El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en respuesta a una petición envió una carta al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, para decirle que no se determinó “la existencia de indicios de responsabilidad penal o administrativa en su contra” en el caso de legalización irregular de una carta fabricada por el magistrado del TCP, Petronilo Flores, para salvarse de un juicio de responsabilidades.
“Se puede evidenciar que el suscrito en ningún momento hace alusión a su persona (…). En consecuencia, de la revisión señalada en el oficio CITE: TCP/PRES/RAVZ N° 02/2022, dichos indicios de responsabilidad no son atribuibles a su persona”, señala la misiva firmada por Rafael Ariel Vargas Zalleg, coordinador de despacho de la Presidencia del TCP fechada el pasado 09 de febrero.
El pasado 4 de febrero, Ariel Vargas envió una carta a Claudia Sánchez Escóbar para comunicarle que “la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción mediante su informe final TCP – UTLCC N° 01/2022 de 24 de enero determinó la existencia de indicios de responsabilidad penal y administrativa, consiguientemente sugiere a la instancia administrativa para su procesamiento y en sujeción a la Ley 974 informa que se encuentra en elaboración de denuncia para su remisión al Ministerio Público”.
Claudia Sánchez sostiene que, la determinación de indicios de responsabilidad por parte del TCP, involucra a Marvín Molina porque él es la persona a quien denunció el 10 de noviembre de 2021 por falsedad material debido a que legalizó una nota “fabricada” por el magistrado Petronilo Flores para salvarse de un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
En declaraciones a Radio Compañera de La Paz, Marvin Molina reconoció que “legalizó” la cuestionada carta que Flores remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional pese a que ese documento no tenía cite.
Molina aseguró que no conoció ni conoce a Claudia Sánchez y afirmó que él no la acosó en ningún momento. Sánchez dijo que no denunció a Molina por acoso, sino por haber haber legalizado un documento incorporado de manera irregular dentro del expediente que remitió el TCP a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Este documento no fue parte del proceso ni del expediente del proceso sumario por acoso sexual sustanciado el año 2018 y parte del 2019 contra Pablo Martínez Cruz, jefe de Unidad de Descolonización del TCP aquel año”, agregó.
Sánchez trabajó en el TCP desde enero de 2018 hasta mayo de 2019 como abogada constitucionalista. En 2018, denunció al entonces jefe de la unidad de Descolonización del TCP, Pablo Martínez Cruz, por acoso sexual e informó del caso al presidente del TCP de entonces, Petronilo Flores.
En lugar de remitir la denuncia al Ministerio Público, Flores no hizo nada. Pero después que Claudia Sánchez lo denunció ante la Asamblea Legislativa por esa inacción, el magistrado hizo aparecer una carta dirigida a José Tórrez Álvarez, autoridad sumariante del Tribunal Constitucional Plurinacional en 2019, y la envió al Comité de Justicia Plural de la Cámara de diputados como si hubiese cumplido con su deber de remitir la denuncia contra Martínez Cruz al Ministerio Público.
“Esa nota que no se produjo en el proceso y que fue remitida a la Asamblea fue legalizada de forma irregular por el doctor Marvin Molina con el fin de favorecer al magistrado Petronilo Flores”, acusó.
La legalización de nota que no existía salvó de un juicio a Flores
Según Claudia Sánchez, la legalización de la nota signada con 7 de mayo de 2019 por parte de Marvin Molina “no es cosa menor”; dicha legalización tuvo un efecto jurídico directo en el sobreseimiento a favor del magistrado Petronilo Flores, cuando éste ya se encontraba con informe final para ser acusado.
“Sin embargo, en el informe alterno se valieron de esta nota que no es parte del expediente y que fue legalizado de forma irregular para decretar el sobreseimiento y archivo de obrados, dejando mi caso en total impunidad”, “sin la legalización de Márvin Molina, dicha nota signada con 7 de mayo, no hubiera tenido ningún efecto jurídico, menos para generarme un perjuicio y atentado a mi derecho para acceder a la justicia” señaló.
Sánchez manifestó que por esa razón denunció la irregular legalización, por parte de Marvin Molina (en su condición de Secretario General del TCP), de una nota que no es parte del expediente del Sumario Administrativo 33/2018. Por tanto la denuncia del TCP debe ser contra el ex Secretario General del TCP q y otros. De lo contrario las autoridades del TCP estarían encubriendo delitos
“La alteración del expediente que está en custodia del TCP no sólo es de conocimiento de su presidente, sino también de la Sala Plena, instancia a la que se hice conocer mediante oficio de 25 de enero de 2022, reiterando el deber que tienen de denunciar la alteración del expediente y la irregular legalización”, explicó.
Sánchez aseguró que la “nota extraña” fue incorporada al expediente en medio de fojas 630 y 631 con posterioridad a su archivo.
“La copia del expediente fue foliada nuevamente en el proceso ordinario con fojas 772 y 773, dónde tampoco existe la nota de 7 de mayo de 2019, firmada por el magistrado Flores”, dijo.
Sánchez acusa al presidente del TCP de encubrimiento
En la carta del 4 de febrero pasado, el Tribunal Constitucional Plurinacional se comprometió a remitir este caso de falsedad material al Ministerio Público.
“Lamentablemente, hasta la fecha el presidente del TCP, Paúl Franco Zamora, no presentó la denuncia a la Fiscalía. Mi persona hizo conocer el 10 de noviembre de 2021, de la alteración del expediente que está en custodia del TCP”, manifestó.
En criterio de Sánchez, el magistrado Franco, al no presentar la denuncia a la Fiscalía, está incurriendo en los delitos de encubrimiento, omisión de denuncia, e incumplimiento de deberes.
“Por esta razón, presentaré denuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, de la misma forma que hice contra el magistrado Flores”, añadió.
