Organizaciones e instituciones de la sociedad civil exigieron, mediante pronunciamientos, una investigación imparcial y transparente del asesinato de Francisco Marupa, defensor del parque Madidi y miembro de la comunidad Torewa del Pueblo Leco, cuyo cuerpo fue encontrado el viernes en su chaco, en las márgenes del río Hondo. Asimismo, piden dar con los autores no solo materiales, sino también intelectuales del crimen.
Entre las instituciones y organizaciones que se pronunciaron en las últimas horas están el CEJIS, la Contiocap, la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, la Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA) y el Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB.
“Exigimos una investigación inmediata, rigurosa y transparente sobre los hechos en torno a la muerte de Francisco Marupa que identifique a los responsables materiales e intelectuales de esta pérdida”, señala un pronunciamiento del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).
Entre tanto, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), además de la mancomunidad de la zona, demandan una “investigación técnica, responsable e imparcial”, pero a la vez, piden que esa investigación respete el debido proceso y no vulnere los derechos de los implicados como estaría sucediendo con el indígena tsimane que confesó el crimen.
“Y que no sea el Ministro de Gobierno quien dicte sentencia”, señalan la Contiocap y la Mancomunidad de la zona. Esta posición se da a conocer luego de que el ministro Eduardo Del Castillo dijera que el asesinato no obedece a causas que tengan que ver con la minería ilegal, ni con el tráfico de tierras, como señala el Pueblo Leco, sino con “problemas personales”.
El Pueblo Leco de Apolo, mediante una carta enviada al presidente Luis Arce; al vicepresidente David Choquehuanca; al fiscal general, Roger Mariaca; y al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, pide “seguridad y protección” de todos los miembros de la comunidad, pero especialmente para quienes encontraron al presunto asesino.
También exigen “investigación exhaustiva y sanción ejemplar para todos los autores intelectuales y materiales del asesinato de Francisco Marupa, así como para aquellos que financian y promueven la minería ilegal y el tráfico de tierras en nuestro territorio”.
El Tribunal de Justicia Indígena de la CIDOB, por su parte, condena el crimen, pide a la Fiscalía “una investigación exhaustiva, transparente e imparcial para el esclarecimiento de este hecho atroz”. Igual que otras organizaciones, exige identificar no solo a los autores materiales del hecho, sino también a los intelectuales.
CEJIS
El CEJIS indica que el Pueblo Leco “ha mantenido una defensa férrea de su territorio frente a la irrupción de actividades ilegales, particularmente de extracción minera en los ríos Beni, Tuichi, Madre de Dios, Tequeje y otros, situación que ha generado reacciones de violencia, amenazas e intimidación contra las comunidades y sus autoridades, como la quema de sus casas y el despojo forzado de las familias”.
Agrega que la muerte de Marupa no es un hecho aislado, sino que “es el reflejo de la violencia estructural que viven quienes entregan su vida a la defensa de los territorios y la casa común”.
En ese marco, denuncia la “alta vulnerabilidad” en la que se encuentran los pueblos defensores y expresa su preocupación por los altos niveles de violencia en la zona.
Contiocap
La Contiocap y la Mancomunidad de la región exponen la tensa situación que se vive en la zona desde hace años. Incluso denuncian que, entre el 2013 y el 2014, cuando el gobierno de Evo Morales intentaba instalar las represas de El Bala y el Chepe, se creó un asentamiento al que denominaron también Torewa, pero le pusieron el apellido de Indígena.
“Mucho antes del gobierno de Evo Morales existía una sola comunidad Torewa. Pero poco antes de violentar nuestros territorios con el proyecto hidroeléctrico Bala-Chepete, alrededor de 2013-2014, hicieron un nuevo asentamiento como fue la comunidad que denominaron como Comunidad Torewa indígena (…) Todo esto respondió a los propósitos de imponer los megaproyectos hidroeléctricos, incluso acusando a la original Torewa (hoy llamada Torewa Campesina) como avasalladores por su férrea defensa del parque Madidi”, señala el pronunciamiento.
Aseguran que, así como defendieron el Madidi de esos megaproyectos, ahora lo hacen frente a la minería ilegal. Y, señalan que es en ese contexto en el que se produjo el asesinato de Marupa.
Por otro lado, denuncian la vulneración de los derechos del presunto asesino de Marupa, pues habría sido trasladado maniatado y jalado por una soga. Agregan que el indígena tsimane que está acusado por el crimen habla poco el español, que tiene derecho a un traductor y “tampoco hay garantías de que sus declaraciones se hayan desarrollado bajo presión o coacción”.
Las declaraciones
Mientras el acusado era trasladado en una lancha bajo detención, se produjo una declaración poco audible por el ruido del motor, pero lo que se alcanza a escuchar es:
El Policía: ¿Tú le has matado, te estoy preguntando, mírame, cómo lo has matado?
Sindicado: Lo he cuchillado con flecha
Policía: ¿Con flecha? Me estás mamando, cabrón.
Sindicado: Porque me robaron
Policía: no, no, no, no te estoy preguntando, dime con qué le has matado
Sindicado: con flecha
Policía: dónde está la flecha
Sindicado: está allá, está arriba, es flecha de fierro… para pescar
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