Por: Andrés Gómez Vela*
Apenas el jefe de los cocaleros, Evo Morales, asumió la presidencia de la República de Bolivia aquel 22 de enero de 2006, atacó a los vocales de la Corte Nacional Electoral que se habían preocupado para garantizar que las elecciones nacionales de diciembre de 2005 sean libres y transparentes. En otras palabras, dio un rodillazo a los árbitros, entre ellos Salvador Romero Ballivián (hoy presidente del TSE), que habían velado por el buen funcionamiento de la principal fuente de decisión popular y origen de poder de la democracia liberal: el voto. Sí, ese voto que lo había erigido en mandatario.
El ataque de Morales a la Democracia por la espalda anunciaba su perfil autoritario. Pese a que los vocales electorales habían cumplido su labor de vigilar los comicios y ser neutrales ante las candidaturas, tanto en los comicios nacionales de 2005 y la elección de constituyentes en julio de 2006, el jefe de los cocaleros quería como árbitros a sus amigos, afines o compañeros de ideología para cambiar las reglas de juego democráticas y quedarse en el poder muchos años, y tener el control total del poder (regional, local).
Desde ese momento y durante más de una década, el Movimiento al Socialismo (MAS) nominó árbitros con camiseta de su partido. Por esta causa, Bolivia ingresó “legalmente” en el largo y oscuro túnel del autoritarismo y salió apenas, gracias a una rebelión popular, en noviembre del año pasado; por aquella razón, la democracia boliviana estuvo en terapia intensiva durante más de una década y hoy necesita un respirador.
El objetivo estaba cumplido. Los masistas comenzaron a jugar en todas los posteriores comicios nacionales y subnacionales con los árbitros a su favor. Éstos cumplieron como soldados las ordenes de Palacio: 1) inhabilitaron sin fundamento alguno potenciales candidatos (Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado) que iban a ganar las elecciones subnacionales en sus regiones (Cochabamba y Potosí), 2) borraron de un plumazo una lista de postulantes de la oposición en las elecciones subnacionales del Beni; 3) modificaron circunscripciones para favorecer al MAS; 4) fueron cómplices y encubridores de los abusos de los bienes del Estado en propaganda electoral por parte del masismo; 5) desconocieron el voto popular del referendo de 2016; 6) habilitaron las candidaturas inconstitucionales de Morales y Álvaro García; y 7) hicieron fraude.
Después de este desmantelamiento de la institucionalidad democrática, la Asamblea Legislativa, obligada por las circunstancias, nominó el año pasado vocales aceptablemente honestos e idóneos para el Tribunal Supremo Electoral. Salvo uno que fue un servil funcionario de Juan Ramón Quintana, la mayoría tiene un perfil honorable.
Sin embargo, en los últimos días, vi que desde la alianza Juntos y otros grupos (extremistas) surgieron, como en los tiempos del masismo, golpes antidemocráticos contra el TSE. ¿Por qué? ¿Cómo se explica la descalificación del TSE si la nominación de los vocales fue resultado de un consenso? ¿Cuál el objetivo del ataque si la misma Presidenta Jeanine Añez, antes de devenir en candidata, nominó a Salvador Romero Ballivián?
El eminente politólogo alemán Juan José Linz escribió que un político autoritario rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; y niega la legitimidad de sus oponentes. ¿Cómo se materializan estas actitudes? Una forma: a través de acometidas antidemocráticas como las que estamos viendo para evitar que los adversarios políticos no lleguen o se sostengan en el gobierno.
¿Qué efectos logra el ataque a los árbitros? 1) Restar credibilidad nada más ni nada menos que a la institución encargada de garantizar elecciones libres y transparentes; 2) generar una corriente negativa de opinión entre los electores para que éstos vayan con dudas a las urnas (o no asistan si todo ya está amañado); y 3) preparar el posterior terreno para desconocer los resultados electorales.
Estas tres posibles situaciones no afectan a los vocales del TSE, sino al funcionamiento de la democracia, y las consecuencias pueden favorecer no tanto a Juntos o a Creemos o a Comunidad Ciudadana o al MAS, sino a las líneas políticas extremistas que sobre la retórica política sembrada pueden poner en duda la legitimidad del próximo gobierno, desconocer los resultados y generar una convulsión social.
Morales dijo en 2006 que Salvador Romero Ballivián “no le inspira confianza”, lo llamó exmilitante de los partidos “neoliberales privatizadores” y luego pidió su renuncia. Confío en que la historia no dé una vuelta irónica y algún político, de Juntos u otra alianza o partido, imite al gobernante más autoritario de la era democrática de Bolivia y exija la renuncia del mismo Salvador Romero Ballivián, sólo que en tiempos diferentes y cuando más aire necesita la democracia.
*Andrés Goméz Vela es periodista.
