Durante el último quinquenio, una de las problemáticas socioeconómicas y ambientales más críticas para el país ha sido la presencia e incidencia de la minería ilegal. Este fenómeno se ha exacerbado a medida que la debilidad estatal se prolonga, debido a la ausencia de una política pública minera definida y al constante incremento de los precios de los minerales y metales en el mercado internacional.
La minería se ha constituido un pilar fundamental e innegable de la economía boliviana, destacando por su constante contribución en la generación de divisas y la creación masiva de empleo. No obstante, esta actividad, tanto en el sector aurífero como en el tradicional, se halla actualmente asediada por la minería ilegal. Dicha práctica ha trascendido la categoría de un problema marginal para erigirse como una amenaza sistémica que menoscaba la gobernabilidad, la integridad de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de la nación.
Este fenómeno carece de homogeneidad, manifestando dos vertientes claramente diferenciadas en el territorio nacional:
En primer lugar, se constata la preocupante expansión de la explotación aurífera en la región amazónica, catalizada por el considerable ascenso de los precios internacionales del oro durante el último quinquenio. La minería ilegal de oro ha incidido de manera crítica, con un mayor porcentaje, en los departamentos de La Paz, Beni y Pando, y en menor proporción en los seis departamentos restantes.
Ecosistemas acuáticos de vital importancia, tales como las cuencas de los ríos Madre de Dios y el Tuichi, además de áreas protegidas de valor incalculable como el Parque Nacional Madidi o el Pilón Lajas, experimentan la incursión diaria de centenares de dragas, balsas y maquinaria pesada, que operan de manera clandestina, o en complicidad de algunas autoridades locales.
El impacto ambiental derivado de estas operaciones resulta ser devastador: fomenta la deforestación a gran escala, la contaminación fluvial por lubricantes y combustibles, y, adicionalmente, la utilización desmedida de mercurio. Este neurotóxico compromete irreversiblemente los cuerpos de agua, erradica la biodiversidad y afecta de manera directa la salud y los medios de subsistencia de las comunidades locales e indígenas.
Este panorama se ve agravado por la articulación con capitales extranjeros procedentes de China, Perú, Colombia, Chile y Brasil. Estas estructuras foráneas operan frecuentemente bajo la cobertura legal de cooperativas auríferas locales, proveyendo maquinaria pesada y financiamiento mientras eluden sistemáticamente el marco regulatorio y fiscal del Estado boliviano.
En segundo lugar, la minería ilegal se localiza en la región occidental del país, específicamente en Potosí, Oruro y La Paz. En estas áreas, la actividad ilícita se manifiesta bajo la modalidad del «jukeo,» que consiste en la sustracción sistemática de mineral, particularmente del estaño o concentrados de plata.
Esta práctica socava la operatividad y la situación financiera de empresas estatales como la Empresa Minera Huanuni y la Empresa Minera Colquiri, al igual que la de operadores privados formales, como es el caso de la mina de Porco, la cual se encuentra bajo tutela del Grupo Minero Sinchi Wayra.
Este mineral robado ingresa posteriormente a un mercado negro dirigido por intermediarios e ingenios clandestinos, creando una competencia desleal y privando a las gobernaciones y a los municipios de millonarios ingresos que debieron recaudarse por concepto de regalías mineras e impuestos.
Sin embargo, esta problemática del «jukeo» —desde una perspectiva sociológica— debe ser analizada más allá de la esfera puramente delictiva; constituye, en esencia, un síntoma de una profunda deficiencia estructural del Estado y su carencia de formulación creativa de una política pública minera.
La persistente incapacidad gubernamental para generar empleo formal en las regiones mineras convierte a la ilegalidad en una cruda estrategia de supervivencia para poblaciones marginadas. Jóvenes sin alternativas se ven empujados a realizar labores clandestinas de extrema peligrosidad, exponiéndose sin protección alguna a gases tóxicos, metales pesados y al riesgo inminente de accidentes fatales bajo tierra, hecho que puede ser corroborado por la cantidad de decesos en las minas del occidente, que en el primer trimestre de este 2026 alcanzó la cifra de 43 muertos.
De manera trágica, esta cadena de informalidad vulnera los derechos más elementales, arrastrando consigo a mujeres, niños y adolescentes hacia el trabajo en condiciones de alto riesgo.
Si bien Bolivia posee un marco normativo detallado —cuyo pilar es la Ley N° 535 de Minería y Metalurgia, que prohíbe toda explotación sin autorización—, la realidad operativa evidencia una asfixiante insuficiencia institucional. Entidades llamadas a fiscalizar y proteger, como la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM) y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), exhiben graves deficiencias en sus capacidades técnicas, logísticas y de personal. Factores como la corrupción, la alta burocracia en los trámites de formalización y la nula coordinación interinstitucional paralizan el accionar de la ley, garantizando un ecosistema de impunidad.
