La legalización de cultivos genéticamente modificados (GM) en Bolivia no es una solución que aporte a enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Esta es la posición de la Fundación TIERRA establecida en un documento de divulgación pública, a propósito de la reciente propuesta de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) al gobierno nacional para aprobar el uso de nuevas variedades de cultivos transgénicos que incluyen la soya Intacta, la soya HB4, el trigo HB4 y el maíz Bt.
Según la CAO y otros gremios agropecuarios, la adopción de estos cultivos podría generar importantes beneficios económicos, incrementando los rendimientos agrícolas y mejorando la productividad en un momento en que la economía nacional está en aprietos. Su propuesta tiene como base un estudio de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) que asegura que la soya Intacta podría incrementar la productividad en un 28%, una cifra que ha sido promocionada como un argumento central en favor de la legalización.
Sin embargo, la Fundación TIERRA cuestiona la veracidad de estas afirmaciones, advirtiendo que los cultivos genéticamente modificados no traerán las mejoras significativas que se esperan. «Los resultados divulgados por la UAGRM no son confiables están alejados de la verdad y los probables impactos positivos están excesivamente sobreestimados y sesgados «, afirma la institución, con base en dos estudios clave que muestran incrementos de rendimiento mucho más modestos. El primero es de Monsanto (ahora Bayer), principal comercializador de soya Intacta, que indica que este producto proporciona un incremento promedio del 6,4%. El segundo es el estudio de Graham Brookes (2018), realizado en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el auspicio de Monsanto, que concluye que el rendimiento aumenta en 9,2%.
Para la institución, los cultivos genéticamente modificados no solo fallarán en resolver la crisis económica, sino que podrían agravarla. «La legalización de estos cultivos no mejorará sustancialmente los volúmenes de producción ni las exportaciones, y podría aumentar la demanda de diésel subvencionado, lo que tensaría aún más las finanzas públicas del país», advierte el comunicado.
El gobierno y los sectores agropecuarios conformaron un gabinete agropecuario extraordinario que se reunirá este sábado para abordar el tema productivo con sectores empresariales. La determinación fue tomada luego de una reunión que sostuvieron ambos sectores en Santa Cruz, donde el sector productivo solicitó acceso a “biotecnología” para mejorar la producción.
Según TIERRA, la verdadera motivación detrás de la demanda agropecuaria para legalizar los cultivos genéticamente modificados no es mejorar la productividad, sino reducir los costos de producción mediante el uso de herbicidas más potentes y tóxicos, como el glufosinato de amonio. Este químico, que es más dañino que el glifosato, representa un riesgo significativo para la salud pública y el medio ambiente.
Respecto al maíz Bt, que ya se utiliza ilegalmente en gran parte del departamento de Santa Cruz, la Fundación TIERRA afirma que su legalización no revertirá la tendencia de bajos rendimientos agrícolas. «Los problemas estructurales de la agricultura boliviana, como la degradación del suelo y la deforestación, no se resolverán con el uso de cultivos genéticamente modificados», subraya la organización.
El «gabinete agropecuario extraordinario», convocado para este sábado por la CAO y al que asistirá el presidente Luis Arce, analizará las temáticas expuestas, por lo que TIERRA insta al gobierno a no ceder ante la presión política para legalizar estos cultivos como una medida para enfrentar la crisis económica. «Incluir el uso de biotecnología en la agenda de diálogo sobre la crisis económica sería un acto de oportunismo que podría tener consecuencias negativas a largo plazo», concluye la institución.
