PASO 4. Medio ambiente y Responsabilidad social.
El aprovechamiento sostenible de los ecosistemas naturales es fundamental para la subsistencia de los humanos, no solo por los servicios funcionales que ofrecen, tales como la purificación del aire, generación de agua, el control climático, etc. sino también por los recursos naturales que poseen, como los hidrocarburos y minerales, que son susceptibles de beneficio para la generación de recursos económicos.
Al momento de realizar la explotación de recursos naturales, durante el proceso de implementación, ejecución y cierre, se debe tomar en cuenta parámetros importantes que van más allá de la parte técnica del proyecto, como el desarrollo sostenible, la gestión ambiental y el impacto socioeconómico.
Nuestro país, regula el desempeño ambiental a través de la Ley 1333 de Medio ambiente y su reglamentación, que obliga a cualquier tipo de actividad, obra o proyecto a identificar los impactos ambientales potenciales y prever la forma de mitigarlos con la presentación de documentos técnicos que permitan hacer el correcto seguimiento y control. Además, se apoya con reglamentos específicos para diferentes sectores productivos, en nuestro caso particular del Mutún, nos interesa el Reglamento de actividades ambientales para el sector minero.
El inicio de operaciones de cualquier actividad minera debe ser respaldada con la obtención de una Licencia Ambiental, que no puede ser eludida bajo ninguna circunstancia, en este sentido se conoce que dicho documento fue tramitado por la Empresa Siderúrgica del Mutún, pero se desconoce cuál es la categoría a la que corresponde, ya que en este documento debe incluirse información clave, como la generación y disposición de residuos minero metalúrgicos, consumo proyectado de agua, de energía y fuentes de las mismas, generación de ruido, emisión de contaminantes, volumen de aguas residuales y su correspondiente tratamiento, entre otros.
Si bien el complejo siderúrgico inicio operaciones de manera parcial desde la acería, queda pendiente el arranque de las plantas de concentración y pelletización, sin embargo, esto se pone en duda considerando que el diseño, aprobación y construcción de la presa de colas o residuos debe ser aprobado obligatoriamente de acuerdo a la norma mencionada, además se suma a esto que en ningún comunicado oficial se ha manifestado la ubicación de la presa y es invisible a través de vista satelital.
Por la magnitud de este depósito es imposible creer que lo vayan a construir en un par de meses, lo que seguro implicará una demora adicional al funcionamiento del complejo. Demás está decir que el depósito tiene una importancia vital para evitar desastres ambientales en particular porque el proyecto se encuentra emplazado en una zona con gran biodiversidad que debe ser preservada.
Si seguimos analizando, aun no se habla de la gestión de aguas residuales provenientes de la operación y del campamento, se desconoce cuáles son los impactos ambientales significativos que se identificaron y como se los mitigará. Sin embargo, se ha manifestado públicamente que el complejo no generaría impacto ambiental alguno, cosa que es simplemente imposible en una zona tan vulnerable.
El proyecto también ha generado grandes expectativas de crecimiento económico en la región y el país, pero su implementación ha planteado serias interrogantes sobre el impacto socioeconómico real en las comunidades cercanas y la distribución de la regalía minera.
A la fecha, la realidad es que el impacto socioeconómico ha sido limitado. Ya que la mayoría de los trabajadores del proyecto son de origen asiático, lo que limita la participación de la mano de obra local, además, el proyecto cuenta con un campamento y provisiones internas, lo que reduce la interacción con las comunidades cercanas y limita las oportunidades para el comercio local.
Por otro lado, los trabajadores nacionales de otras regiones llegan, cumplen con su régimen laboral y retornan a su lugar de origen sin dejar un aporte significativo al movimiento económico local ya que solo están de paso. Se desconoce el porcentaje de personal calificado o no, que sean oriundos de la zona y esto ha generado preocupación sobre la falta de oportunidades laborales y económicas para las comunidades cercanas.
Otro aspecto relevante es la regalía minera, que de acuerdo a ley corresponde aplicar una alícuota del 3% al valor del concentrado obtenido y del total recaudado, la fracción que corresponde al municipio es el 15% y el 85% restante va a la gobernación.
Lo que no queda claro es como reportarán el volumen real de concentrado obtenido dado que este continuará la cadena productiva hasta la producción de acero, lo que significa que la empresa, produce, reporta y se fiscaliza a sí misma, en todo caso solo quedaría confiar en la transparencia de esta auto fiscalización tomando en cuenta que por cada 100 dólares que se produzcan, solo 45 centavos de dólar llegarían al municipio.
Este aspecto genera un gran desconcierto en cuanto al beneficio que la región obtendrá del proyecto. La pregunta es: ¿vale la pena el desarrollo del proyecto si la región solo recibe una fracción mínima de los ingresos generados?
Los aspectos ambientales y socioeconómicos plantean preocupaciones y desafíos serios, garantizar que la región reciba una compensación justa por la explotación de sus recursos naturales y la conservación de su ecosistema debieran ser la premisa del proyecto.
El proyecto del Mutún podría haber sido un importante polo de desarrollo económico y social en la región si se hubiera fomentado la integración de los trabajadores en las comunidades cercanas, determinado un plan de explotación sostenible. Sin embargo, esta oportunidad se perdió debido a la falta de planificación y coordinación efectiva. A pesar de ello, se espera que haya posibilidades de generar desarrollo sostenible en la región.
Aleida Rolqueza es magíster en ciencias e ingeniera metalúrgica
