Raúl Peñaranda Undurraga
(Tomado de Página 7)
Un titular reciente del diario La Razón puede ser sintomático de lo que el Gobierno está tramando para las elecciones de 2014. El lunes 9, el periódico del oficialismo señaló: «Los sectores sociales cercanos a Evo tienen 4,5 MM de afiliados”.
Esos cálculos, realizados por dirigentes rurales proclives al Ejecutivo, son claramente equivocados. Si las 4,5 millones de personas que integran esas organizaciones, como dice La Razón, podrían votar por Evo Morales, significa que son mayores de edad. Multipliquemos esa cifra por sus cónyuges e hijos. Sólo la población rural superaría los diez millones de habitantes, es decir más que toda la población nacional. Por eso la estimación de esos dirigentes es errónea.
Existen en Bolivia 5,3 millones de personas inscritas para votar. Si las entidades afines a Evo son 4,5 millones, entonces representan un colosal 86% de la población votante. Es más, del ya elevadísimo (e irreal) 74% al que aspira Evo en los próximos comicios y 1,6 millones más de votos a favor del MAS que los que recibió en los últimos comicios.
Ésta es una manera, para el oficialismo, de ponerse el parche antes de la herida ante las futuras evidencias de fraude. Si el MAS logra esa cifra, que no condice obviamente con los resultados de ninguna encuesta, se defenderá de los alegatos de fraude respaldándose en los supuestos 4,5 millones de militantes de las organizaciones señaladas.
Siempre he afirmado que en el país no existe el fraude. Cuando Evo ganó con 54% y luego 64%, aseguré que eran victorias limpias. Mi argumento es éste: existe en Bolivia lo que se llama preclusión, que implica que el acta de votación, firmada por los ciudadanos, aún con errores, es irrevisable, nadie puede corregirlas después.
Las cortes departamentales solamente suman esas actas, que se publican individualmente en internet, permitiendo al elector compararlas con su propia experiencia. El tribunal nacional no revisa tampoco lo efectuado por las cortes departamentales. Ante problemas serios que obligan a la anulación del voto, los ciudadanos de las mesas observadas vuelven a sufragar dos semanas después de los comicios.
Una cosa más: los jurados de mesa son elegidos, al azar, entre los inscritos. Cuando uno no asiste, se designa como jurado a otro votante de la misma mesa: el que llegó primero. Con toda esa explicación yo sostenía que no había fraude.
¿Qué ha cambiado? La operación secreta del Tribunal Electoral, que, sin previo aviso, afirma que ya tiene listo un sistema de voto electrónico para poner a prueba en las elecciones de la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (COTEL) y que luego aplicará para los comicios presidenciales del próximo año.
¿El sistema ya está listo? ¿Así nomás? ¿Nos perdimos las licitaciones para contratar a especialistas? ¿Y para comprar sofisticadas computadoras, a un costo millonario? ¿Bolivia logró crear la tecnología necesaria en sólo un año y toma la delantera en el voto electrónico? ¿Se hace todo esto sin avisarle a nadie?
Holanda prohibió el voto electrónico hace unos años porque no asegura el secreto del sufragio; Alemania lo declaró inconstitucional; Gran Bretaña cree que no da suficiente confianza; Irlanda lo descontinuó de manera indefinida. ¿Y en Bolivia queremos avanzar en él? ¿Para qué meternos en esos líos? La única explicación es el intento de fraude.
Al eliminarse las actas de votación, al desaparecer el concepto de preclusión, al no haber jurados designados al azar (porque los que operan las máquinas deben ser capacitados previamente y contratados por el Órgano Electoral), al no existir ningún acta firmada por jurados, ni publicada por tanto en internet, se generará una enorme sombra de duda sobre todo el proceso electoral.
Primero, se nos informa que habrá voto electrónico; luego se nos advierte que Evo tiene, por lo menos, 86% de votos asegurados. Hay fraude a la vista.
Raúl Peñaranda Undurraga es periodista.
