Gonzalo Colque*
El gobierno de Evo Morales inauguró el 2018 la “era de los biocombustibles”. El parlamento aprobó la Ley 1098 de producción, uso y mezcla de “aditivos verdes” con gasolina y diésel. El negocio arrancó con la compra estatal de etanol anhidro a los cañeros y un acuerdo público-privado para la inversión de 1.600 millones de dólares. El objetivo: reducir la importación de carburantes a precios subvencionados.
El 2019 no fue un año espectacular para los agro-empresarios, pero esto está a punto de cambiar con el gobierno de Jeanine Añez. Aunque el año pasado la estatal YPFB se comprometió a comprar 150 millones de litros de alcohol, a octubre solo adquirió 45 millones. El problema ha sido el escaso interés de los bolivianos por la “Gasolina Súper Etanol 92”, que contiene 12% de etanol y cuesta 4,50 bolivianos/litro. Sin embargo, el gobierno anterior encontró una alternativa que el gobierno actual comenzó a impulsar: La masificación de la venta de “Gasolina Especial Plus (GE+)” que contiene 8% de etanol y que se vende al mismo precio que la gasolina especial o regular (3,70 Bs).
Aunque la sustitución paulatina de la gasolina regular por la GE+ parece algo inofensivo —hasta beneficioso para el comprador por su mayor octanaje— conlleva varios problemas de fondo en términos económicos, ambientales y sociales.
Detengámonos aquí en lo económico. El precio acordado a finales de 2018 para la compra estatal de etanol anhidro era de 0,72 dólares por litro; esto equivale a 5 bolivianos por producto puesto en industria y sin pago de impuestos. La diferencia era de 1,30 bolivianos con respecto al precio final de 3,70 bolivianos. La primera pregunta obvia es, ¿por qué el gobierno insiste en comprar caro y vender barato?
Para el 2020, el gobierno de Añez se comprometió a comprar 225 millones de litros de etanol y los surtidores planean comercializar 651,2 millones de litros de GE+ y 16,1 millones de litros de la Súper Etanol 92 (El Deber, 15.12.19). Esto significa, si acaso el precio pactado se mantiene, que el gobierno deberá desembolsar a las azucareras unos 162 millones de dólares, recuperará una parte y al final deberá asumir una pérdida de alrededor de 40 millones de dólares. Esto no es otra cosa que una subvención al etanol anhidro. El gobierno de Añez justifica estos planes afirmando que la pérdida sería mayor ante la alternativa de importar más gasolina.
Estos días, el gobierno y los cañeros están negociando un nuevo contrato. El ministro de hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora, no se guardó halagos para los biocombustibles, pero se guardó, ante los micrófonos, lo que más importa: el precio que pagará el Estado por el etanol.
Gonzalo Colque es investigador.
