No, no es una afirmación mía, sino de Julio Roda, cuando ocupaba el cargo de presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). En una entrevista con la Agencia Boliviana de Información (ABI) publicada el 24 de junio de 2016, Roda reconoció que Evo Morales hizo más, “pese a que el General (Banzer) era un gran amigo personal”. “Hemos hecho muchas normativas, muchos decretos, muchas leyes que han beneficiado al sector”, puntualizó en referencia a sus gestiones a favor de los agropecuarios cruceños. “El presidente (Morales) ha dado el tema de los desmontes, por ejemplo, el tema de la posibilidad de sanear tierras arriba de 5.000 hectáreas, por ejemplo, el tema del diésel; muchos temas que ahora no me puedo recordar todos”, detalló en otro pasaje de la entrevista.
Evo Morales también gozaba del aprecio de los grandes ganaderos. Desde el 2014, promovió firmemente la exportación de carne vacuna. En un acto público de entrega de un frigorífico moderno a favor de este sector, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) le regaló un caballo valuado en 60 mil dólares, como un gesto de agradecimiento por su compromiso para flexibilizar las leyes agroambientales. El entusiasmo de Morales era tal que incluso llegó a despachar personalmente el primer cargamento de carne con rumbo a China.
Estos antecedentes importan demasiado en momentos difíciles como ahora. Son los hechos y los protagonistas que están detrás del paquete de las “leyes incendiarias”. Son parte de los responsables e involucrados directos del desastre ambiental provocado por los incendios forestales. Morales y Roda no negociaron en solitario, sino en estrecha coordinación con sus colaboradores más cercanos; destacando entre ellos Luis Arce, en calidad de ministro y gestor del modelo económico del MAS. En casi todas las fotografías que documentan los encuentros y las negociaciones con los agropecuarios cruceños, aparece el actual presidente de Bolivia. Esto se debe, principalmente, a que los acuerdos constituían parte central del modelo económico y daban sentido a dos de las metas centrales: aumentar las tierras cultivadas de 3,5 a 12 millones de hectáreas y duplicar la población vacuna hasta el 2025.
Pero Evo Morales no solo hizo mucho por los grandes agropecuarios cruceños, sino que también respaldó a los militantes del Movimiento Al Socialismo convertidos en avasalladores de tierras. Tanto la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) como la Federación Sindical Departamental de Comunidades Interculturales de Santa Cruz (CSCIB) dieron su consentimiento al pacto con los agropecuarios a cambio de otros negociados favorables a ambos sectores. Al momento de firmar conjuntamente los acuerdos alcanzados en la cumbre agropecuaria “Sembrando Bolivia”, pactaron la toma de tierras fiscales en el departamento cruceño y ése es el origen de lo que ahora conocemos como desmontes de 20 hectáreas por cada afiliado a comunidades y asentamientos (Ley 741). También forma parte de las mismas confabulaciones el proyecto de ley que está pronto a tratarse en el Legislativo para la conversión de pequeñas propiedades a medianas. De aprobarse, se allanaría el camino para más desmontes y más incendios.
Por estas razones, en otros escritos insistí que los culpables de la crisis ambiental son tanto cambas como collas. Pero los años no pasan en vano, todo se hizo enredado, y el reto es comprender en toda su complejidad lo que está pasando. Por ejemplo, en los últimos años el solapamiento entre predios empresariales e incendios disminuyó y esto es así porque la mayoría de los grandes predios quedaron dentro de la llamada “zona agroindustrial”, mientras que los incendios están fuera de la misma. Esto no significa que los agropecuarios no estén involucrados como insinúa la CAO, que parece haber perdido memoria de su alianza con el MAS.
Una buena parte, sino la mayoritaria, de los bosques arrasados por los incendios son espacios territoriales plagados de ilegalidades. Es como el “viejo oeste” americano, donde el bosque desprotegido atrae a buscadores del lucro fácil y rápido, aventureros, forajidos, migrantes de toda estirpe e incluso fugitivos de la ley que saldan cuentas en duelos a muerte. Y es que la frontera agrícola, por definición, es tierra de contradicciones, de libertad y violencia, de oportunidades e injusticias; en definitiva, tierra sin o casi sin presencia del Estado y la ley.
Ciertamente, Evo hizo más que Banzer por Santa Cruz, pero también hizo lo mismo o quizá más por los avasalladores de tierras, quienes bajo el disfraz de campesinos y collas migrantes, son militantes del MAS con poder político, autorizaciones de asentamientos, desmontes y quemas. La tierra fiscal ha sido usada y sigue siendo usada como moneda de pago por el trabajo político-electoral de traficantes de tierras.
Luis Arce mantiene intactas estas alianzas que causan el desastre ambiental, especialmente con los avasalladores de las tierras. Esa es la principal razón por la que se niega a abrogar la Ley 741 de los desmontes de 20 hectáreas, y en su lugar, distraer a la población firmando decretos redundantes como ese de “pausa ambiental”.
Gonzalo Colque es economista e investigador de la Fundación TIERRA.
