Marcelo Renjel R.
El reciente discurso de posesión del presidente Rodrigo Paz Pereira ofreció un diagnóstico descarnado de la Bolivia que heredamos: un Estado convertido en «monstruo burocrático», una economía ahogada por la deuda y la informalidad, y una sociedad empobrecida y fatigada por la polarización. Frente a este panorama, su propuesta de un Acuerdo Nacional del Bicentenario no es solo un llamado a la unidad, sino la hoja de ruta urgente para una transformación histórica. Este pacto debe ser el cimiento de un Estado que deje de ser una tranca para convertirse en el motor de una Bolivia inclusiva, próspera y democrática.
La profundidad de la crisis, además de exigir medidas inmediatas, demanda una respuesta estructural articulada en cuatro ejes fundamentales que se entrelazan y refuerzan mutuamente. No es posible enfrentar con acciones aisladas problemas como el déficit fiscal crónico, el desabastecimiento de combustibles, una inflación superior al 22% anual, el 85% de informalidad y la peor sequía de inversión extranjera directa de nuestra historia.
El primer eje consiste en la recuperación de la institucionalidad democrática, comenzando por los nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa de autoridades clave en instituciones estratégicas —entre otros, los titulares de YPFB, ENDE, COMIBOL, el presidente del BCB y el Contralor General del Estado —. Este proceso trasciende lo administrativo para convertirse en el punto de partida que despolitice la gestión pública, ponga fin a los interinatos, promueva la meritocracia y restaure la credibilidad, eficiencia y eficacia de las empresas estratégicas e instituciones estatales.
El segundo eje comprende una agenda legislativa integral para modernizar el marco regulatorio y atraer inversiones en sectores económicos estratégicos. Esto incluye leyes específicas para hidrocarburos, minería, tierras raras, recursos evaporíticos y energía, junto con un nuevo régimen de inversiones que reactive y desarrolle la infraestructura pública mediante alianzas público-privadas. Complementariamente, dos iniciativas resultan cruciales: una ley corta o transitoria de autonomías regionales que materialice la oferta electoral de asignación del 50% de los recursos a los departamentos y municipios, y una actualización normativa ambiental que garantice la protección y uso sostenible de nuestros recursos naturales. Estas medidas permitirán que el crecimiento económico se genere desde las regiones, asegurando un desarrollo equilibrado en todo el territorio.
El tercer eje se centra en la transformación educativa, tecnológica y sanitaria. Las reformas económicas no tendrán éxito sin capital humano capacitado. Es fundamental vincular la educación superior con las demandas del mercado, implementar gestión por resultados en universidades públicas y promover investigación aplicada. Paralelamente, la reforma del sistema de salud —incluyendo la renovación de la Caja Nacional de Salud— es prioritaria para garantizar servicios dignos a una población productiva.
El cuarto eje aborda la reforma judicial, el combate a la corrupción y la seguridad ciudadana, mediante una transformación profunda del sistema judicial —que podría emanar del propio Poder Judicial— y el establecimiento de un régimen de integridad que incluya la transformación digital del Estado. La modernización policial y una estrategia robusta contra el narcotráfico y el crimen organizado completan este pilar fundamental para el desarrollo nacional.
En un gesto que podría definir el éxito de este esfuerzo colectivo, la promesa electoral del presidente Paz de renunciar a la reelección emerge como elemento catalizador que otorga credibilidad a todo el proceso. Al ratificar esta decisión, el mandatario sentaría la base de confianza necesaria para que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria se sumen a este proyecto, demostrando que el bien común prevalece sobre las ambiciones de poder.
Como ocurrió con los Pactos de la Moncloa en la España de los años 70, donde fuerzas antagónicas acordaron un programa para transitar de la dictadura a la democracia, Bolivia tiene hoy la oportunidad de escribir su propio acuerdo histórico. Este Acuerdo Nacional del Bicentenario representa la ocasión de transformar el «Estado tranca» en un Estado facilitador que promueva productividad, inversión, servicios públicos de calidad y oportunidades y dignidad para todos los bolivianos. Como afirmó el presidente, «Bolivia vuelve al mundo y el mundo vuelve a Bolivia». Que este acuerdo, cimentado en la renuncia personal y el compromiso colectivo, sea el fundamento de ese reencuentro histórico con nuestro destino de grandeza.
Marcelo Renjel es consultor internacional, experto en políticas públicas
