El 13 de julio, en pleno corazón de la Amazonía boliviana, más de 60 personas -entre autoridades del Gobierno Municipal de Palos Blancos, representantes del Pueblo Indígena Mosetén y comunarios de base- realizaron una inspección en el río Alto Beni. Lo que encontraron fue tan evidente como alarmante: actividad minera ilegal en curso, maquinaria pesada operando y 5.000 litros de diésel enterrados bajo tierra, como parte de una operación clandestina de extracción de oro.
No es un hecho cualquiera. En un país donde denunciar la minería ilegal puede costar la vida, este fue un acto político de control territorial y ambiental. Una respuesta colectiva tomada en un municipio que ha declarado su territorio libre de minería, en defensa de su vocación agroecológica y del derecho de los pueblos indígenas y campesinos a decidir sus condiciones de vida sin que la contaminación minera las imponga por la fuerza.
La inspección confirmó lo que desde hace tiempo se denuncia: operaciones auríferas ilegales avanzan impunemente en la región del Norte de La Paz ante la omisión sistemática de las autoridades nacionales llamadas a fiscalizar y proteger los ríos y bosques. Esta vez no hay margen para la ambigüedad. Hay pruebas concretas: desmonte, excavaciones recientes, maquinaria operando y amenazas a la vida de las autoridades locales e indígenas.
Los hallazgos de la inspección
Todo comenzó con una denuncia que alertaba sobre daño ambiental en la zona de Muchanes y Apichana, territorio ancestral Mosetén. Ante la gravedad de la información, el gobierno municipal coordinó con la dirigencia de la organización de ese pueblo indígena y organizó una comisión conjunta para realizar una verificación in situ.
A orillas del río Alto Beni, se constató actividad minera con remoción de suelos a lo largo de la ribera y una poza de unos 30 por 30 metros, con tres metros de profundidad. Se encontró maquinaria de grandes dimensiones como una retroexcavadora hidráulica, una motobomba industrial, alfombras de filtrado de oro, lavadora y clasificadora de mineral. Un campamento improvisado completaba el escenario, confirmando que se trataba de una operación sostenida y organizada.
“Ellos indican que se trataría de un mejoramiento de camino, sin embargo, hemos verificado que se están dedicando a la minería. Las evidencias de la actividad sobre la ribera del río, la maquinaria e insumos encontrados no dejan lugar a dudas”, declaró en el lugar el Ing. Juan De Dios Soto, Director de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. “Se ha informado que, de acuerdo a la Ley Municipal No. 233, Palos Blancos es un municipio libre de minería y se les ha notificado con la orden de paralización y retiro inmediato. Como municipio procederemos a las denuncias correspondientes por la vía administrativa”, afirmó.
En el lugar también se encontraba Marcelo Tellería, quien se identificó como dueño de la maquinaria. Alegó haber sido contratado para mejorar caminos comunales. Pero no es un personaje cualquiera. Se trata de un empresario que fue viceministro de Minería durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, y hoy aparece promoviendo actividades extractivas en una zona declarada libre de minería. La presencia de un ex alto funcionario del sector en el centro de una operación ilegal no es un dato menor: sugiere conexiones, protección e impunidad.
Según las coordenadas recabadas, la actividad se sitúa en las cuadrículas solicitadas por la cooperativa aurífera “Fátima 2”. No obstante, la Ley 535 de Minería es clara, cualquier intervención anterior a la firma de un Contrato Administrativo Minero es ilegal. Además, en virtud de la Sentencia 004/2023 -ratificada por el Tribunal Constitucional- el municipio de Palos Blancos ha logrado que la minería esté restringida en toda su jurisdicción, justamente para preservar su modelo productivo agroecológico y los derechos del río Beni en toda su cuenca. En cumplimiento de esa disposición judicial, la AJAM había notificado a la cooperativa con una providencia que informaba la suspensión de su trámite, por lo que existía conocimiento formal de la prohibición.
Cuando la comisión ya se disponía a regresar a Palos Blancos, un hallazgo inesperado detuvo la retirada: tres contenedores de mil litros y diez turriles de 200 litros, todos llenos de diésel, estaban enterrados en la zona, ocultos bajo tierra. En total, unos 5.000 litros de combustible almacenados inadecuadamente formaban parte de la instalación clandestina poniendo en riesgo la calidad ambiental del suelo, el río y la biodiversidad.
Alrededor de las 19:30, mientras se excavaban los últimos turriles, unas veinte personas en alianza con el empresario Tellería se acercaron intentando negociar la devolución del combustible. Pero los caciques se negaron rotundamente. “No se haría ningún acuerdo en ese lugar”, resolvieron, y exigieron que cualquier conversación se trasladara a la Casa Grande de la Organización del Pueblo Indígena Mosetén (OPIM).
Durante toda la noche, la zona quedó bajo una tensa vigilancia. La situación estalló la mañana del 14 de julio cuando el grupo aliado al empresario intentó a la fuerza llevarse el diésel y se desató un enfrentamiento violento. “Salieron con flechas, pedazos de hierro, y una escopeta amenazando a los de la comisión —relata Renan Lipa, presidente de la OPIM— fue un altercado de casi una hora, que puso en riesgo nuestra vida e integridad física.”
