El balance sobre la viabilidad de los sistemas de integración para los propósitos de desarrollo de un país, depende en gran medida de la estrategia de alineamiento que tiene dicho país con los idearios y comunalidades del esquema integracionista. Por principio, esta estrategia tiene un sentido supranacional, en la medida que va más allá de los límites de desarrollo endógeno de un país, para ampliar sus horizontes, extender sus aspiraciones y profundizar sus políticas en la acción integracionista compartiendo objetivos comunes con otros países.
En un sistema de integración es necesario considerar sus idearios compartidos, sus transacciones comerciales con ventajas comparativas, sus institucionalidades regionales con acervos normativos beneficiosos, sus interdependencias solidarias entre países, y políticas y valores comunes que sustentan prácticas de desarrollo en democracia. Con estos parámetros, los sistemas de integración tienen que valorarse, con realismo, desde los futuros esperados de un país que se propone compartir soberanías para construir acuerdos, hermanamientos y sociedades colaborativas que amplían los horizontes del desarrollo y fortalecen las capacidades internas propias de cada sociedad.
Lo dicho se aplica bien a las distintas opiniones que surgen sobre la participación de Bolivia como Estado Parte de MERCOSUR. Hay dudas expresadas en descalificaciones por supuestamente obedecer a una medida ideologizada, existen apreciaciones que minimizan las posibilidades competitivas del país por su desequilibrio económico frente a los otros países miembros, se expresan resistencias porque entramos tarde a un bloque ya constituido; o en el otro extremo, opiniones rondan la apologización del bloque como la puerta de entrada al futuro venturoso. Lo cierto es que Bolivia está en proceso de adhesión plena al MERCOSUR y en este terreno se deben forjar las reflexiones y las propuestas, como las de este escrito, que con una mirada desde adentro de la dinámica del bloque de integración, intenta señalar los beneficios y limitaciones que tiene para Bolivia.
Participación plena y capacidad de decisión
Un primer elemento a considerar, es que con su participación plena, Bolivia tendrá capacidad de decisión en las políticas del MERCOSUR, un derecho hasta ahora inexistente. Es cierto que desde el año 1996 ya se tiene acceso comercial preferencial a través del Acuerdo de Complementación Económica Nº 36 (ACE 36), que otorga arancel cero liberalizando el comercio con los países del bloque, y que también somos país asociado con derecho a participar en las diferentes Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo como observadores. En la actualidad, con la Decisión 20/19 del Consejo del Mercado Común (CMC), nuestra participación se da con derecho a voz pero no a voto, entretanto se cumpla con la internalización plena de la normativa MERCOSUR.
Con la adhesión plena quedará en desuso el ACE 36 y adoptaremos el ACE 18, con lo que podremos conseguir la totalidad de preferencias a las que tienen los Estados Parte, en la adopción de normas, regulaciones técnicas y medidas arancelarias y las no arancelarias, que históricamente obstaculizaron el comercio boliviano pese al arancel cero. Es decir que podremos participar ya no solo como beneficiarios del esquema comercial, sino que podremos opinar y decidir en el tratamiento de las principales barreras al comercio boliviano que no son arancelarias, sino normativas y técnicas, tales como los requisitos sanitarios, certificaciones, homologaciones industriales y procedimients aduaneros.
Con la membresía plena, Bolivia podrá defender sus intereses en los comités técnicos donde se negocian esas medidas y beneficiarse, del mismo modo que los otros Estados Parte, de normativas menos exigentes, como por ejemplo en temas de origen, pudiendo reducir las exigencias para que los productos bolivianos ingresen a los mercados del MERCOSUR con el 60% de insumos importados y un 40% de insumos nacionales.
Un segundo elemento a considerar, es el de la superación del ACE 36, que desde su aprobación el año 1996 y entrada en vigor en 1997, estuvo sujeto a resistencias por parte del empresariado. Lo cierto es que el país no aprovechó bien su participación mediante el ACE 36, y para seguir los procesos comerciales con la adhesión plena, es menester reflexionar sobre las razones que condicionaron esta situación: 1) la falta de demanda de la producción boliviana por parte de MERCOSUR, por tratarse básicamente de los mismos productos exportables que tienen sus países miembros, por ejemplo soya y sus derivados, productos cárnicos y lácteos; 2) las barreras no arancelarias que impiden la exportación efectiva por parte de Bolivia en tanto país observador y que se levantarán una vez se constituya en Estado Parte; 3) la falta de oferta exportable o baja competitividad por parte de Bolivia (Agramont, 2024); 4) la falta de políticas y estrategias integracionistas claras que operativicen la condición de país bisagra que tiene Bolivia como conector del sur y el norte y del Atlántico y el Pacífico; y 5) una mirada más integral y diversificada sobre las potencialidades productivas y de exportación del país en su relación con el MERCOSUR, como lo establece la demanda de urea, boratos, joyería, banano, quinua y potenciales como la papa, dimensionando los alcances de la agroindustria que tiene su mercado legitimado en la Comunidad Andina (CAN).
