Por: Eduardo Gudynas
Ante un nuevo Día Mundial del Ambiente, que se celebra el 5 de junio, regresará el estremecimiento ante el deterioro ambiental planetario, y con ello a lo que ocurre en Bolivia. Se repetirán las alertas sobre problemas como la pérdida biodiversidad o la contaminación de suelos y aguas. Se volverá a demostrar que las medidas de conservación de esa riqueza ecológica son insuficientes y siguen prevaleciendo los usos depredadores de la Naturaleza.
Esto se debe a que estamos ante una contradicción fundamental entre las medidas que deberían asegurar la calidad ambiental y la protección del patrimonio ecológico, frente a la voracidad de unas variedades de desarrollo que siempre implican destruir y artificializar la Naturaleza. Oiremos discursos a favor del ambiente, pero persistirán las mismas prácticas de apropiación de recursos naturales.
Ese tipo de contradicciones tienen un significado especial en Bolivia, por los fuertes discursos a favor de la Pachamama, en especial como una Madre Tierra planetaria. A su vez, la nueva Constitución tiene un mandato ético de perseguir el Vivir Bien, lo que podría cobijar una gestión ambiental más vigorosa. Y como consecuencia, no son pocos los que creen que esa constitución reconoce los derechos de la Naturaleza tal como ocurre en Ecuador.
Sin embargo eso es incorrecto. En efecto, la constitución de 2009 no reconoce a la Naturaleza o Pachamama como sujeto de derechos, sino que se asemeja a los países que colocan la cuestión ambiental dentro de los derechos de las personas (incluidos en los derechos “económicos y sociales”). Dice el artículo 33: las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado”.
Ese es un reconocimiento importante, que no debe ser desmerecido, pero no significa que se le otorgó derechos a la Naturaleza. Muchos actores sociales intentaron eso en la Asamblea Constituyente pero no lo lograron. No sólo eso, sino que el texto aprobado dejó en evidencia la persistencia de esa contradicción fundamental, ya que hay otros artículos que colocan como fin del Estado la “industrialización” de la Naturaleza. Por ejemplo, el artículo 355 dice que la “industrialización y comercialización de los recursos naturaleza será prioridad del Estado”.
Esto hace que sea tan particular la constitución boliviana: encierra una fuerte tensión entre mandatos por la calidad de vida y ambiental y la vez exige que la Naturaleza sea aprovechada, y como eso se hace bajo los desarrollos convencionales como los extractivismos, se disparan todo tipo de impactos.
Esa tensión no se superó en la última década y muchos de los conflictos actuales responden a esto, como es la resistencia ciudadana a la expansión petrolera dentro de áreas naturales protegidas o en territorios indígenas. No faltará quien distorsione el real significado de “industrializar”, y termine justificando los nuevos extractivismos como parte del mandato constitucional. Pero esos mismos emprendimientos tienen tan graves impactos que se vuelven inocultables, como fue la desecación del Lago Poopo. Allí se violan las metas del Vivir Bien constitucional y de los derechos a un ambiente sano. O sea, otra vez la contradicción.
Se intentó resolver esa tensión básica mediante leyes que reconocieran los derechos de la Naturaleza. Desde la sociedad civil se batalló en ese sentido, y resultó en las leyes de los Derechos de la Madre Tierra de 2010, y en la de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien en 2012. Pero en sentido estricto no lograron a satisfacción un reconocimiento de los derechos de la Naturaleza por varias razones: prevaleció encasillarla como de “interés público”, la redacción era muy metafórica para ser aplicable, y por si fuera poco, todo fue atado a la idea del “desarrollo integral”.
En cambio, en la Constitución de Ecuador, aprobada en 2008, se atacó ese mismo tipo de contradicción apostando a una redacción precisa pero a la vez innovadora. Partieron de los saberes tradicionales que reconocían a la Pachamama como un sujeto y lograron una síntesis creativa con saberes occidentales. No hay allí infantilismos ni se postula un ambiente intocado. La Naturaleza deja de ser un conjunto de “objetos” o “mercaderías”, y pasa a tener valores que le son propios, que no dependen de la utilidad o beneficio que puedan darle los humanos. Y al reconocerla como sujeto inmediatamente se le deben conceder derechos. Eso no desembocó en un paraíso ecológico, pero los debates y las opciones políticas son muy otros.
A la misma conclusión llegó la Corte Constitucional de Colombia, aunque siguiendo otros caminos. En 2016 reconoció a un río y su cuenca como sujeto en respuesta a la severa destrucción ambiental originada por la minería. Pocos meses atrás, hizo lo mismo con toda una eco-región, su Amazonia, y en este caso su punto de partida fueron los derechos de las generaciones futuras.
Estas experiencias son relevantes para Bolivia al ilustrar posibles vías para superar la contradicción entre ambiente y desarrollo apelando a los derechos de la Naturaleza. Son ejemplos que muestran que los cambios son posibles, y además necesarios. No olvidemos que la Constitución obliga a atender los actuales problemas ambientales, ya que ello es necesario para cumplir el mandato del Vivir Bien.
Las experiencias como las de Ecuador o Colombia además ejemplifican que bajo muy distintos contextos políticos, los países están caminando hacia el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza. Es más, podríamos preguntarnos si Colombia, bajo todas sus convulsiones internas, logró que toda una cuenca contaminada por la minería se vuelva un sujeto, ¿por qué en Bolivia no se le otorga cuanto antes derechos propios a las cuencas del Titicaca y Poopó? ¿Qué tiene Colombia que no pueda tener Bolivia?
A su vez, el reconocimiento de los derechos en la Naturaleza permite articulaciones muy potentes con los derechos humanos. Esto no puede olvidarse en tanto es muy común que esos dos tipos de derechos sean violados simultáneamente. Precisamente para explorar esas vinculaciones es que se lanza en estos días el Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, con el apoyo de destacados centros de investigación del continente (visite el sitio en www.naturerightswatch.com). Es una iniciativa donde participan destacados militantes y académicos sudamericanos; por ejemplo, por Bolivia está Amparo Carvajal, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y por Perú participa Rocío Silva Santisteban, quien dirigía la Coordinadora de Derechos Humanos de ese país.
Ante un nuevo Día Mundial del Ambiente sería más que bienvenido reconocer las contradicciones básicas entre Naturaleza y desarrollo para poder resolverlas de acuerdo a las condiciones de cada país. En Bolivia, ocultar eso, sólo hará que persista el deterioro ambiental. Contamos con ejemplos de soluciones posibles, y en la propia Constitución boliviana los principios del Vivir Bien muestran la orientación a seguir. Si eso es así, el siguiente paso es reconocer los derechos de la Naturaleza o Pachamama.
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Sus últimos libros publicados en Bolivia incluyen “Derechos de la Naturaleza y Políticas Ambientales” (Plural) y “Extractivismos” (CEDIB). Twitter: @EGudynas