Ante la amenaza, los caciques tomaron la decisión de trasladar al empresario -considerado el principal responsable de la actividad ilegal e instigador del conflicto-, hasta Palos Blancos para ponerlo en manos del Ministerio Público.
La defensa legal del territorio
La denuncia ya ha sido presentada. El Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos y la OPIM se han constituido formalmente como parte querellante ante el Ministerio Público, exigiendo que se investigue y sancione a los responsables.
Las figuras penales son claras y múltiples. La más evidente es la explotación ilegal de recursos minerales, tipificada en el artículo 232 ter del Código Penal, que castiga con privación de libertad a quienes realicen actividades extractivas sin la debida autorización estatal. A esto se suma el delito de destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional (artículo 223), dado que la maquinaria empleada y el desmonte realizado afectan directamente los suelos, el cauce del río y los bienes comunes naturales del territorio.
Pero no es todo. También se configura tala ilegal de bosques conforme al artículo 109 de la Ley del Medio Ambiente, pues se han intervenido zonas de vegetación ribereña sin ninguna autorización. El hallazgo de combustible enterrado activa el tipo penal de almacenamiento ilegal de sustancias peligrosas (artículo 226 bis del Código Penal), mientras que el amedrentamiento contra los miembros de la comisión -con escopetas, flechas y palos de hierro- constituye un caso de amenazas agravadas, según el artículo 293 del mismo cuerpo legal.
Además de la denuncia penal, el Gobierno Municipal de Palos Blancos ha activado todas las vías institucionales a su alcance. En el transcurso de la semana, se presentaron denuncias administrativas formales ante la AJAM, la ABT y la ANH, acompañadas de las pruebas recabadas durante la inspección. Las imágenes, coordenadas, videos y testimonios que evidencian la actividad minera ilegal, el desmonte y el almacenamiento de combustible fueron puestos en conocimiento directo de estas entidades.
La AJAM -Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera- tiene en sus manos la responsabilidad de suspender de manera definitiva la actividad, iniciar el procedimiento administrativo sancionador contra los responsables y remitir de inmediato los antecedentes al Ministerio Público para la acción penal correspondiente. La gravedad de los hechos, el uso de maquinaria pesada, el daño ambiental y el carácter deliberadamente ilegal en un municipio declarado libre de minería no permiten ninguna dilación. Existen sentencias constitucionales que reconocen la validez de las normas municipales que restringen la minería y obligan a su cumplimiento.
La ABT -Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra- debe intervenir por la afectación forestal generada. Aunque los hechos se vinculan a la minería, lo que está en juego aquí es el bosque. Su destrucción constituye una infracción autónoma, sancionable administrativa y penalmente por lo que se exige una inspección in situ, el decomiso inmediato de la maquinaria y el inicio del proceso sancionador y penal correspondiente.
En cuanto a la ANH -Agencia Nacional de Hidrocarburos-, la denuncia apunta al almacenamiento clandestino de diésel detectado en el área intervenida. Corresponde que esta entidad realice una inspección técnica urgente, decomise el combustible hallado y proceda a formalizar la denuncia penal. El uso ilegal de diésel en actividades extractivas no autorizadas no es un tema menor: involucra redes de distribución paralelas, evasión de controles estatales y riesgos ambientales y de seguridad graves.
Cada una de estas instituciones ha sido puesta en conocimiento directo. Ya no hay margen para excusas, si no actúan frente a los hechos y las pruebas presentadas, quedará al descubierto no solo su negligencia, sino una ausencia deliberada del Estado en territorios donde el extractivismo avanza sin ley y donde la vida comunitaria se defiende sola.
En Palos Blancos, la defensa del territorio no es un discurso, es una práctica diaria. Mientras las autoridades nacionales miran para otro lado, el municipio, la organización indígena y las comunidades campesinas están inspeccionando, documentando, presentando pruebas, formulando denuncias y movilizando a sus propias organizaciones para frenar el avance del extractivismo ilegal.
La declaratoria de municipio libre de minería no se quedó en el papel
Hace dos años, Palos Blancos se declaró territorio libre de minería a través de una Ley Municipal trabajada junto a las comunidades. Esa norma no se ha quedado en el papel. Desde entonces, las organizaciones sociales y las autoridades locales han sostenido una vigilancia activa frente a las amenazas externas, dispuestas a poner el cuerpo para defender la tierra, el bosque, el agua, la vida. La reciente inspección interinstitucional y las denuncias formales presentadas no hacen más que confirmar esta determinación.
Pero en Palos Blancos, como en otros territorios que luchan, la impunidad no será naturalizada. Aquí hay comunidades organizadas, leyes propias y una voluntad política que no se resigna. Aquí, la resistencia tiene rostro colectivo y compromiso cotidiano. Y no está sola.
Fatima Monasterio es parte de Fundación Solón
