Me permito comenzar señalando una irrefutable afirmación: el Segundo Aguinaldo sólo beneficia a trabajadores del Estado y empleados estables del sector privado formal. Lo que representa la implementación de una política que no democratiza la economía y que no significa otra cosa que una redistribución regresiva del gasto, pues representa más ingresos para quienes más tienen.
En este sentido, el Centro de Estudios de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), al referirse acerca del Segundo Aguinaldo entregado por última vez en 2015, señaló que no había significado una modificación de la estructura de distribución del ingreso nacional, pues fue una medida excepcional que sólo benefició a aproximadamente el 18% de los trabajadores (5% del área rural).
Observando un peor escenario, si desagregamos los datos que tiene el CEDLA en la actualidad y que señala que somos aproximadamente 5,5 millones de trabajadores en el país, de estos, sólo 1,1 millones son trabajadores formales. Sin embargo – de acuerdo a Encuestas de Hogares del INE del 4to trimestre de 2017 – el 20% (de los trabajadores formales) trabajan en la Pequeña empresa (formal), sector que ya amenaza con la imposibilidad de hacer este pago navideño (muchas negociaron con sus empleados en 2015), lo cual determinaría que máximo el 15% de los trabajadores (un poco más de 800 mil ciudadanos) del país, reciban este extraordinario beneficio.
Bajo este panorama, sólo queda la expectativa que – como insiste el gobierno – esta medida incremente la demanda interna (el consumo), que sin embargo beneficiará muy poco a la ya dañada industria nacional (principalmente las pequeña), y mucho más a la industria extranjera, que inserta sus productos baratos en nuestros mercados, de manera formal e informal (contrabando), ¡albricias para la mayoría de nuestros gremiales!
Ahora, vayamos a la esquina de los afortunados, las mismas encuestas del INE, señalan que 4 de cada 10 trabajadores “formales”, pertenecen al Sector Estatal y que por lo tanto reciben aguinaldo (y ahora segundo aguinaldo). Es decir, que alrededor de 450 mil empleados públicos en el país, recibieron alborozados la noticia del segundo bono navideño; pues ese presupuesto ya está hace varios meses reservado en las proyecciones del Tesoro General de la Nación, gracias a las mágicas predicciones de nuestras autoridades, que como grandes clarividentes, ya anunciaban que esto iba a pasar hace varios meses.
Y aunque pone en figurillas a los Administradores de gobernaciones, alcaldías y universidades, se trata una medida que es imposible no ejecutarla; al final, es una decisión tajante del Jefazo, lo cual conlleva a dejar de gastar o pagar otras cosas (inversión con seguridad) para cumplir con este beneficio extraordinario; ventaja que no tiene el dueño o directorio de una empresa, para ellos pagar este Bono, es contar con menor utilidad o tener mayor pérdida que sale de sus bolsillos, así de simple.
Cabe destacar también, que este bono denominado “Esfuerzo por Bolivia”, tiene como objetivo reconocer a los trabajadores y su rol contributivo en las políticas públicas (así lo consideró el Decreto Supremo de 2014). Sin embargo, si tomamos como medida la ejecución presupuestaria; es decir, la eficacia que tuvieron para realizar los funcionarios su trabajo; veríamos que en la gestión (2015), por ejemplo, 161 instituciones (de las más de 500 de todos los niveles del Estado), no lograron si quiera el 60% de ejecución presupuestaria; 92 instituciones lograron menos del 50% y 38 ni siquiera llegaron al 40% de ejecución; lo que pone en duda el merecimiento que tenían para recibir un Bono de productividad.
En el caso de las Empresas públicas, la duda es aún más seria, pues empresas como Construcciones del Ejército y ENATEX, cerraron sus puertas en 2014 y 2015 respectivamente, por ineficiencia en su administración; sin embargo, en ambos casos se pagó el Segundo Aguinaldo a sus trabajadores. La pregunta específica es, si sus gerentes y jefes, por ejemplo, merecían haber recibido este Bono Productivo; y si empresas con serios problemas en la actualidad, como Quipus, San Buenaventura y Siderúrgica del Mutún, lo merecen en esta gestión.
Sin embargo, lo que más intranquiliza, es la displicencia con que manejan el tema las autoridades, como viviendo una etapa de negación de la recesión en la que vivimos. Es así, los gastos corrientes del Estado crecen cada vez más, tomemos como ejemplo lo que ahora nos atañe: entre 2006 y 2017, el número de funcionarios públicos (incluidos policías, educadores y médicos), se incrementó de un poco más de 200 mil servidores, a más de 450 mil en la actualidad; y si el 2006 se gastaba menos de 15 mil millones de bolivianos en sueldos del Estado, el 2017 ya llegó a los 40 mil millones; para 2018, este monto sigue creciendo de manera imparable.
Al contrario, los ingresos estatales bajaron hasta en más del 20% entre 2014 y 2017, lo cual no se recuperará en la presente gestión, y provocará un nuevo déficit fiscal (el quinto año consecutivo).
Debe saber estimado lector, que en 2015, pagar el Segundo Aguinaldo costó al Estado 2.200 millones de bolivianos y en esta gestión, con facilidad superará los 2.500 millones; es decir, que causará un déficit fiscal de más del 1% del PIB, que se sumará al déficit ya proyectado por el Gobierno para 2018, que dice superará el 8%, lo cual sería trágico, pues superaríamos el récord deficitario de 2002 (años en los que dicen, “se pedía limosna” a los organismos multilaterales).
Para que Usted tenga una idea clara de lo que significa pagar el Segundo Aguinaldo, debe saber que el monto necesario (2.500 millones) superará en más del 20% la inversión programada de todos los gobiernos departamentales del país para el 2018; o que significa un monto similar al de inversión pública en Salud o Educación en el año; y que superará a la asignación a Vivienda o Saneamiento Básico en todo el país.
Esto por supuesto, nos lleva a pensar si este monto podría tener un mayor alcance y eficiencia, a través de inversión en el sector social o productivo. Como ejemplo, recuerde que el Ministro de Salud dijo que estaban programados 300 millones de dólares para el Seguro de Salud Universal que arrancará en 2019; el monto necesario para pagar el Segundo Aguinaldo, superará en al menos 60 millones estos recursos.
Julio H. Linares C. – Economista
