Por: Alfredo J. Zaconeta Torrico*
El 31 de octubre de 1952 tiene muchos significados, diferentes miradas y actores claves, por lo mismo vale la pena continua realizando algunas precisiones sobre esta fecha, sus causas y efectos.
El 21 diciembre de 1942 se produjo la Masacre de Catavi, punto culminante de una huelga de varios meses en las minas de Patiño: una marcha de mineros encabezada por sus esposas fue reprimida y masacrada por el ejército, entre las mujeres victimadas estaba Maria Barzola, palliri que se encontraba en la vanguardia de esta movilización.
Dos años después, en 1944, los mineros concretaron la fundación de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), alcanzando así la unidad nacional de los sindicatos mineros, de la cual destacaron grandes líderes como Juan Lechín, Federico Escobar, Irineo Pimentel, Cesar Lora entre muchos más.
La nacionalización de las minas, nace en idea, del seno de los trabajadores mineros sindicalizados, en la década de los años cuarenta del siglo pasado, la misma que se constituye como uno de los pilares de la Tesis de Pulacayo en 1946; la FSTMB aprobó este documento que permitió el avance a la independencia de clase del proletariado minero boliviano, que posteriormente se constituyó en la vanguardia de la clase obrera del país.
Pasada la revolución del 9 de abril de 1952, Víctor Paz pretendió zafarse de su palabra empeñada y no quiso concretar la nacionalización; solo la firmeza de los mineros exigió a Juan Lechín realizar una conminatoria a Víctor Paz para nacionalizar las minas, de lo contrario se vendría la segunda revolución, esta vez para sacar al MNR del poder.
Llegó el 31 de octubre de 1952 y en los Campos de María Barzola (Catavi), fue firmado el Decreto Supremo No 3223, que nacionaliza por causa de utilidad nacional, las minas y bienes de las empresas que forman los grupos Patiño, Hochschild y Aramayo.
Las minas que pasaron a dominio del Estado fueron: Bolsa Negra, Kami, San José, Colquiri, Morococala, Huanuni, Alantata, Catavi, Antequera, Colquechaca, Colavi, Unificada del Cerro Rico de Potosí, Pulacayo, Matilde, Chorolque, Ánimas, Chocaya, Oploca, Venus,
Pampa Grande y Viloco, además de otras propiedades que guardaban relación con el aprovisionamiento de electricidad a estos centros mineros.
Pampa Grande y Viloco, además de otras propiedades que guardaban relación con el aprovisionamiento de electricidad a estos centros mineros.
Entre 1952 y 1956 se aprueban otras normas vitales para la minería:
- Nº 3037 de 12 de Abril de 1952, que crea el Ministerio de Minas.
- Nº 3196 de 2 de Octubre de 1952, que crea la Corporación Minera de Bolivia.
- Nº 3814 de 19 de Agosto de 1954, declarando caducas las concesiones del Mutún.
- Nº 3229 de 7 de Noviembre de 1952, sobre reversión de Yacimientos auríferos al Estado.
- Nº 4236 de 24 de Noviembre de 1955, declarando la reserva fiscal de minerales estratégicos.
- Nº 4458 de 18 de Julio de 1956, sobre plan de reorganización de la Corporación Minera de
Bolivia.
Lo que muy poco se comenta es que por esta “nacionalización”, el estado boliviano tuvo que realizar cuantiosas indemnizaciones a los Barones del estaño.
Si bien el mandato de los trabajadores mineros señalaba no pagar indemnización alguna, la presión internacional ante la sucumbió Paz Estenssoro, derivó que entre 1953 y 1961 se pague más de 22 millones de dólares; además, el Gobierno tuvo que pagar los beneficios sociales a todos los trabajadores, pago que correspondía a las ex empresas de Simón Patiño, Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, y posteriormente los recontrató, llegando así la planilla de la flamante COMIBOL de 24.000 a 36.000 trabajadores en 1956.
Después de lo mencionado, surgen algunas conclusiones, entre ellas:
La nacionalización de minas de 1952 no consolidó el desarrollo de nuestro país, menos de su minería, ya que tuvieron que pasar dos décadas para que se instale la primera fundición.
Aunque de forma entusiasta muchos políticos e historiadores aseguraron que “Bolivia había alcanzado la independencia económica”, en los hechos esto no fue así, ya que nuestros minerales seguían siendo exportados en calidad de concentrados y nuestra economía continúe dependiendo del comportamiento de los precios internacionales. Si bien la COMIBOL se hizo cargo de la producción minera, las empresas de los barones del estaño continuaban detentando el control de las comercializadoras y fundiciones en el exterior del país.
Las malas decisiones que se asumieron sobre la COMIBOL, desde su fundación acarrearon a otros errores entre lo administrativo y técnico, que fueron las causales para que medidas como el Plan Eder (1956) y el Plan Triangular (1961), vayan revirtiendo de a poco la esencia de la nacionalización de las minas planteada por la Tesis de Pulacayo, que en 1986, recibió la estocada final a través del D.S. 21060, en el cuarto gobierno de Víctor Paz.
Del 31 de octubre de 1952, ¿cuánto cambio nuestra minería?, ¿qué desafíos aún restan para lograr la tan anhelada industrialización de la misma?, esas y otras dudas son las que continúan encontrando demagogia antes que respuestas a 66 años de lo que llamaron nacionalización.
Alfredo Zaconeta es periodista
Twitter: @alfredozaconeta
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