Siete, ocho, nueve, diez, once, doce… Los días siguen su acumulado habitual. Los titulares siguen con un mismo tenor: «La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) continúa tomada».
Esa institución, desde 1976, ha sido la voz de los grupos vulnerables, de los invisibles como los pueblos indígenas y campesinos; ha luchado por los derechos humanos, denunciando las atrocidades cometidas por los gobiernos de turno como el del dictador Banzer Suárez, el de Gonzalo Sánchez de Lozada y, en la última década, el de Evo Morales.
Esa lucha ha valido, tanto a la Asamblea misma como a sus representantes, ser objeto de persecución, amenazas y amedrentamientos. Hoy, la APDHB es vista como un botín político más del que cree tener propiedad el partido de gobierno, incluso el gobierno mismo.
No me sorprendió, por ello, las declaraciones de Edgar Salazar algunos días después de la descarada toma de la APDHB. Señaló la existencia de “movimientos económicos irregulares”, lo que le hace suponer que dentro de la Asamblea se lavaba dinero. Habló de la conformación de un Tribunal Popular que se encargará de «juzgar a aquellos activistas que han manejado como botín político de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, que no se han pronunciado ante las masacres, ante los abusos sexuales y violaciones de algunos miembros de la Iglesia Católica».
Además de ser falsas, las palabras de Edgar Salazar muestran su completo desconocimiento sobre la historia de la APDHB y la labor de un defensor o activista de derechos humanos; pero cuando refiere «botín político», de alguna manera, explica lo que él y las personas afines al MAS hicieron el pasado 2 de junio en la Av. 6 de agosto.
En los pasajes de la historia, principalmente en la Antigüedad y la Edad Media, el término “botín” era sinónimo de premio. Los soldados que vencían en una batalla tenían la libertad de reclamar el botín de las ciudades caídas, a través de asaltos o pillajes violentos permitidos por los reyes u otras autoridades.
La figura de «botín político» tiene su origen en el spoils system, desarrollado en Estados Unidos, el cual justificaba la designación de funcionarios provenientes del partido que accedía al poder, dejando sin puestos a los «derrotados» que hasta ese momento eran parte de la administración pública. Era incluso considerado una forma de alternancia funcionaria.
Mucho de esto tenía una justificación más sencilla y alejada de la terminología o conceptualización política: la guerra y sus consecuencias, vencedores, derrotados; lo que ganan los primeros y lo que pierden los segundos.
Con esas analogías, por ejemplo, en 1810, James T. Austin justificó su nombramiento como Gobernador de Massachusetts con la siguiente frase: “but after all, what is the worth of a victory if the enemy are allowed to possess the spoils” (después de todo, qué vale la victoria si se le permite al enemigo quedarse con el botín).
En 1832, el senador William L. Marcy explicó el nombramiento de un embajador con la siguiente frase: “to the victor belong the spoils of the enemy” (el botín del enemigo le pertenece al vencedor).
Con el pasar de los años, ésta figura recibió otros nombres: clientelismo político, sistema del patrocinio. Hoy puede definirse como la toma de puestos gubernamentales o instituciones públicas por parte de personas pertenecientes al partido ganador de un proceso electoral. Con esta toma, o buscan satisfacer fines económicos (enriquecimiento) y/o sólo detentar poder sobre grupos contrarios.
El partido ganador, sus militantes y simpatizantes, en consecuencia, creen que toda la estructura estatal es un botín. Los jefes del partido o las más altas autoridades electas (presidente, vicepresidente) premiarán a sus partidarios otorgándoles los puestos públicos. Por su parte, los simpatizantes y militantes, al haber apoyado en la campaña, tienen la firma convicción de que pueden reclamar determinadas instituciones como retribución o pago.
¿Qué podemos deducir de todo esto? El MAS tiene la idea (en realidad, la tuvo desde mucho antes. No es la primera vez que la Asamblea es atacada y tomada) de que la APDHB es un botín político que le ganó a la «derecha golpista» en las elecciones de 2020. Así se justifica que desde el interior del ejecutivo se haya planeado la toma, el silencio del presidente y del vicepresidente, la errada solución que propuso el vocero Jorge Richter y la tibia respuesta de la Defensoría del Pueblo. Así se entiende, también, que Edgar Salazar y el grupo afín al MAS hayan allanado los predios de la Asamblea con total impunidad y escoltados por la Policía Boliviana.
Está bien, la APDHB no es una entidad pública, por lo que no debería ser parte de la repartija entre los partidarios y sectores sociales/sindicales azules. Pero, estamos en Bolivia, donde la institucionalidad, la legitimidad, la alternancia, la meritocracia, la independencia y la disidencia han dejado de ser las directrices con las que debería funcionar el Estado.
Además de ser un botín a repartir, la APDHB es una amenaza para un gobierno autoritario. Esto significa que no sólo se la usa para satisfacer los intereses personales y económicos de algunos personajes que se dicen «activistas de derechos humanos», sino también para silenciar una de las pocas voces contestatarias que aún nos queda.
Una de las condiciones para una buena salud de la democracia es la existencia del debate entre organismos civiles con el gobierno constituido, porque permite: el control social y la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas. Decisiones que deben enmarcarse en pleno respeto a la Constitución, las leyes y, sobre todo, los derechos humanos.
Es posible que un determinado accionar estatal cometa alguna lesión o inobservancia de derechos; por ello, cualquier decisión a tomarse o ejecutarse en un futuro (una obra pública, emisión de algún decreto supremo, aprobación de un proyecto de ley, entre otros) necesita la opinión de quienes puedan resultar afectados y/o beneficiados. Y esto sólo es posible a través del debate.
La labor de la APDHB no es solamente de un observador del estado de los derechos humanos en nuestro país. Su labor también es ser un puente de diálogo y debate en conflictos sociales, en reproducir las demandas de protección y cese de vulneraciones a los derechos de toda persona o grupo que lo pida. Es un mecanismo importante de control del arbitrio del poder estatal.
Todas estas tareas, para ser eficaces y verdaderas, deben ser realizadas por personas comprometidas con los derechos humanos, con amplia experiencia en ello, conocedoras de los mecanismos de defensa y conciliación; pero, además, de personas ajenas al partido de gobierno. De otro modo, la labor de la APDHB dejaría de ser independiente, objetiva, crítica y creíble.
Hay ejemplos de sobra que demuestran que al masismo – en todas sus «líneas» (evista, arcista, choquehuanquista, etc.) – no le gusta ser cuestionado, detesta escuchar voces contrarias a la suya. Por eso, la toma de la APDHB no es sólo el reclamo de un botín, es también un cálculo político con el que se pretende seguir consolidando el autoritarismo azul en nuestro país.
Debemos entender que la toma de la APDHB no es un ataque sólo a Amparo Carvajal, es otra afrenta a nuestra democracia, porque significa el cierre de un lugar de debate, defensa, crítica y control al Poder. Sin la Asamblea, la democracia se despinta un poco más, víctima de un vil calculado pillaje.
América Yujra Chambi es abogada
