Este concepto forma parte de la construcción participativa de una nueva ley que regule este elemento y que será presentada a los candidatos que participarán en las elecciones generales de este año.
“Nuestro planteamiento es que veamos al agua como un ser vivo sujeto de derechos y que la tutela la puedan tener los pueblos y las comunidades”, explicó el secretario técnico de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), Juan Carlos Alarcón, al cierre del taller regional del altiplano que siguió con el camino de construcción de dicha Ley nacional del agua.
El taller se realizó entre el jueves 27 y viernes 28 de marzo en el hotel Torino de La Paz, contó con la presencia de más de un centenar de representantes de comunidades indígenas, campesinas, zonas periurbanas de La Paz, Oruro, y el norte de Potosí; además de delegados de las organizaciones que forman parte de la PBFCC.
La propuesta del nuevo enfoque “tiene un avance importante porque el agua va a tener el derecho a su propia regeneración y purificación”, señaló Alarcón y recordó que el ciclo del agua tiene varias etapas. Por ejemplo: la evapotranspiración de los bosques, los ríos voladores, las lluvias y los diferentes estados de la materia (líquido, sólido y gaseoso).
Alarcón recordó que dicho ciclo está alterado por la contaminación de los cuerpos de agua, la reducción de las fuentes de agua segura y otros factores que ponen en riesgo la calidad de este elemento destinado al consumo humano, animal y en las actividades agrícolas (riego), entre otros usos. “Por eso es importante cambiar la visión que se tiene del agua para que esta sea reconocida como un elemento imprescindible en el sostenimiento de la vida”.
Además de la Plataforma, esta iniciativa de redacción de la ley se realiza de manera participativa con la sociedad civil y la participación de las organizaciones Cipca, Red Chimpu Warmi, , CEPA, JARAÑA y ANAPA. El trabajo arrancó en 2022, tras una decisión de la Asamblea de la PBFCC.
En dicha asamblea, los participantes identificaron varios factores de riesgo. Por ejemplo: cambio climático, contaminación de cuerpos de agua y acceso limitado para algunos sectores de la población. “Se planteó la necesidad de la elaboración de un marco normativo para regular el uso, la gestión, el cuidado y el manejo del agua”, recordó Alarcón.
Desde hace varios años, Bolivia acumula ejemplos de la reducción y extinción de los cuerpos de agua; como el lago Poopó, en Oruro, o la laguna Cáceres, en la chiquitanía. Esta situación afecta la producción en las zonas que ya no disponen de agua suficiente para realizar sus actividades.
Las alarmas también se prendieron en las ciudades. A finales de 2016, una aguda sequía, dejó sin agua potable a gran parte de la sede de Gobierno. El año pasado ocurrió algo similar en Potosí. Como resultado, varios grupos de vecinos protagonizaron peleas por el miedo desatado ante la carencia de agua potable.
“Por eso es importante cambiar la visión que se tiene del agua”, reiteró Alarcón, ya que si no suceden hechos concretos que afecten a las comunidades, los pobladores no se sienten afectados.
Pero los problemas de acceso al agua no solo se deben a la falta de lluvias, también obedecen a factores provocados por la acción humana: la minería (contaminación de ríos con mercurio y otros metales), la deforestación o los incendios (principalmente en tierras bajas).
“En resumen, si hay poca agua, por un período de sequía, o está mal usada y contaminada por mercurio, cianuro u otras sustancias, como es el caso de la Amazonia, esto afecta el ciclo normal del agua”, lamentó Alarcón.
Trabajo regional
En 2024, la Plataforma organizó un primer encuentro regional en Vitichi (Potosí) y en Rurrenabaque (Beni), para conocer la percepción de los actores de las tierras altas y el norte amazónico, respectivamente, sobre el acceso al agua potable y los factores de riesgo que inciden en su calidad.
Sobre el propósito segundo encuentro paceño, el responsable de la redacción de la Ley, Cristian Bellot, señaló: “La propuesta de Ley nacional del agua tiene el propósito de cumplir lo establecido en la Constitución Política del Estado, promulgada en 2009, sobre el respeto a los derechos y el acceso a este elemento”.
La nueva norma propondrá que los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, cumplan con sus asignaciones. “Mientras el gobierno central es responsable del aspecto general del cuidado de las fuentes de agua, los municipios deben proteger las fuentes de recarga hídrica en sus territorios”.
Alarcón informó, por últmo, que el proceso de construcción de la norma continuará en otras regiones: valles, tierras bajas y Chaco, y concluirá con un encuentro nacional y la entrega del proyecto de Ley a los candidatos de las elecciones generales previstas para este año.
Mesas de trabajo
Con este bagaje de ideas y experiencias, en el taller de los últimos días, las y los participantes reflexionaron en cuatro mesas de trabajo:
Mesa 1. Protección de la naturaleza y de las zonas de recarga hídrica.
Los participantes propusieron que la nueva norma reconozca al agua como un sujeto de derechos y que los acuíferos origen sean reconocidos como áreas protegidas, para que el líquido esté preservado y pueda cumplir su ciclo de regeneración.
Juan Carlos Alarcón.
Mesa 2. Agua para la producción alimentaria y económica
En esta mesa plantearon que la norma garantice la conservación de los ecosistemas en los que se encuentren las fuentes hídricas y pidieron que la norma prohíba el uso del agua para actividades contaminantes.
Sistematización: Otto Colpari, investigador de la FPBCC.
Mesa 3. Servicios de agua potable
La mesa considera que la Ley deberá exigir a las autoridades que garanticen un acceso equitativo al agua. La mayoría de las comunidades del área rural no tienen agua potable, deben abastecerse a través de la compra de cisternas. En el presente, las autoridades no garantizan el cumplimiento de este derecho para estas comunidades y estas reclaman que el Estado destine recursos para la ejecución de proyectos que garanticen dicho derecho.
Facilitación. Cristian Flores Mamani, técnico en incidencia política de la PBFCC.
Mesa 4. Regulación de los servicios y gestión estatal del agua
De esta mesa emanó la propuesta de que la futura ley instruya la creación de un ente multiactor de regulación del agua. Actualmente, funciona la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS). Para la nueva norma se propone que esta instancia que trabaje con funcionarios públicos, especialistas y con representantes de la sociedad civil organizada.
Sistematización: Elizabeth Vargas, técnica de la FPBCC.
