Durante lo que va del mes de marzo, las filas han marcado el cotidiano vivir en todo nuestro país: menor flujo de vehículos en ciudades y carreteras porque muchos de ellos están en las largas filas en surtidores; filas que también se repiten en tiendas de EMAPA y de abarrotes, lugares a los que la gente acude diariamente, intentando conseguir lo que queda en ellas.
No hacen falta muchos más detalles para describir el escenario caótico e incipiente de un conflicto social cuyo estallido parece estar próximo. Basta detenerse un momento mientras caminamos hacia nuestros destinos cotidianos y ver las emociones que los rostros de quienes tenemos a nuestro alrededor denotan: molestia, rabia, incertidumbre, desengaño, abatimiento y hasta resignación. ¿Qué más puede sentirse ante la realidad de un Estado económica y políticamente dinamitado?
¿De quién es la culpa? ¿Cómo sucedió todo esto? La debacle comenzó cuando el régimen se instauró en el poder. En el ámbito económico, desde que el fallido “modelo económico, social, comunitario y productivo” comenzó a ejecutarse, siendo la falsa “nacionalización de hidrocarburos” (1 de mayo de 2006) el punto de arranque, pues la pócima anti-neoliberal se amparaba únicamente en la exportación de gas natural.
La denominada “bonanza económica” tocó su techo en 2014. Las exportaciones de gas permitieron el ingreso de más de 6.000 millones de dólares en aquel entonces, y sería la última vez en que se vería cifra similar. A partir de 2015, el volumen de exportación se fue reduciendo progresivamente. Los últimos cuatro años fueron los peores, dado que los ingresos estuvieron por debajo de los 1.500 millones de dólares, monto insuficiente para solventar los gastos del “gobierno del pueblo”.
Si bien las ganancias por la exportación del gas durante los años siguientes a la “nacionalización” fueron considerables, el uso que se hizo de éstas sentó las bases para la crisis que ahora tenemos encima. En lugar de invertir en exploraciones de nuevos pozos gasíferos, el régimen optó por el despilfarro. Bajo el escudo de “políticas populares y socialistas”, las ganancias se destinaron a la ampliación del gasto público, la creación de empresas estatales deficitarias, a bonos y beneficios para “eliminar la pobreza”, inclusive a proyectos en comunidades campesinas e indígenas que ni en papeles ni en la realidad existían, también a mantener la subvención de combustibles.
Al respecto de ése último “beneficio”, en 2010, el régimen ya vio que no era sostenible en el tiempo. El 26 de diciembre de 2010, con el D.S. 748, intentó subir el precio de la gasolina y del diésel. Cinco días más tarde, luego de varias movilizaciones sociales, eliminó dicho decreto y confió en poder mantener su modelo económico, recurriendo a otras formas de ingreso monetario.
Con la caída internacional de precios de los hidrocarburos y el decrecimiento de producción interna, era obvio que los ingresos iban a ser cada vez menores; por tanto, lo inteligente era tomar medidas inmediatas, a fin de evitar un desbarajuste económico a largo plazo. ¿Qué hizo el régimen, dirigido por Evo Morales en aquel entonces? Mantuvo todos los gastos, recurriendo a créditos internacionales. ¿Qué hizo luego Luis Arce, el exministro de Economía y uno de los ideólogos del “modelo económico”? Lo mismo que su predecesor, recurriendo a las reservas internacionales de oro.
Era cuestión de tiempo que un manejo económico tan negligente generara una crisis profunda. Las señales estaban ahí, tanto en los datos que tenía el régimen como en las voces opositoras que advertían lo que ahora vivimos. Mientras se negaba lo evidente, la erupción se preparaba y saltó en 2023.
En marzo de ése año, el Banco Central de Bolivia se convirtió en casa de cambio y fue el único lugar donde se podía conseguir dólares. Fue la última vez que muchos ciudadanos pudieron adquirirlos a Bs. 6,96, tipo de cambio que insulsamente se mantiene como “oficial”. En paralelo, otros eventos se generaban como corolarios: encarecimiento de diversos productos e insumos, reducción de volúmenes de combustibles importados.
