómico compuesto por hábiles comerciantes que se vinculan con la tercerización y la informalización de la economía. Se trata de una clase media popular que, en silencio, ha establecido formas novedosas de apropiación de excedentes, beneficiándose de la continua expansión de la economía popular, aprovechando la gran demanda por sus servicios y productos. Al operar en la informalidad y lejos de las fauces del Estado, pueden sortear regulaciones y costos asociados, lo que les brinda una ventaja competitiva sobre los sectores formales.

Sin embargo, esta informalidad es consecuencia de la abrumadora burocracia, impuestos desproporcionados y leyes laborales inflexibles, que asfixian a los empresarios y emprendedores. Estos últimos son los verdaderos impulsores económicos, pero son perseguidos y reprimidos, limitando su capacidad de generar riqueza y contribuir al desarrollo de la sociedad. Es necesario liberar su creatividad y permitirles prosperar sin los obstáculos promovidos por un Estado intrusivo. La informalidad esconde talento emprendedor y capitales reprimidos que deben ser liberados.

Para desincentivar la informalidad, es preciso eliminar aranceles, impuestos y burocracia actual. El objetivo debe ser que los beneficios de la formalidad sean mayores que los costos de la informalidad, logrando que la opción de ser formal sea una decisión totalmente racional y no coercitiva.

Es entonces imperativo establecer incentivos para la creación de riqueza dentro del marco de la formalidad. Debemos premiar a quienes trabajan, a quienes producen e invierten, a quienes exportan y generan empleo. Todo bajo el imperio de la ley y de un Estado ágil promotor de la generación de riqueza, con un gobierno que trabaja para la gente y no en su contra.

Para lograr eso, propongo como nueva receta el «Capitalismo Popular». Un nuevo paradigma donde el Estado se adapte a la realidad nacional en lugar de imponerse sobre ella. Una Bolivia conformada por gente trabajadora amante de la propiedad privada y las libertades individuales.

El concepto de Capitalismo Popular se refiere a la idea de ampliar la participación y los beneficios de la economía a un mayor número de personas. Busca promover y fortalecer la propiedad privada, la iniciativa individual y el libre mercado como medios para mejorar la calidad de vida de la población en general. Se basa en la idea de que la propiedad privada y la participación plena y libre de los ciudadanos en la economía son primordiales para el progreso y el bienestar. Fomenta la idea de que cualquier individuo, independientemente de su condición económica, cultural u origen, pueda tener la oportunidad de acumular riqueza y prosperar económicamente a través de la participación en actividades económicas en el marco de la legalidad.

El Capitalismo Popular enfatiza la importancia de la libre competencia y la movilidad social ascendente. Abre espacio para que los menos favorecidos accedan a recursos productivos, emprendan sus propios negocios y generen ingresos sostenibles. Populariza y democratiza el acceso al capital y a la generación de riqueza, creando ciudadanos respetuosos de las leyes. Aquellos que son legalmente dueños de una propiedad no son destructivos, no arrojan piedras, no bloquean. No destruyen la propiedad privada de otros.

Para alcanzar este propósito, es necesario reducir las funciones del Estado y garantizar que este se concentre en proteger el derecho a la vida, las libertades individuales y el acceso de todos a la propiedad privada, el trabajo, la inversión y la actividad empresarial. De esta forma, se contrapone al colectivismo y la planificación central, donde el Estado decide por todos.

Para complementar todo esto, el Capitalismo Popular aboga por políticas que promuevan la seguridad jurídica, el acceso amplio a los mercados de capitales, el emprendimiento y la simplificación o eliminación total de impuestos para estimular la actividad económica y dejar que las personas y las empresas conserven la mayor parte de sus recursos. Incentiva la educación y capacitación para mejorar las habilidades y oportunidades de la fuerza laboral y de todos los ciudadanos en el ámbito financiero y del emprendimiento. Busca crear un país de propietarios, no de proletarios.

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