La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista Canedo, denunció este sábado una “influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”. Sin embargo, no reveló los nombres de los partidos que ejercen, en su criterio, esa influencia.
En opinión de la vocal Baptista, la presión política partidaria frenó su objetivo de corregir “los defectos y falencias existentes en el sistema electoral nacional” y “lograr el esclarecimiento real y definitivo de lo sucedido en la elección de 2019”.
“Después de casi dos años y dos procesos electorales; desde mi Vocalía he intentado (…) atender de manera imparcial las denuncias que buscan justicia en el ámbito electoral tanto de pueblos indígenas, así como de las mujeres en el ejercicio de la política”, agregó Baptista, en una declaración de prensa difundida hoy.
También dijo que solicitó, “de forma intransigente, información e investigación para responder a la población que expresó dudas sobre la integridad del padrón electoral”.
Pero —aseguró Baptista— “éstos deberes institucionales no han sido posibles de ser cumplidos, debido a la influencia política partidaria que se ejerce sobre la mayoría de los vocales elegidos”.
En enero del presente año, Baptista fue procesada y suspendida del cargo de manera temporal por la presunta comisión de faltas graves y muy graves. Este hecho fue consecuencia de una carta que envió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la que pidió una auditoría integral de las elecciones del 18 de octubre de 2020.
En marzo pasado, Baptista sufrió otra suspensión en el ejercicio de su cargo después que el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Ramiro Venegas, la denunciara por la supuesta comisión de una falta muy grave, cometida, aparentemente, por demorar en responder a una petición de informe.
Persecución política
Baptista dijo que una parte de los vocales impide el cumplimiento de las obligaciones que determinan la ley y “nuestros deberes hacia la ciudadanía, a la cual nos debemos”.
“En mi caso, el precio por pretender actuar en base a la Constitución y la ley ha sido la persecución política, en lo interno, a través de procesos disciplinarios y acoso laboral, extensivo al personal de mi entorno”, añadió.
La vocal indicó, demás, que en el ámbito externo experimenta denuncias penales y amenazas que ponen en riesgo su mandato como Vocal del TSE, sus derechos civiles, su integridad y su seguridad.
En octubre pasado, Baptista interpuso una acción de amparo constitucional contra los vocales del TSE que la suspendieron sin goce de haberes por 22 días. Este hecho, en su criterio, vulneró su derecho al debido proceso en sus dimensiones adjetiva y sustantiva.