Hasta septiembre de 2024, para el régimen no había ninguna crisis económica. La pandemia COVID-19, la crisis climática global, la guerra entre Rusia y Ucrania eran las causas del aumento de precios en alimentos, medicamentos y otros productos. La marea alta en las costas chilenas —primero— y la no aprobación de créditos internacionales por parte de la Asamblea Legislativa —después—, los motivos del desabastecimiento de diésel y gasolina. Seis meses después, el gobierno de Luis Arce sigue sin reconocer la verdad: el modelo económico del masismo fracasó.
La económica no es la única crisis con larga data. El régimen también destrozó la democracia y el Estado de Derecho. De manera sistemática fue quebrantando instituciones, eliminando contrapoderes, instaurando un autoritarismo arropado de ilegalidad y de una legitimidad otorgada —previa otorgación de prebendas y beneficios— por determinados sectores sociales, sindicales y campesinos.
Comenzó con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, en febrero de 2009. Texto que fue redactado “a medida” y con el que el régimen pudo reconfigurar los órganos de poder y contrapoder. En ése entonces, manejaba cómodamente el Ejecutivo y el Legislativo; quedaban por ser sometidos el Judicial y el Electoral, y no tardaron en caer.
El primer mandato de Morales debió concluir el 22 de enero de 2011, pero con la “refundación del Estado” mediante la aprobación del nuevo texto constitucional, se adelantaron las elecciones generales. Nada raro vio el electorado en ésta maniobra, y el 6 de diciembre de 2009, el masismo ganó con el 64,22% de los votos.
Ése segundo mandato comenzó el 22 de enero de 2010 y, al terminar en 2015, no podía volver a ser reelegido, dado que la Constitución de 2009 señala en una de sus disposiciones transitorias: “los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”.
Sin embargo, para las elecciones de 2014, teniendo ya bajo su control al Órgano Judicial, Morales y compañía lograron habilitarse para la reelección. En 2013, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) eliminó la disposición constitucional bajo el absurdo fundamento de que durante el periodo 2006-2009 Morales fue presidente de “otro Estado”, no del Plurinacional; por eso, ése mandato no contaba como primero. El Órgano Electoral fue obligado a aplicar una interpretación constitucional antes que la Constitución. Pocas fueran las voces que observaron esta nueva estrategia antidemocrática. El 12 de octubre de 2014, el masismo ganó las elecciones con el 61,36%.
Para seguir en el poder e ir por un cuarto mandato, el masismo impulsó un referendo para habilitar las candidaturas de Morales y Álvaro García Linera. Tras el histórico “no” del 21 de febrero de 2016, el régimen volvió a usar al TCP, ahora para crear el supuesto derecho a la “reelección indefinida”. Nuevamente, el Electoral fue obligado a actuar contra la Constitución. En las elecciones de 2019, Morales y Linera volvieron a aparecer en la papeleta electoral.
Ya sabemos lo que ocurrió después: el masismo planificó y ejecutó un fraude. Al ser descubiertos y ante el masivo repudio ciudadano, no les quedó otra que huir, no sin antes incendiar el país y dejar un vacío de poder que incrementó la conflictividad entre octubre y noviembre de 2019. Y aunque todo apuntaba a que el éxodo colectivo del régimen iba a ser definitivo, gracias a los crasos errores del gobierno de transición, el masismo volvió a ganar una elección con más del 50% de votos.
Con todo, los culpables para que Bolivia esté con una economía por los suelos, con instituciones sin institucionalidad ni independencia, con una democracia simulada y un orden constitucional quebrantado, son Evo Morales, Álvaro García Linera, Luis Arce y todos los sujetos que conformaron (y están) en ambos mandatos, aunque algunos ahora aleguen amnesia. Pero existen otros culpables que, cada determinado tiempo (cinco años, en promedio), validan la negligencia y sostienen en vida al régimen.
El pueblo. No todo su conjunto, claro está, pero una gran parte de él sigue dándole oxígeno al masismo. Muchos movimientos sociales (sindicales, campesinos, indígenas, populares) se mantienen como votantes duros a su favor y votantes negativos en contra de otras opciones políticas.