Beneficios integrales de la adhesión plena
Distintos espacios se abren con la adhesión plena para el beneficio del país. Uno de ellos es la participación en el FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR), fondo solidario que financia proyectos de infraestructura, competitividad, integración física y cohesión social en los países con menor desarrollo relativo. Entre 2006 y 2025 el FOCEM aprobó más de US$ 1.200 millones en proyectos. Paraguay, país con condiciones similares a Bolivia en niveles de desarrollo y mediterraneidad, ha recibido más de US$ 600 millones para carreteras, interconexión eléctrica, redes de agua potable y fortalecimiento productivo. Uruguay y Argentina también han ejecutado proyectos por más de US$ 150 millones cada uno en innovación y desarrollo regional. Bolivia, al incorporarse plenamente, podrá presentar y financiar proyectos de desarrollo con apoyo de este fondo, obteniendo recursos no reembolsables de hasta el 85% del costo total de cada iniciativa.
Otro espacio es el de la mejora en movilidad, residencia y derechos ciudadanos. Los ciudadanos bolivianos podrán residir, trabajar y estudiar en los países del MERCOSUR en condiciones similares a los ciudadanos de esos países, accediendo a los servicios sociales, educación, seguridad social y empleo formal. El Acuerdo de Residencia del MERCOSUR otorga permisos de residencia y trabajo con solo acreditar nacionalidad y antecedentes limpios. Se constituye en una ventaja el acceso a la educación y el reconocimiento académico, dado que el bloque cuenta con programas como ARCU-SUR, que reconocen títulos universitarios y acreditan carreras regionalmente. Esto permitirá que los títulos obtenidos en Bolivia sean válidos automáticamente en otros países del bloque, favoreciendo la movilidad académica y laboral, además de la participación en proyectos de investigación regionales, reforzando las capacidades científicas y tecnológicas nacionales.
Por otra parte, se podría fortalecer la participación en el Parlamento regional, así como en foros sociales, de educación y de medio ambiente, permitiendo ser protagonistas de la definición de políticas comunes sobre democracia, derechos humanos, energía, medio ambiente y seguridad, en políticas regionales para el combate a la delincuencia organizada transnacional y el crimen organizado.
También existen oportunidades logísticas y de infraestructura, en la medida que la integración plena al MERCOSUR le permitirá a Bolivia fortalecer sus corredores bioceánicos, desarrollar nuevas rutas logísticas y acceder a proyectos conjuntos con financiamiento regional para la modernización de carreteras, pasos fronterizos, energía y conectividad digital, elementos esenciales para mejorar la competitividad exportadora del país.
Otro espacio de beneficio es el de la participación en la negociación con terceros, proceso al que MERCOSUR le está imprimiendo un marcado dinamismo. Está en proceso de consolidación el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea y en procesos de negociación acuerdos con Canadá, India, Egipto, la Unión Aduanera de África del Sur, China y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).
La tarea clave: internalizar la normativa MERCOSUR y armonizar medidas con la CAN
El 7 de agosto de 2024 comenzó el plazo de cuatro años para la incorporación del acervo normativo del bloque en la legislación nacional. Bolivia tiene hasta el 7 de agosto de 2028 para ajustar su legislación comercial, aduanera y de las normas de origen. El Viceministerio de Comercio Exterior e Integración (VCEI), del Ministerio de Relaciones Exteriores, es la instancia responsable de coordinación de un trabajo interministerial, del más alto nivel técnico, priorizando la excelencia profesional para cumplir con este compromiso establecido en el Protocolo de Adhesión, que impone la adopción del Arancel Externo Común, del Régimen de Origen y la Nomenclatura MERCOSUR, y la modificación de cerca de 3974 normas y 84 acuerdos nacionales.
Durante este proceso, el país podrá aplicar gradualmente las normas del MERCOSUR sin afectar su comercio ni sus preferencias ya consolidadas. Así mismo, la demostración de la progresividad en la internalización normativa, podría flexibilizar la participación anticipada del país en iniciativas como las medidas para la superación de las asimetrías, o la participación en negociaciones con terceros.
La particularidad que tiene Bolivia de ser el único país del continente con pertenencia a los dos esquemas de integración más representativos: la Comunidad Andina (CAN) y el Mercosur, debe equilibrar las normativas de ambos esquemas, con el cuidado de no ceder ni un milímetro de las conquistas ganadas en la CAN. Un trabajo imprescindible para el país, es comandar iniciativas para la convergencia y complementariedad entre estos dos organismos.
Estas medidas ocurren en un proceso de flexibilización del MERCOSUR por la revisión de su estructura arancelaria y de negociación externa, lo que constituye una ventaja estratégica para el país. MERCOSUR busca ampliar sus listas de excepciones al Arancel Externo Común (AEC); y se están encarando iniciativas para negociar acuerdos comerciales con terceros países, admitiendo una arquitectura diferenciada y de velocidades distintas, que no impida a unos países participar dejando abierta la posibilidad para la incorporación de los otros.
De prosperar, esta reforma significará que Bolivia no tendrá la obligación inmediata de adoptar el AEC ni de negociar exclusivamente en bloque, lo que le permitirá mantener políticas comerciales propias mientras se adapta. Esta flexibilidad convierte la adhesión al MERCOSUR en una oportunidad estratégica: Bolivia participa de los beneficios del bloque sin renunciar a su autonomía ni a su capacidad de definir su política exterior y económica según sus prioridades nacionales. Pero con o sin esta posibilidad, la adopción normativa es tarea urgente y prioritaria.
Adalid Contreras Baspineiro es sociólogo
