En los últimos 100 años de nuestra historia, la minería en Bolivia ha sido el motor de nuestra economía y paradójicamente, el catalizador de nuestros conflictos sociales más profundos.
En el último siglo, esta actividad ha sido gestionada bajo una visión fragmentada: el ingeniero se preocupa por el hallazgo de la veta, el economista por la cotización del mineral, el administrador por optimizar los costos de operación, el activista ambiental por los niveles de contaminación, los diferentes niveles de gobierno por captar los impuestos y regalías, y el dirigente sindical por atención a sus reivindicaciones.
En el actual contexto mundial en el que se desarrolla la minería esta visión fraccionada ha caducado. Hoy la minería se enfrenta a una realidad compleja donde la suma de estas partes desconectadas no resulta en un todo funcional, sino en un sistema en crisis permanente.
La actual gestión de gobierno en diferentes espacios ha planteado como una de sus metas contar con una nueva Ley Minera, que reemplace a la actual Ley 535 de Minería y Metalurgia, que en su tratamiento y arribo a consensos demandó 4 años de discusión y que por falta de visión estratégica y acompañamiento, no pudo cumplir con sus cometidos. El principal error fue el discutir el alcance de la actividad minera sólo entre actores mineros (COMIBOL,Cooperativas y Empresa Privada).
En Bolivia, la formulación de una nueva política minera trasciende la simple modificación normativa. El futuro marco regulatorio de la actividad minera debe cimentarse sobre dos ejes de transformación fundamentales: la adopción de un enfoque holístico de la minería y la aplicación de la comunicación asertiva.
Adoptar un enfoque holístico significa entender que la minería no es un acto aislado de extracción de minerales, sino, un ecosistema vivo donde coexisten factores técnicos, económicos, sociales y ambientales en estricta interdependencia. En el contexto boliviano, esto implica armonizar la compleja trilogía de actores mineros (COMIBOL, Cooperativas Mineras y Empresa Privada) bajo un mismo estándar de responsabilidad y la inclusión de otros actores en su discusión como comunidades indígenas, campesinos, academia y sociedad civil.
No es sostenible tener una minería privada tecnificada conviviendo con un sector cooperativo que, aunque resulta vital para la generación de fuentes de empleo, a menudo opera en la precariedad e informalidad y con saldos ambientales negativos, como el uso indiscriminado de mercurio para la obtención de oro en la Amazonía.
Una visión holística entiende que la contaminación de una cuenca hídrica (factor ambiental) destruye la economía agrícola local (factor económico) y detona marchas, bloqueos de carreteras (factor social), paralizando finalmente la producción (factor técnico). Está claro que en la actividad minera todo está conectado.
Empero, este diagnóstico sistémico no sirve de nada si los actores no pueden hablar entre sí. Aquí es donde la comunicación asertiva se convierte en el eslabón perdido de nuestra gobernanza. Históricamente, el diálogo minero en Bolivia ha oscilado entre la agresividad y la pasividad. Hemos normalizado la violencia con el uso de dinamita, la toma de minas, el bloqueo de carreteras y la represión (método agresivo), como métodos «válidos» de negociación, o por el otro extremo, hemos caído en la burocracia silenciosa del gobierno que deja hacer y deja pasar, firmando acuerdos que no se piensa cumplir para evitar el conflicto inmediato (método pasivo). Ambos métodos son costosos, ineficientes y destructivos.
La nueva política minera debe institucionalizar la asertividad. Esto significa establecer mesas de diálogo donde la Licencia Social no sea un trámite extorsivo ni una imposición, sino un proceso de escucha activa y verificación técnica conjunta. Una autoridad asertiva es aquella capaz de decir «no» a proyectos inviables por factores ambientales sin temor al costo político, y capaz de proteger con firmeza las inversiones que cumplen la ley frente a avasallamientos ilegales.
El enfoque holístico nos exige dejar de ver a los factores ambientales como insumos desechables y empezar a abordarlo como capital natural. Esto requiere internalizar los costos ambientales desde el primer día de operación, y transformar la riqueza mineral en desarrollo sostenible a través de la industrialización, superando el modelo extractivista de exportación de concentrados.
Solo fusionando la comprensión integral del sistema con la capacidad de dialogar con firmeza y respeto, Bolivia podrá forjar un nuevo contrato social minero, uno que garantice que la riqueza del subsuelo se traduzca, efectivamente, en bienestar para la superficie y sus habitantes.
Sometemos estos criterios a la consideración de aquellos que tienen o tendrán la responsabilidad de elaborar la nueva normativa en el ámbito minero-metalúrgico, así como la concerniente a los recursos evaporíticos.
Alfredo Zaconeta es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
