Giovanna Hurtado Aponte – CEDLA
Las personas que sufren algún tipo de limitación permanente, también denominadas personas con capacidades diferentes constituyen uno de los grupos más vulnerables en nuestro país y el actual conflicto evidencia la marginación en la que se encuentran. Este conflicto, entre otras cosas, arrastra la interrogante acerca del número de personas que viven con algún tipo de limitación permanente o de largo plazo, entre ellas: limitaciones físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales.
Si bien en las últimas semanas se han manejado diferentes cifras sobre esta población, la encuesta de hogares del INE-2014 reporta un total de 151.882 personas que viven con algún tipo de limitación permanente; la mayoría tienen edades que están por encima de los 49 años (60%), una tercera parte se encuentra comprendida entre las edades con mayor propensión a la actividad económica (15 a 49 años), mientras que el resto son niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.
Según esta fuente, los casos más comunes de discapacidad corresponden a la limitación auditiva que afecta al 34,2% de esta población, luego se encuentra la falta o inamovilidad de piernas reportada por el 29,7%, y la limitación visual o ceguera que aqueja al 22%. Con porcentajes menores se observa la falta o inamovilidad de brazos (13,3%), la limitación para hablar, comunicarse o conversar (13,1%) y finalmente, otro tipo de limitación entre la que destaca aquella de carácter intelectual.
Independientemente del tipo de limitación que presenten (leve, moderada, grave o muy grave), los hogares que tienen entre sus miembros al menos una persona con discapacidad reportan ingresos muy bajos, el 43% subsiste con un ingreso familiar menor a una Canasta Normativa de Alimentos-CNA que para el 2014 era equivalente a 2.263 bolivianos. Con un ingreso de estas características, la demanda de un bono de 500 bolivianos es justa aunque se anticipa que no resolverá su precaria situación económica, al menos les permitirá paliar sus necesidades más apremiantes.
Los obstáculos que deben hacer frente estos hogares no son solo de tipo económico sino también aquellos relacionados con los prejuicios de una sociedad que los relega y los margina privándoles del ejercicio pleno de sus derechos. Veamos algunos ejemplos.
Acceso a la educación
Es importante señalar que el 29,7% de esta población no tuvo ningún tipo de oportunidad de ingreso al sistema educativo. A pesar que la Ley 223 señala que el Estado Plurinacional de Bolivia “garantiza el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el Sistema educativo, en el marco de la educación inclusiva e integral”(1), las restricciones para esta población persisten hasta ahora. En 2014, el 38% de los que se encuentran en edad escolar no asistía a la escuela, otro 38% aprobó algún curso de la primaria y solo el 24% había llegado a la educación secundaria. Entre los mayores de 19 años solo el 3% pudo acceder a la educación superior.
¿A qué se dedican las personas con limitaciones permanentes?
En 2014, seis de cada diez personas con alguna limitación permanente no tenían trabajo y no estaban disponibles para trabajar, es decir que formaban parte de la población inactiva en forma involuntaria por su condición de enfermo o discapacitado. Mientras que cuatro de cada diez estaba trabajando o buscaba un trabajo activamente, es decir que formaban parte de la fuerza laboral del país.
Algunas características de los ocupados
De acuerdo con la información oficial, las personas con algún tipo de limitación permanente que tienen un trabajo representan el 1% de todos los ocupados del país con 54.190 personas. De este total, solo el 32% son asalariados o son personas que dependen de la venta de su fuerza de trabajo y de un salario fijo para subsistir, una proporción similar a la que registran los demás ocupados, lo que expresa que la norma que establece un cupo de 4% de la planilla de las empresas y entidades públicas para el empleo de este grupo de personas no se cumple. En consecuencia, la mayoría se ocupa por su cuenta en el sector informal (68%).
Las personas con discapacidad se ocupan en actividades agropecuarias, el comercio, la manufactura, alojamiento y servicio de comidas y la construcción. El 44% trabaja más de 48 horas por semana para compensar los bajos ingresos que perciben ya sea como asalariados o independientes. La mitad de los ocupados obtiene un ingreso igual o menor a un Salario Mínimo Nacional (SMN), fijado en 1.440 bolivianos para 2014. Finalmente, solo dos de cada diez ocupados aporta para su jubilación, reflejando la desprotección social a la que están expuestos, la misma que se extiende al área de atención de su salud.
Condiciones laborales de los trabajadores asalariados
Entre los trabajadores asalariados (17.126 personas), la mayoría encuentra oportunidades laborales en el sector privado (65%), principalmente en negocios familiares, micro y pequeñas empresas, mientras que las posibilidades de emplearse en el sector estatal, son menores (35%).
Por otro lado, contar con un trabajo asalariado no garantiza el acceso a la seguridad social de corto y largo plazo. En 2014, solo cuatro de cada diez asalariados cotizaba al sistema de pensiones y tenía cobertura de salud. Las demás prestaciones laborales que por ley les corresponde benefician a una parte: únicamente tres de cada diez tiene derecho a vacaciones y cuatro de cada diez recibe aguinaldo.
[1] Artículo 10 (DERECHO A LA EDUCACIÓN) de la Ley Nº 223 del 2 de marzo de 2012, Ley General para personas con Discapacidad.
