Rodolfo Huallpa
(Parte Uno del reportaje ganador del fondo concursable convocado por la Asociación de Periodistas de La Paz).
Muy pocos casos de agresión a periodistas son denunciados penalmente. Los que llegaron a la Policía o el Ministerio Público entre 2023 y 2024 no avanzan o se cierran, dejando a los agresores impunes y libres, y a periodistas con secuelas, miedos y resignados con un Estado que no cumple con su obligación de prevenir, proteger y procurar justicia en delitos que atentan contra las libertades de expresión y de prensa, incluso, a pesar de recomendaciones de organismos internacionales para crear una instancia de protección de periodistas.
Las cifras de la violencia hacia periodistas en Bolivia son crecientes. Según el Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, en 2023 se han registrado 143 casos que atentan contra la libertad de prensa en el país, un promedio de una agresión cada dos o tres días. Al primer cuatrimestre de este 2024, la cifra ha llegado a los 26 casos. De estos números, son muy pocos los casos que son denunciados ante la Fiscalía.
Sólo un total de 11 periodistas y camarógrafos han decidido denunciar ante el Ministerio Público las agresiones que han sufrido en la cobertura de hechos noticiosos: Rodrigo Fernández de La Paz, Armando Montecinos y Jorge Huanca de Oruro, y Miguel Angel Rivero, Joel Orellana, Leonardo Gil, Mario Rocabado, José Tarqui, Guider Arancibia, Noelia Flores y Ariel Vargas de Santa Cruz. Los datos son del Observatorio de UNITAS.
La característica es casi similar, los agresores son funcionarios del Estado, sean estos policías o incluso jueces y fiscales que no cumplen con su deber de investigar estos hechos, haciendo que el periodista sufra no sólo por la agresión recibida, sino también por la inacción de fiscales que no investigan y jueces que no imparten justicia. Otros casos tienen que ver con periodistas vulnerados por cooperativistas mineros o grupos de choque. A continuación, el drama que a muchos de ellos les toca vivir.
Rodrigo Fernández buscó justicia y recibió la indiferencia del Estado
Rodrigo Fernández (foto) es un periodista de la red Erbol de la ciudad de La Paz. Él sufrió la pérdida auditiva del oído izquierdo, producto de la explosión de un petardo en su hombro, que, según su testimonio, fue disparado por un grupo de choque del MAS en una manifestación en enero de 2023, cuando la población salió a demandar la libertad de los presos políticos. En esa ocasión, al menos nueve periodistas fueron agredidos, pero Rodrigo fue el más afectado.
Él denunció el caso ante el Ministerio Público, pero no se investigó el hecho ni a sus autores. La investigadora asignada fue la fiscal Viviana Quispe, quien meses después de presentada la denuncia, determinó cerrar el caso, debido a la falta de pruebas que, denunció Fernández, se esperó que él presentara e investigara. “Yo no debería enseñar a investigar a un funcionario de la Policía que está preparado para eso”, reclamó el periodista.
“Puedo afirmar que la agresión y daño que han causado en mi salud, en mi oído izquierdo, han quedado en la impunidad. Los agresores están impunes. Hay antecedentes que a vista y paciencia, los policías no impiden que estos afines (al MAS) utilicen estos petardos y los apunten contra la integridad física de las personas”, deploró Fernández.
El periodista comentó que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lo llamó horas después de la agresión para expresarle su solidaridad y apoyo, pero, dijo, sólo fueron palabras que no se concretaron en hechos que permitan buscar justicia y reparación del daño.
Para Fernández es irónico que el gobierno brinde apoyo cuando es, según él y con pruebas de otras coberturas periodísticas, el que organiza estos grupos de choque. “Ellos (el Gobierno) dicen defender a la prensa y a la libertad de expresión, pero por debajo, si no son ellos, sus colaboradores son los que organizan estos grupos de choque”, denunció.
Siete policías impunes con la aquiescencia de la Fiscalía
Fines de 2022 y principios de 2023 fue una temporada de alta violencia a periodistas en Santa Cruz, por las protestas en demanda de la realización del Censo y la detención del gobernador Luis Fernando Camacho. En ambas manifestaciones, la Policía y grupos de choque salieron a las calles para levantar a través de la fuerza o de forma violenta a ciudadanos que acataron el paro, las víctimas no sólo fueron personas civiles, sino también periodistas. Cinco de ellos iniciaron acciones legales ante la Policía y el Ministerio Público: Miguel Angel Rivero, Joel Orellana, Leonardo Gil y Mario Rocabado de la red Unitel y José Tarqui del medio digital Periodismo Somos Todos.
La abogada que lleva el caso de la mayoría de los periodistas es Raquel Guerrero, que apoya este proceso junto a la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Ella confirma que varios de estos casos no avanzan en la Fiscalía debido principalmente a que desde esa institución se espera que las pruebas y pesquisas las realicen los mismos denunciantes.
“Tanto los fiscales policiales como el fiscal de materia de la justicia ordinaria, mientras vos no lleves estas pruebas a su escritorio, no hacen absolutamente nada, no hay investigación de oficio”, reprochó la jurista.
Uno de los casos que más ha indignado al gremio periodístico tiene que ver con el teniente Víctor Hugo Santelices, quien integró un grupo de siete policías que golpearon a Joel Orellana y Miguel Angel Rivero el 1 de enero de 2023, durante la cobertura de las represiones a las manifestaciones por la detención de Camacho en Santa Cruz. Luego de un año y medio de presentada la denuncia, en junio pasado, la fiscal Marioly Torrez determinó cerrar la investigación, libró de culpa a Santelices y dejó sin efecto la imputación que ya se había expedido en contra de éste por los delitos de lesiones graves y leves. Santelices, semanas antes, había ofrecido 100 dólares a las víctimas para negociar la suspensión de esa imputación.
Guerrero dio a conocer que, frente a la decisión fiscal, presentaron un amparo ante una sala constitucional, que decidió reabrir este caso en la vía disciplinaria. “Ahora esperamos que los fiscales policiales formulen una imputación y den de baja al policía agresor”, espera la jurista, quien lamenta que la Policía tampoco investigue a los otros seis policías que acompañaban a Santelices el día de la agresión. “Estos seis policías están quedando obviamente sin investigación, impunes, después de las agresiones que les hicieron a los periodistas Orellana y Miguel Ángel Rivero”, fustigó.
