Entiendo que prevalecen el miedo y la miseria. Existe temor al retorno de las figuras del pasado, no solo por su deficiente gestión, sino por un profundo rechazo de identidad; el racismo, lamentablemente, aún conserva carta de ciudadanía. No deseo el regreso de Evo Morales y en eso soy firme. A diferencia de quienes se limitan a un «like» en redes sociales, yo luché en los cabildos populares y en las calles contra los «amarrahuatos» y el dictador de turno. Aquel régimen fue el dueño absoluto de todo: controlaba el Parlamento, la COB, las organizaciones sociales, la Defensoría del Pueblo y el Órgano Judicial.
Los teóricos del masismo insisten en la narrativa del «golpe de Estado», pero lo que ocurrió fue un hartazgo social. Mientras los hospitales carecían de insumos básicos, el mandatario priorizaba el Rally Dakar, con vehículos millonarios atravesando territorios abandonados y consumiendo ingentes cantidades de combustible. Fue un cuadro dantesco. Y aunque suene a sacrilegio para algunos, en ese momento la clase media —incluido el magisterio como vanguardia— expresó las tendencias progresistas, sobrepasando a una clase obrera que prefirió mirar a otro lado. La gestión de Jeanine Áñez fue el resultado de un proceso emancipatorio limitado, cuyo único horizonte era reconstituir las libertades democráticas; por ello, terminó en una mera sucesión de poder que la vieja derecha tradicional aprovechó para asaltar los recursos estatales. Fue la misma historia que vivimos con Carlos Mesa tras la expulsión de Gonzalo Sánchez de Lozada. Llámenme golpista si quieren; yo me considero un trabajador al servicio de la revolución.
Nuestra experiencia con inversiones extranjeras —sean chinas, rusas, europeas o estadounidenses— ha sido sistemáticamente negativa. Parafraseando a Rita Mae Brown: la estupidez consiste en hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. ¿Por qué, entonces, insistir con el Decreto 5503? En lo fundamental, esta norma entrega nuestra riqueza natural a la voracidad de las grandes corporaciones —Tariquía es el ejemplo patético y concreto— y condena a la mayoría a la hambruna. Este es el núcleo del decreto: el levantamiento de la subvención a los hidrocarburos y los bonos correspondientes son solo el pretexto para estructurar un «paquetazo» saqueador.
Que quede claro: estoy de acuerdo con eliminar la subvención al diésel. Detrás de ese supuesto beneficio se esconden los «elefantes y ballenas» de la agroindustria. Según datos del Ministerio de Economía e YPFB, entre el 60% y 70% de la subvención se destina al diésel. En cifras redondas: el 80% de este combustible subsidiado lo consume el sector empresarial (agroindustria, minería, transporte pesado y negocios ilícitos como el narcotráfico), mientras que solo el 20% beneficia al transporte público y de pasajeros. Es vital entender esto antes de entrar en guerras que no son nuestras. Debemos recordar que esta subvención fue instaurada por Banzer en 1997, ratificada por Mesa en 2004 y continuada fielmente por el masismo; una política benefactora del gran capital a costa del pueblo.
Asimismo, es imperativo enfrentar otro mito: la figura de Rodrigo Paz. Para quienes se dejan deslumbrar por su elocuencia, conviene recordar que mientras nosotros bloqueábamos la Av. Pérez Velasco bajo la lluvia junto a médicos y estudiantes para impedir el paso del Dakar, él apoyaba la reelección de Evo Morales. Esa es la talla del “encantador de funcionarios”, un político que fracasó como alcalde en Tarija, el municipio con más recursos por habitante del país. Paz y figuras como Edman Lara comparten la misma talla moral: son politiqueros oportunistas sin proyecto de país, cuyo horizonte intelectual no supera un guion para TikTok.
¿Qué proyecto sería realmente diferente? Uno que nos permita vivir de nuestro trabajo y confiar en la inteligencia de nuestra juventud. Debemos imponer impuestos justos a quienes extraen recursos no renovables —minería y cooperativas auríferas—, resguardar las divisas y dejar de usar la naturaleza como una renta eterna para comprar conciencias. Necesitamos una sostenibilidad real, transformando el agronegocio en formas ecológicas de producción. Además, basta de discursos contra la corrupción: se requiere una «ley de hierro» inflexible, tomando como ejemplo la firmeza de China en esta materia.
Somos una sociedad acostumbrada a mendigar ante quienes nos saquean. Hemos tolerado y reelegido a los incapaces. Muchos critican de dientes para afuera, pero carecen de la dignidad para luchar. Quienes combatimos la corrupción incluso en el microespacio universitario, asumiendo costos personales y judiciales, creemos que el cambio solo vendrá cuando dejemos de ser cómplices y de creer en demagogos. Como decía Carl Sagan, no debemos conformarnos con credos, sino aprender a ser críticos. La responsabilidad intelectual implica dudar incluso de lo que nos gusta escuchar y ser consecuentes en la acción cotidiana.
La miseria económica es grave, pero es más preocupante la pobreza política que hipoteca el futuro de nuestras próximas generaciones. Con la misma firmeza con la que combatí en 2019, hoy me opongo a Rodrigo Paz y sus decretos antinacionales que pretenden legalizar el saqueo y profundizar un modelo de informalidad y bosques calcinados. Por todo esto, es momento de decir: ¡BASTA!
Federico Zelada Bilbao es economista, Magister en Investigación Científica, consultor socio-económico, ex rector de la UPEA y docente titular de la UMSA.
