Pueblos Indígenas en Bolivia: momento crítico y nuevos desafíos

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 Foto. Exhibición CEJIS 40 Años. 

La amenaza del despojo de sus
territorios y sus medios de vida, además de la persistencia de la
discriminación donde la mujer es la más vulnerable son problemáticas que siguen
marcando a la vida de los indígenas en Bolivia.

La Paz, 09 de agosto. – Aunque en
Bolivia y en el mundo los Pueblos Indígenas han logrado a través de largas y
duras luchas una serie de derechos, todavía enfrentan una situación bastante
crítica la cual se les presenta como un desafío.
Como resultado de sus numerosas
luchas, así como su mayor participación en la vida política del país, los
movimientos indígenas lograron incorporar en la Constitución Política del
Estado (CPE), el concepto de lo Plurinacional: el reconocimiento constitucional
de sus derechos individuales y colectivos, sin embargo, estos preceptos aún no
son cumplidos a cabalidad.
En el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas en Bolivia, la defensa de sus derechos (que definen y
preservan su identidad cultural en un territorio determinado) les plantea
nuevos desafíos que continúen impulsando sus propios procesos de
reconfiguración/reconstitución de identidades con proyecciones políticas desde
la articulación integral.
Según el análisis de cuatro
profesionales de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que se desenvuelven
hace muchos años en la temática, la crisis se debe a la fuerte arremetida
contra los territorios. Esto se da por la implementación regional de planes de
desarrollo extractivistas, acompañados de la construcción de mega-proyectos de
infraestructura de transporte, comunicaciones y energía, así como por procesos
de urbanización extensiva.
Además del despojo de tierras a
través del extractivismo, muchos indígenas viven el descalabro de sus
estructuras organizativas, las cuales habrían perdido su independencia
partidaria y liderazgo representativo en desmedro de las demandas y
problemáticas de sus bases.
“Las conquistas logradas están
siendo severamente amenazadas a partir de la presión de otros sectores, como el
privado con los megaproyectos”, afirma el Director Ejecutivo del Centro de
Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), Hernán Ávila.
El CEJIS trabaja en y desde el
territorio hace 40 años impulsando la legalización formal de los derechos
humanos de los Pueblos Indígenas en Bolivia.
Para Ávila el contexto es de
mucha fragilidad en las organizaciones y los aliados de las mismas.
“También el movimiento esta fragmentado dentro
de sus organizaciones con injerencia política muy fuerte. El contexto es
bastante negativo a pesar de que ha habido avances en los últimos años, en este
momento hemos entrado a un proceso de regresividad en cuanto a sus derechos
conquistados”, afirma Avila.
Foto. Exhibición CEJIS 40 Años. 
Para Walter Limache, coordinador
nacional del Programa NINA que trabaja hace 29 años en el fortalecimiento de
las organizaciones Indígena Originaria Campesinas en Bolivia, el reto mayor es
el cumplimiento de la CPE de parte de Estado, y de parte de los pueblos
indígenas la exigibilidad y cumplimiento de sus derechos a partir de la
concepción de políticas públicas y de proyectos para hacer tangibles sus
derechos en todos los niveles.
“(La Constitución) no se cumple.
Ya que en el plan de desarrollo del gobierno central basado en el extractivismo
lo que menos importa son los derechos de los pueblos indígenas, sino que más
bien se constituyen en barreras para impulsar ese desarrollo, pues su presencia
en los territorios impide avanzar de manera agresiva en la concreción de sus
planes”, apunta Limache.
Por su parte, el coordinador del
Programa Urbano de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción
Social (UNITAS) Carlos Revilla, afirma que la discriminación sigue siendo otro
rasgo central entre las problemáticas de los indígenas.
Un ejemplo es que los indígenas
urbanos, tan solo por el hecho de haber migrado, perdieron sus derechos a la
identidad, pero también a la autodeterminación en los espacios urbanos.
Según Revilla, lo que caracteriza
la situación de los Pueblos Indígenas en la actualidad es la alta dinamicidad,
es decir, se viven procesos de movilidad social no solamente vinculados a lo
demográfico sino también a lo social.
La multi-actividad y la
multi-localidad son problemáticas directamente relacionadas a la profunda
afectación de los territorios de origen y los medios de vida de los pueblos
indígenas, así como a la falta de políticas que preserven y promuevan el
bienestar autónomo y sostenible en dichos territorios.
Para Revilla, el hecho de que el
país es eminentemente urbano, está generando nuevos desafíos vinculados a la