El régimen fue astuto en ello, supo valerse de dos herramientas para posicionarse ante los grupos históricamente reprimidos o silenciados como la única opción electoral: 1) la polarización para reactivar los sesgos ideológicos y de clase, 2) la coacción indirecta, ejercida mediante las cúpulas de ésas organizaciones y dirigida a sus bases. De ésta forma, el régimen ha logrado una legitimación electoral de su autoritarismo.
Identificados los culpables —actores del régimen, grupos sociales que siguen votando por ellos— y las crisis, hablemos de soluciones. En lo económico, es necesaria la aplicación de medidas estructurales para cambiar el modelo actual: reducción del gasto público, eliminación de bonos, beneficios y subvenciones a combustibles, impulso de nuevas áreas de producción, aprobación de leyes que otorguen seguridad jurídica a las inversiones privadas o extranjeras… Medidas totalmente contrarias al modelo del régimen y que sólo un gobierno opositor —con tendencias ideológicas diferentes tanto políticas como económicas— sería capaz de adoptar.
La fuerza ciudadana también es un impulsor importante para solucionar las crisis. La presión que pueden ejercer los diferentes grupos o movimientos sociales, obreros, sindicales, incluidos los campesinos e indígenas, puede ser determinante siempre y cuando esté dirigida hacia una misma dirección: el fin del régimen. Cambiar el deprimente estado de nuestro país, entonces, requiere —permítaseme la redundancia— movimiento en los diversos movimientos que conforman nuestro entramado social.
Ya en su tiempo, Aristóteles señaló que los objetos y cuerpos cambian de posición o se mueven sólo si se les aplica una fuerza. Siglos después, Isaac Newton estableció tres leyes que determinan ése movimiento: 1) un objeto no cambiará su dirección a menos que algo lo obligue a hacerlo, 2) la fuerza que impulsará el movimiento deberá ser proporcional al tamaño del objeto, y 3) toda acción tiene una reacción, la fuerza que moverá al objeto lo empujará a él a ir en sentido opuesto.
Pensemos al régimen como una masa que se encuentra en reposo, en un estado casi invariable desde 2006, que tuvo un tiempo largo para establecerse y consolidarse como un ente engullidor de todo lo que encontró a su paso. Siguiendo a Newton, una masa de tan grande constitución sólo podrá ser movida o cambiada con una fuerza proporcional o superior, proveniente del exterior.
En nuestro caso, una fuerza de tal envergadura sólo podrá generarse por conjunción, es decir, por la sumatoria de fuerzas que se encuentran en los diversos movimientos sociales que referí líneas arriba (sindicales, ciudadanos, campesinos, indígenas, etc.). Esto sucederá no por acuerdos entre éstos, sino por la conversión de los votos duros en blandos, los negativos en positivos y pragmáticos. Para ésta transición —muchas veces imposible desde el punto de vista de la estrategia política— los votantes deberán dejar de lado cualquier sesgo concebido o impuesto y recuperar su conciencia social y su voluntad individual, sólo así podrán ver la (catastrófica) realidad en su real dimensión.
Las consecuencias de la crisis política no suelen tener mucho impacto en la sociedad, principalmente porque no logran afectar a la totalidad de actores sociales. De ahí se explica que, frente a la vulneración de derechos, la violación de la Constitución, la eliminación de los valores democráticos, la reacción social sea apenas una breve indignación. Cosa distinta es la crisis económica; no se puede disimular u ocultar y, en cuanto estalla, la onda expansiva llega a todos.
Ojalá eso lleve a la mayor cantidad de grupos sociales a salir de sus burbujas de confort, a pensar en el futuro propio y en el de todos, porque en un país destruido nadie puede subsistir; y los empuje a moverse hacia un mismo sentido y con una misma fuerza: elegir un proyecto distinto al del régimen, de otra manera, ninguna crisis podrá ser superada verdaderamente. Como escribió George Orwell: “nada cambiaría mientras el poder siguiera en manos de una minoría privilegiada”.[1]
La conjunción de movimientos requerirá un impulsor adicional: un programa de gobierno con propuestas convincentes y factibles. ¿Algún frente opositor lo tendrá? El tema y la pregunta quedan para un próximo artículo.
América Yujra Chambi es abogada.
[1] Orwell, George. (2013). 1984. Debolsillo.
