a economía atraviesa unos días de tranquilidad. En las últimas semanas, la inflación se moderó, las filas en los surtidores se acortaron, incluso el dólar paralelo retrocedió algunos puntos y el gobierno cumplió con el pago de la mitad del servicio de la deuda externa. Pese a los presagios apocalípticos de Ruth Nina, las elecciones se llevaron a cabo sin mayores sobresaltos.
Incluso el gobierno de Arce se muestra sereno. El presidente habla de dejar una economía “ordenada” y “lista la cosecha de hidrocarburos”. Aparece con un semblante menos preocupado, pero en realidad no se debe a que todo en verdad esté bien, sino su alivio es de quien está a punto de deshacerse de una carga insoportable. El gobierno saliente está a un paso de liberarse del estrés que causa el tener que sostener un modelo económico que se cae a pedazos. En cambio, la calma que respiramos los bolivianos es aquella que precede a la tormenta.
La aparente estabilidad económica que proyecta el gobierno descansa en un último recurso: el oro del Banco Central de Bolivia (BCB). En lo que va del año, compró casi cinco toneladas de oro a los cooperativistas y las convirtió en divisas frescas para disponer de 456 millones de dólares. Como seguía faltando dólares, tomó otras tres toneladas de donde no debía; esto es, de las 22 toneladas que por ley deben permanecer intocables. En total, monetizó ocho toneladas que generaron unos 730 millones de dólares, monto equivalente a la deuda externa pagada en el primer semestre.
El problema es que este salvavidas dejará de existir antes de la llegada del próximo gobierno. Es un artificio financiero insostenible. Los cooperativistas prefieren exportar el oro por su cuenta o llevarlo de contrabando a Perú antes que venderlo al Estado. Por su parte, el gobierno ya no puede seguir imprimiendo billetes para financiar la compra del oro, porque esa movida empeoró la inflación. Además, si las autoridades salientes vuelven a tocar nuevamente las reservas mínimas, corren el riesgo de acabar en los tribunales de justicia.
Todo esto significa que el nuevo gobierno —sea al mando de Rodrigo Paz o Tuto Quiroga— enfrentará un problema con el reloj en contra: conseguir cerca de 750 millones de dólares para cerrar el año. Tendrá que inventarse un colchón de emergencia o reasignar los escasos dólares disponibles asumiendo las consecuencias. Si se inclina por pagar la deuda externa evitará el default, pero no podrá seguir importando combustibles. Un golpe directo al abastecimiento interno sería inevitable, con todo lo que ello implica para la vida cotidiana y para un gobierno recién instalado.
Existe, claro, un escenario alternativo. Que el gobierno de Arce pague la deuda antes de dejar el poder. Eso reforzaría su relato de que está dejando una economía “ordenada” y el camino allanado para nuevos créditos externos. Pero el hueco financiero no desaparecería, solo estaría oculto. Probablemente, podrían darse dos situaciones. O que el gobierno saliente haya en verdad vendido más oro de las reservas intocables por ley, o que haya pagado la deuda con los dólares comprometidos para el abastecimiento de combustibles.
En otras palabras, la primera medida económica del próximo gobierno no será nada parecido a las promesas de nuevos bonos o reformas milagrosas para la reactivación económica. Será algo mucho más terrenal, impopular y urgente: aprobar una ley de emergencia para monetizar unas cinco toneladas adicionales de las reservas de oro. Sólo así, el nuevo gobierno podría conseguir oxígeno para unos meses y, sobre todo, evitar que la crisis estalle antes de que el nuevo mandatario se instale en el palacio de gobierno.
Lo paradójico es que mientras Edman Lara acapara todas las luces, esta medida crucial que podría decidir la suerte del próximo gobierno y la economía de todo un país, brilla por su ausencia en la agenda pública.
Gonzalo Colque es investigador de Fundación Tierra
