Por Max Baldivieso
El amanecer en la ciudad de Santa Cruz es como en toda gran ciudad, con un desfile de trabajadores que se movilizan en micros, taxis, vehículos propios, motos y a pie. Todos con el propósito de lograr bienestar económico para sus familias y tener una vida digna, algo que en estos tiempos es difícil. Como fruto de esa rutina, los primeros días de mes se espera el sueldo para pagar alquileres, préstamos, alimentos, ropa… En fin, todos gastan el producto de su trabajo y, por supuesto, aportan con impuestos al Estado, a gobernaciones y a municipios, como un pago por vivir en esta bella tierra.
Me detengo un rato en este punto. Recordemos que una de las ciudades de Bolivia que más recursos dispone es Santa Cruz de la Sierra, pues recibe impuestos de vivienda, vehículos y negocios y se le asigna un monto del Estado. Así, el 2020 se presupuestó 3.472.535.008 bolivianos en esta jurisdicción, que eran para priorizar la salud, las finanzas, el aseo urbano y la educación, entre otras cosas.
Mientras que la vida sigue como siempre para el trabajador, con la rutina de pagar para vivir y no ir a dar a la calle, hace unos días fue internada en un centro médico la esposa de un exfuncionario de la Alcaldía cruceña. Este era parte principal de la institución cuando estaba comanda por Angélica Sosa. La mujer, delicada de salud, fue víctima de la violencia de su pareja, quien ahora se declaró en la clandestinidad por una denuncia de corrupción en su contra, hecha hace un tiempo por el actual burgo maestre de la capital oriental. Por cierto, el fiscal departamental no le dio ni la hora ala queja, porque, se presupone, recibía sueldos fantasma por su silencio.
Desde el hospital, la esposa de exfuncionario denunció la existencia de 800 “ítems fantasmas”, que son sueldos pagados sin que lleguen a la persona cuyo nombre figura en planillas. Estos desembolsos tenían otro destino. Como consecuencia, se estima un daño económico al municipio de unos 9 millones de dólares por año. Esto sigue en investigación.
Al principio se dijo que era parte de una persecución política, después que no hay pruebas, el “cívico” salió con que esto es una excusa para perseguir a los “luchadores por la libertad”. Sin embargo, los días transcurren y quienes ganamos el pan día a día no entendemos cómo se hizo eso con nuestras contribuciones. El delito es tan grave que el daño económico millonario que provocaron estos corruptos pasa a un segundo plano, porque a los cruceños se les provocó una herida de muerte. El robo fue en plena pandemia, cuando la gente buscaba monedas para seguir viva y proteger a su familia, mientras estos funcionarios gozaban de impunidad amparados en logias partidarias.
Me pregunto, ¿por qué ahora el “cívico” no sale a gritar con su megáfono? ¿Dónde están quienes reclamaban por “la libertad del pueblo cruceño”? ¿Solo desean esclavizar a este pueblo para que siga sustentando con sus impuestos a instituciones corruptas? El silencio tenía un precio, pero la voz de una mujer que sufrió violencia por parte del exfuncionario hizo destapar la danza de millones.
Estamos ante la fragmentación de la confianza en nuestras entidades públicas. Este antecedente quiebra a la sociedad cruceña. Después de esto, se debe ser más severo con los controles a funcionarios clave en las instituciones públicas y, por consecuencia, ejercer mayor control contra la corrupción. En este caso son cinco años de engaño y encubrimiento de la Gobernación y de los fiscales. El silencio era comprado con parte de los ítems fantasma y lo único real es el funcionario que repartía el botín con ampones que le cubren las espaldas.
En fin, la labor de los trabajadores continúa, ya toca pagar impuestos nuevamente para que los inviertan en salud y educación de nuestros hijos y que no sea para el saqueo de unos cuantos. El cruceño solo pide que lo dejen trabajar para vivir y no solventar instituciones que van en su contra, que gritan cuando les conviene y callan cuando la sarna de la corrupción ya no se puede cubrir, cuando solo queda esconder la cola debajo de titulares comprados por el dinero robado al pueblo.