Para comenzar a revertir esta crisis, el Estado debe establecer primordialmente una rigurosa diferenciación conceptual. Las políticas públicas deben distinguir entre la minería informal (actores sin licencia pero susceptibles de regularización) y la minería ilegal (operadores sin contratos), separándolas tajantemente de la minería ilícita. Esta última, al estar vinculada a redes de crimen organizado, narcotráfico, contrabando de mercurio y lavado de dinero, requiere una represión penal rigurosa.
La minería ilegal requiere un abordaje estatal que vaya mucho más allá de la simple represión punitiva. Es ineludible forjar una verdadera voluntad política orientada a fortalecer y transparentar las instituciones, aplicar controles estrictos sobre la trazabilidad de los minerales e insumos como el mercurio, y agilizar los procesos de formalización.
Simultáneamente, resulta imprescindible el fomento de alternativas económicas viables y la creación de empleo digno en los distritos mineros, cortando de raíz el detonante social de la ilegalidad. Solo mediante una estrategia integral, multisectorial y adaptada a la realidad de los territorios afectados, la minería boliviana podrá proyectarse hacia un modelo justo, transparente y verdaderamente sostenible.
Sin embargo, en contracorriente, las recientes declaraciones del ministro de Minería, Marco Antonio Calderón de la Barca, exponen una preocupante elusión de responsabilidades al deslindar a su cartera, y a la AJAM, de la fiscalización de las operaciones extractivas en cabeceras de ríos, cuencas y fuentes de agua. Al aducir que la fiscalización compete exclusivamente al Ministerio de Medio Ambiente y admitir la inexistencia de una cartografía oficial que delimite y proteja estas áreas hídricas, la autoridad evidencia una grave descoordinación y omisión estatal.
Resulta manifiesto que el Estado prioriza actualmente la mera otorgación de derechos y contratos mineros, supeditando el respeto al ecosistema a una exigencia meramente formal, sin una intención real de verificar el cumplimiento de las normativas ambientales por parte de los operadores antes o durante la explotación.
Los potenciales efectos de estas posturas son intrínsecamente devastadores para la biodiversidad y la subsistencia de las comunidades bolivianas. Al inhibirse de responsabilidad y ampararse en vacíos normativos, el ministro de Minería confiere, de facto, una licencia para que tanto las cooperativas autorizadas y los mineros ilegales, depreden e invadan impunemente reservas hídricas estratégicas.
A lo anterior se suma la postura del ministro de Minería, quien se manifestó a favor de viabilizar actividades mineras en áreas protegidas, lo que constituye un serio retroceso para la conservación ambiental del país y una amenaza directa a nuestros ecosistemas más vulnerables. Al sugerir que la explotación minera es compatible con la protección de especies y reservas naturales bajo el cumplimiento de ciertos «requisitos», el ministro promueve una peligrosa falacia de minería sostenible en zonas cuya vocación primordial es la conservación íntegra de la biodiversidad.
Esta perspectiva refleja una alarmante prelación gubernamental del extractivismo económico sobre la protección del patrimonio natural de los bolivianos, sentando un precedente legal y discursivo que terminará por legitimar la ocupación de territorios que hasta la fecha gozaban de estricta protección estatal.
Las consecuencias de esta política serían catastróficas, pues la apertura de las áreas protegidas a la actividad extractivista derivaría irremediablemente en la deforestación, la polución de fuentes de agua dulce y la destrucción del hábitat de miles de especies.
La justificación de incrementar los volúmenes de exportación para competir con naciones vecinas obvia el costo irreversible que asumirán las futuras generaciones al perder ecosistemas esenciales para la regulación climática y la supervivencia de las comunidades locales e indígenas.
En lugar de fortalecer las defensas contra la ya destructiva minería ilegal, el mensaje de la máxima autoridad sectorial otorga una carta blanca institucional que mercantiliza la naturaleza, comprometiendo el futuro ambiental y social de la nación bajo una cuestionable promesa de desarrollo.
En conclusión, se requiere con urgencia convocar un debate minero-metalúrgico de alcance nacional, con la participación de múltiples actores, con la finalidad de establecer límites claros y planificar el modelo de minería deseado y sostenible para el país, de lo contrario se seguirá reproduciendo un modelo que beneficia a pocos y afecta a muchos, en medio de la precariedad e ilegalidad.
Alfredo Zaconeta Torrico es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario – CEDLA