necesidad de constituir asentamientos urbanos inclusivos y universalmente
accesibles para las diversas identidades complejas y cambiantes,
particularmente las identidades indígenas.
Esto supone también romper con la
visión dicotómica que separa campo y ciudad para no descuidar la preservación y
el cuidado de los territorios comunitarios y los ámbitos rurales, afectados por
procesos de expansión urbana descontrolada y urbanización extensiva
(inversiones y megaproyectos en ámbitos rurales).
Foto. APISACS DESAFIO 
La discriminación donde las
mujeres son las más vulnerables
“El municipio cruceño no ha
abierto la posibilidad de renovar sus políticas de desarrollo, aún mantiene sus
proyectos bajo enfoques excluyentes que no hacen a Santa Cruz más integradora y
con accesibilidad para todos, en ese ámbito las más violentadas son las mujeres
indígenas que migran”, señala la activista y técnica del Programa Urbano en la
ONG Desafío de Santa Cruz de la Sierra, Carola Farell.
Farell denuncia que muchas
mujeres no tienen acceso a la salud gratuita y sufren de discriminación por su
identidad ya que la población no indígena tiene muchos prejuicios hacia ellas.
“Llegan a la ciudad en busca de
trabajo, sin embargo, solo se les habré la posibilidad de acceder a trabajos
eventuales, trabajos del hogar en los cuales viven violencia laboral,
psicológica y en muchos casos violencia sexual”, explica.
Pese al mandato de la CPE, en
Santa Cruz todavía no se acepta la representación política directa en el
legislativo municipal. Tampoco se contemplan planes, programas y proyectos para
ellos, razón por la cual las organizaciones de indígenas urbanos están enfocadas
en hacer cumplir esta representación.
“Hemos visto la fuerte
discriminación que existe, por ejemplo, contra indígenas que migran a la ciudad
que cuando comenten un delito no son tratados de acuerdo al debido proceso en
el marco de su identidad étnica. O el tema de la justicia para los indígenas en
el ámbito urbano, no solamente en el campo jurídico sino también en el campo
social es fundamental”, afirma también, Revilla.
Foto. APISACS DESAFIO 
Una oportunidad para re
afirmarse, re constituirse y re configurarse
Pese a las dificultades, la
resistencia a la vulneración de los Derechos Humanos de los indígenas está
dando lugar a re afirmarse en procesos de reconfiguración de sus identidades y
reconstitución de sus territorios.
“Estas re configuraciones étnicas, incluyen
algunos procesos aunados de en busca de la reconstitución de territorios
también de proyección política de la identidad. Lo ves en ciudades como El
Alto, en Tierras Bajas y también en Tierras Altas. Por un lado, se plantean la
reconstitución de sus territorios e identidades de origen, pero que también
están re definiendo, re diseñando sus propios símbolos, sus propios discursos y
demandas en el marco de sus derechos y expectativas de vida”, explica Revilla.
“Estos son factores muy
interesantes que se están dando en este proceso que plantean nuevas
esperanzas(..) Hay iniciativas y espacios de solidaridad y resistencia que nos
interpelan y nos articulan como ciudadanos urbanos y rurales y nos plantean
nuevas formas de vivir en base a la experiencia indígena de la reciprocidad, el
cuidado de la naturaleza, del intercambio, de la propiedad colectiva
comunitaria y de su proyección hacia ámbitos urbanos”, afirma Revilla.
Los retos se dan en la
posibilidad no solo de constituir las Autonomías Indígenas sino también de
fortalecer ámbitos de justicia indígena originaria que tienen la misma
jerarquía normativa con respectó a la justicia ordinaría y la jurisdicción agro
ambiental.
Las experiencias de los procesos
autonómicos y de la Justicia Indígena Originaria se están tratando en
diferentes países en Latinoamérica y los Pueblos Indígenas de Bolivia están
planteando lecciones que pueden constituirse como políticas públicas en
beneficio no solo de los indígenas sino también para todos.
Por otra parte, Limache, del
Programa Nina, cree que, para fortalecer estos procesos de articulación, es
vital recuperar las estructuras organizativas de las organizaciones,
consolidando nuevos liderazgos motivados por la necesidad de trabajar por los
intereses de cada nación indígena.
 “Los pueblos indígenas tienen una mirada
integral y están muy preocupados porque cada vez más en nombre del desarrollo
se conculcan sus derechos en todos los niveles -económicos, sociales,
culturales, ambientales, políticos y otros-. Su pretensión de civilizarlos a
modos de vida y costumbres distintas a las que tienen, bajo el pretexto de la
modernidad, lo único que hace es condenarlos a extinguirse en el tiempo”,
finaliza Limache, sobre la importancia de acompañar a los Pueblos Indígenas en
la lucha por sus derechos y la defensa de sus territorios.

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