Rodrigo Paz y Edman Lara ganaron la primera vuelta sin una propuesta económica, pero la segunda los obligó a dar explicaciones sobre cómo enfrentarán la escasez de dólares, el desabastecimiento de combustibles o el déficit fiscal insostenible. Aunque el plan todavía no está escrito en piedra, todo apunta a un libreto conocido: ajustes fiscales alineadas a la doctrina del liberalismo económico.
El mensaje entrelíneas del paquete que se perfila es claro. La corrección de los desequilibrios macroeconómicos vendrá de la mano del mercado y no del Estado. Dejar que las fuerzas del mercado gobiernen la economía y que el papel del Estado esté limitado a mitigar costos sociales. En concreto, el plan de estabilización consistiría en un incremento del precio de combustibles cercano al 70%, un dólar oficial bordeando 12 bolivianos y unificación cambiaria según la dinámica del mercado.
La ideología que sostiene esta apuesta es la misma de los años noventa: el intervencionismo estatal es enemigo del crecimiento y libertad económica, mientras que el mercado sin “distorsiones” enciende los motores de inversión privada, productividad y competitividad. Bajo esta creencia, un ajuste fiscal radical no solo corregiría los números rojos del sector público, sino que liberaría las potencialidades del sector privado y abriría paso a los mercados de exportación.
Sin embargo, más allá del riesgo evidente de que un ajuste de este tipo fracase por el alto costo social que conlleva, surge una pregunta insoslayable: ¿es realista esperar que el mercado por sí solo genere prosperidad en un país como Bolivia, cuya estructura económica es dependiente del rentismo de recursos naturales, con un tejido productivo incipiente y un Estado deficitario? Es una cuestión estructural. Tanto las elites empresariales como las economías populares que florecieron durante la bonanza del gas no lograron transformarse en sectores productivos competitivos. Siguen siendo dependientes de dólares y combustibles baratos que ya no existen. No son fuerzas productivas, sino canalizadores y controladores de los ingresos extraordinarios en declive.
En este contexto, la apuesta por la liberalización no responde únicamente a debates teóricos sobre eficiencia o cómo se crea la riqueza de las naciones. Hay intereses económicos concretos. En primera línea están los agroexportadores cruceños, quienes presionan por la liberación plena de exportaciones bajo el argumento de que eso inyectará más dólares a la economía nacional. Sin embargo, la experiencia reciente dice lo contrario. Pese a un acuerdo firmado con el gobierno nacional para repatriar divisas, los agrodólares no llegaron al sistema financiero. ¿Por qué? Porque están esperando la devaluación de la moneda nacional, lo que les beneficia directamente al momento de liquidar sus divisas al precio del mercado paralelo. En pocas palabras, liberalizar exportaciones equivale a reforzar el rentismo privado altamente concentrado.
No son los únicos. El sistema financiero también ha encontrado en la crisis una oportunidad de lucro. A pesar de la recesión y escasez de divisas, la banca continúa registrando utilidades crecientes. Operan en condiciones favorables porque, en los hechos, tienen acceso a dólares y los colocan en circulación al tipo de cambio que rige en el mercado paralelo. Además, en contextos de alta inflación y emisión monetaria, su posición dominante permite captar depósitos a tasas bajas y colocar créditos a tasas variables y ajustables a la volatilidad de los precios. En simple, la inestabilidad beneficia a quienes controlan el dinero.
A este círculo de ganadores habría que sumar a los organismos financieros internacionales. La crisis es una oportunidad para reinstalar las recetas ortodoxas de estabilización macroeconómica. Sus operadores y lobistas se mueven cerca del poder político para asegurarse el pago puntual del servicio de deuda externa. Por eso es una de las altas prioridades del Estado. La amenaza del “default” es su principal mecanismo de presión y negociación. Existen precedentes al respecto. El gobierno de Arce no vaciló en sacrificar las reservas de oro para cumplir con los acreedores internacionales.
Por todo ello no sorprende que las medidas que se están ensamblando lleven el sello de liberalismo con sensibilidad social. Está en duda su convergerán con la narrativa política de Paz y Lara, esto porque existen contradicciones y tensiones internas. Rodrigo Paz ha reiterado que no se alineará al Fondo Monetario Internacional (FMI) “sin antes ordenar la casa”. Su consigna “Primero la Patria” intenta proyectar un nacionalismo moderado, que se puede interpretar como una postura política de no dejar todo en manos del mercado. Edman Lara, por su parte, se presenta vistiendo la camiseta verde de la selección nacional, a modo de reivindicar el rol del Estado como impulsor del desarrollo económico y protector de la población vulnerable.
Para cerrar, valga aclarar que al señalar estas debilidades que anticipan posibles riesgos, la intención no es desconocer la importancia del ajuste fiscal. Es urgente, necesario e inevitable. Pero, si el rumbo se define a medio camino, entre dogmas económicas, presiones de grupos de poder y conflictos sociales, Bolivia acabará abrazando un plan improvisado y, sobre todo, sin una respuesta clara a una cuestión de fondo: ¿ajustar para qué o con qué horizonte estratégico?
Gonzalo Colque es investigador de Fundación Tierra
