La falta de designación de 42 vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia sería una de las causas para el agravamiento en la retardación de justicia en el país.
El pasado 28 de mayo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) eligió a 42 vocales judiciales de los Tribunales Departamentales de: Chuquisaca, La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, los mismos que tomaron juramento el 4 de junio en la ciudad de Sucre.
Sin embargo, la designación de vocales fue cuestionada por el ministro de Justicia Iván Lima quien según la Sentencia Constitucional 0170/2021, dejaría sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y jueces.
“El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ha emitido la sentencia constitucional número 0170/2021 del 26 de mayo, que fue notificada y en esta decisión el TCP ha señalado expresamente que se deja sin efecto la convocatoria pública para la designación de vocales y todas las convocatorias ulteriores que se hubieran producido», aseveró Lima.
Empero, la Sentencia 0170/2021 solo deja sin efecto la convocatoria para las vocalías del departamento de Santa Cruz, ya que el resto no fueron cuestionadas, por lo que debía procederse a la elección de los vocales de los otros distritos, menos Santa Cruz
La convocatoria para la postulación a cargos de vocales y jueces fue lanzada en diciembre de 2020, la misma que se extendió hasta el mes de febrero de 2021, fijando un examen de evaluación el mes de marzo, mismo que fue suspendido, habilitándose nuevamente en el mes de abril.
Acefalías de vocales
Por consultas realizadas por RimayPampa, el promedio de causas sorteadas por vocal, por semana alcanzan entre 5 y 6, lo que hace que cada vocal debería atender entre 260 causas al año aproximadamente. Actualmente las acefalías de vocales en los 9 departamentos -unas por cumplimiento de gestión y otras acéfalas de hace más de 1 año- alcanzan a 42, lo que hace que en promedio 10.920 causas por año aproximadamente no gocen de atención, a consecuencia de la no designación de vocales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
A continuación presentamos el detalle de acefalias a nivel nacional, según la convocatoria latente; sin embargo a la fecha otros vocales hubieran cesado ya en sus funciones:
- Oruro 3 vocales por cumplimiento de gestión
- Cochabamba 5 vocales por cumplimiento de gestión y 2 vocalías acéfalas desde 2019
- La Paz 11 vocalías por cumplimiento de gestión y 2 vocalías acéfalas
- Sucre 4 vocalías por cumplimiento de gestión
- Pando 1 vocalía por cumplimiento de gestión
- Beni 1 vocalía por cumplimiento de gestión
- Tarija 2 vocalías por cumplimiento de gestión y 2 vocalías acéfalas
- Santa Cruz 4 vocalías por cumplimiento de gestión y 1 vocalía acéfala
- Potosí 3 vocalías por cumplimiento de gestión y 1 vocalía acéfala
Retardación de Justicia sinónimo de negación de justicia
En un análisis realizado por el jurista William Herrera asevera que la retardación de justicia ha colapsado al Órgano Judicial y su eventual paralización, hecho que promueve la inseguridad ciudadana y muchas veces termina en la impunidad.
“La compleja retardación de justicia, que se refleja en el 85% de presos sin condena en Bolivia, termina promoviendo no sólo la inseguridad ciudadana y jurídica; sino también, la impunidad. Este fenómeno procesal, lejos de ser un problema doméstico se ha convertido en un verdadero cáncer, que ha terminado colapsando al Órgano Judicial, con toda la carga negativa que supone la virtual paralización de la justicia penal”, aseveró Herrera.
En criterio del jurista, la retardación de justicia en el fondo constituye una negación de justicia en una sociedad que se precia de civilizada, moderna y que aspira a vivir bien.
Violencia contra las mujeres el otro rostro de la retardación de justicia
En el mes de marzo, la diputada Gladys Quispe Chura (MAS) quien es presidenta del Comité de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, parte de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, informó que la retardación de justicia afecta con mayor énfasis a los casos de violencia contra la mujer; por lo que, planteó varias Peticiones de Informes al Consejo de la Magistratura.
La parlamentara señaló que las denuncias de retardación de justicia en casos de violencia contra la mujer siguen sumando. En esa oportunidad la parlamentaria mencionó, como ejemplo, el caso de una de víctima -que hizo llegar su denuncia a la Comisión de Derechos Humanos- en más de cuatro años no pudo instalar una audiencia de medidas cautelares; mientras tanto, el posible agresor continuaba atacando e instaurando procesos penales forzados contra la víctima.
Quispe también acotó que, otra de las víctimas manifestó que el agresor no solamente se ha quedado con todos los bienes gananciales del trabajo de más de 7 años en el exterior de la víctima; sino que, estaba a punto de ahorcarla, además de diferentes agresiones físicas y psicológicas, en más de 4 años de juicio, “tampoco se ha conseguido una sentencia condenatoria pese a las pruebas que han adjuntado”, apuntó la parlamentaria.
Justicia en la mira del GIEI
El martes 17 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó los resultados de su investigación, realizada sobre los hechos ocurridos en Bolivia durante la crisis política entre septiembre y diciembre de 2019.
Entre las 36 recomendaciones realizada por los expertos para el Estado Plurinacional, el GIEI también plantea: “Garantizar la independencia funcional y externa, y la estabilidad profesional de los jueces, juezas y fiscales. Lo anterior implica cesar la práctica de contratación en régimen provisional de estos profesionales. Asimismo, deben ser seleccionadas/os mediante convocatorias públicas y procesos transparentes, de acuerdo con criterios objetivos de mérito y de manera absolutamente independiente de motivaciones político-partidarias”.
