Un análisis de las políticas públicas aplicadas del MAS durante más de década y media de permanencia en el poder revela que no pudo transformar la economía como se había propuesto el 2006 y que, en consecuencia, el país vive “una crisis latente de múltiples aristas”.
El análisis fue elaborado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), con el foco puesto en tres áreas productivas: hidrocarburos, minería y agricultura.
“La actual situación de la economía y la sociedad bolivianas es la de una crisis latente de múltiples aristas. La economía, después del rebote post-COVID de los años 2021 y 2022, vuelve a mostrar síntomas de una crisis en dos ámbitos esenciales: la insolvencia creciente del fisco y el incremento de la brecha en el sector externo”, indica el reporte.
Agrega que, como consecuencia, “los problemas sociales se han agudizado, principalmente por la ampliación imparable de la informalidad y la precarización del empleo, y por la caída de los ingresos de la población trabajadora”.
Hidrocarburos y crisis
Cuando se refiere al sector hidrocarburífero, el informe señala que “la política de exploración acelerada del gas deja a la economía ante un escenario crítico”. El documento manifiesta que, el resultado de estas políticas “fue el consumo de las reservas probadas que, en ausencia de la obligatoriedad de su reposición en los contratos de operación, a la fecha no garantizan la provisión regular de los compromisos de exportación y dejan poco margen para el crecimiento del consumo interno”.
Enfatiza que la nacionalización anunciada “no significó la salida del país de las empresas transnacionales que operaban las concesiones petroleras, sino la consolidación del cambio radical en el régimen tributario en favor del Estado” que, dicho sea de paso, fue una modificación efectuada en 2005, un año antes de que el MAS llegue al poder.
“Este rentismo, que domina toda la política económica del modelo vigente, provocó el agotamiento acelerado de las reservas de hidrocarburos, sin ocuparse de su reposición ni de incentivar sectores productivos generadores de empleo y riqueza sostenible”, indica.
El CEDLA proyecto que, con el actual ritmo de consumo, las reservas sólo garantizarían la provisión de los contratos de exportación hasta 2026 y el consumo interno hasta 2041. Por ello, “podemos concluir que hemos llegado al fin del ciclo del gas, porque la renta gasífera ha dejado de ser la principal fuente de los ingresos fiscales, afectando la inversión y gasto públicos”.
El documento acompaña el análisis con datos, cuadros y proyecciones.
Minería en favor de privados
“La política minera ha consolidado el predominio de las empresas transnacionales y de las cooperativas en el sector”, indica el análisis del CEDLA como resumen de este sector.
Recuerda que la intención del MAS era lograr una minería estatal fortalecida, a través de una mayor producción e industrialización en el sector, pero que eso quedó en una intención. “Las políticas mineras desarrolladas desde 2006 derivaron, primero, en la consolidación de la presencia y dominio de capitales extranjeros en los yacimientos más grandes del país, y, segundo, en la aprobación de una serie de medidas y normas que no sólo robustecieron al subsector cooperativo, sino que le dieron el dominio sobre un mineral estratégico como es el oro”, indica.
Haciendo una comparación, señala que, antes de 2006, la minería del oro estaba dominada por el capital transnacional que, con maquinaria y tecnología de punta, desarrollaba sus operaciones a cielo abierto en Oruro y Santa Cruz, y producía entre 10 a 12 toneladas de oro por año. Mientras que, en 2022, el escenario ha cambiado. Ahora “la producción nacional marcó un récord de 53,3 toneladas con un valor de $US 3.073 millones. El 99,6% de esa producción proviene de las cooperativas”.
Política agraria y desigualdades
“La política agraria no superó las desigualdades sociales en el campo”, concluye el CEDLA cuando se refiere a este sector.
Y, tal como lo hizo con los dos anteriores sectores analizados, compara lo propuesto por el MAS cuando ingresó al poder y lo que realmente ocurre en la actualidad (el análisis llega hasta el 2022).
“El gobierno del MAS no pudo superar el patrón de desarrollo agrario de tipo exportador que criticaba. No sólo ha seguido promoviendo una agricultura y ganadería de exportación, sino que tampoco ha logrado la soberanía alimentaria, pues las importaciones de productos agrícolas primarios y de alimentos manufacturados no han cesado de crecer entre 2006 y 2022”, describe el informe.
Por tanto, el Gobierno “no ha sido capaz de sustituir las importaciones de productos agrícolas básicos para la canasta familiar” y cita entre ellos al trigo, la harina de trigo, la papa, las hortalizas, que siguen llegando del extranjero a las ollas bolivianas.
“Los datos confirman que el MAS no representa a la gran masa de campesinos pobres, sino a los campesinos ricos o pequeños productores capitalistas que, como hemos visto, tienen una participación relativamente importante en la producción agropecuaria, como consecuencia de políticas que les han beneficiado. Una parte importante de estos productores son los denominados interculturales”, señala.
Importaciones, economías ocultas y pobreza multidimensional
La segunda parte del documento hace un análisis de la política de industrialización con sustitución de importaciones, llegando a la conclusión de que “quedó trunca”.
“Aunque varias plantas pequeñas de industrialización y beneficiado de alimentos comenzaron a funcionar en 2009, recién desde 2011 se pusieron en marcha las grandes plantas de industrialización, como la planta de separación de gas natural (2011), la nueva fundición de estaño (2015), la planta de urea/amoniaco (2017) y la planta de cloruro de potasio (2018). A la fecha, este proceso quedó trunco, pues la construcción de varias plantas no ha concluido y otras han sido desechadas definitivamente”.
Pese a los problemas, con la producción de biodiesel, el gobierno ha renovado las promesas de industrialización “reiterando por enésima vez proyectos como la refinación de minerales, la industrialización de productos agrícolas y otros, confirmando el fracaso de los anteriores experimentos gubernamentales”.
El documento también pone el foco en las economías ocultas, en referencia al narcotráfico. “El incremento de la importancia económica del narcotráfico en Bolivia y su extendida cobertura social se han agravado a partir de la desinstitucionalización estatal, la vulneración e inaplicabilidad de las normas, y la extendida corrupción en el aparato del Estado”, analiza el CEDLA.
Luego, el documento alerta que “los problemas que explican el alto índice de pobreza multidimensional en el país no sólo persisten, sino que en muchos ámbitos se han profundizado, lo que hace suponer que el número de pobres multidimensionales no se haya reducido. Es más, es muy posible que en los últimos años se haya incrementado y que tienda a incrementarse”.
De hecho, la entidad vaticina que «la crisis se profundizará y que las causas que hacen posible que el 61,7% de la población viva en situación de pobreza multidimensional no se modificarán o tenderán a agudizarse».
Para concluir finalmente que “el Gobierno del MAS enfrenta el fin del ciclo rentista del gas sin haber podido siquiera afrontar seriamente importantes tareas nacionales pendientes —como el de la industrialización— y sin haber podido, por tanto, transformar la economía del país que sigue caracterizándose por su atraso”.
Puedes consultar e informe completo aquí:
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