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Perú decreta el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días para controlar las protestas

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El estado de emergencia anunciado en Perú por 30 días, y a nivel nacional, ha entrado en vigencia este miércoles con la publicación del decreto supremo firmado por la presidenta, Dina Boluarte, y cuatro integrantes del Consejo de Ministros con el fin de recuperar el orden público después de las masivas protestas contra el Ejecutivo y el Congreso.

El decreto que declara el estado de emergencia a nivel nacional ha sido publicado en una edición extraordinaria de la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano tras recibir la aprobación del Consejo de Ministros.

En su primer artículo, precisa que la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas

Durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales, detalla en su segundo artículo.

Igualmente, la norma ha dispuesto la suspensión de los estados de emergencia que estaban vigentes en diferentes departamentos del país.

La normativa regula el uso de las fuerzas de seguridad

Con respecto a la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, el decreto precisa, en su artículo cuarto, que se efectúa conforme a la normativa vigente que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía y de los decretos que establecen las reglas de empleo y uso de la fuerza de los militares.

En sus considerandos, el decreto supremo señala que el presidente de la República puede decretar el estado de emergencia en caso de «perturbación de la paz o del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación».

En este caso, el Ejecutivo ha adoptado esta medida después de unos cuatro días de violentas manifestaciones y vandalismo en varias regiones del país, con el saldo de ocho muertos, más de 200 policías heridos y un número indeterminado de detenidos y civiles lesionados.

Aunque el ministro de Defensa, Alberto Otárola, ha señalado que el Ejecutivo evaluaba la posibilidad de dictar un toque de queda, orden de inamovilidad, esta medida no ha sido considerada en la norma publicada.

El decreto también establece un plazo de cinco días, posteriores al término del estado de emergencia, para que la Policía Nacional presente un informe de las acciones realizadas durante el régimen de excepción y los resultados obtenidos.

El decreto como respuesta a las violentas protestas

Otárola ha explicado que la declaración del estado de emergencia responde a «los hechos vandálicos y violentos, toma de carreteras y caminos que ya son actos que se están estabilizando y que están siendo controlados por la Policía Nacional y por Fuerzas Armadas».

«Se requiere una respuesta contundente y la autoridad de parte del Gobierno», ha destacado el ministro en el patio del Palacio de Gobierno en una breve comunicación ofrecida mientras se desarrollaba una reunión del Consejo de Ministros.

«Quiero recordar que la declaratoria del estado de emergencia nacional significa la suspensión de los derechos de reunión, de inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión», ha indicado Otárola.

Esta medida ha sido motivada «para que la ciudadanía pueda tener la seguridad y la certeza de que estamos controlando el orden interno y luego vamos a asegurar el libre tránsito y la paz para todos los ciudadanos», ha señalado al añadir que es necesario proteger las infraestructuras estratégicas para asegurar el bienestar y paz de ciudadanos.

Las protestas producidas en los últimos días, sobre todo en el sur del país, piden la convocatoria de una asamblea constituyente, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso, la dimisión de la presidenta, Dina Boluarte y la liberación del exmandatario Pedro Castillo, detenido desde hace ocho días tras el autogolpe de estado fallido.

Castillo permanecerá detenido por 18 meses en Perú

El expresidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió este jueves (15.12.2022) la Corte Suprema.

La decisión de un juez supremo, que declaró fundado un pedido de la fiscalía, se sustenta en que existe «peligro de fuga» del imputado, quien trató de asilarse en la embajada de México en Lima tras el frustrado autogolpe del 7 de diciembre. La medida se extiende hasta junio de 2024

«Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Pedro Castillo (…) quien se encuentra con mandato de detención preliminar que se computa desde el 7 de diciembre de 2022 hasta el 6 de junio de 2024», leyó Checkley tras una exposición legal que se prolongó durante más de dos horas.

De este modo, aceptó la petición realizada por la Fiscalía que había considerado que «existe periodo procesal de fuga» y en la que tuvo un peso específico que, minutos antes de su destitución, hubiera intentado acudir a la Embajada de México en Lima para pedir asilo.

En el requerimiento fiscal se ha incluido al ex primer ministro y asesor jurídico de Castillo Aníbal Torres, y se presentó luego de que el Poder Judicial autorizó el pedido del Ministerio Público para iniciar la investigación preparatoria a Castillo.

Sin embargo, el juez no aceptó esa solicitud y, en cambio, impuso una «medida de comparecencia con restricciones».

Castillo será investigado como presunto coautor de los delitos de rebelión y conspiración, así como presunto autor de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.

La investigación ha sido calificada de «compleja» por el Ministerio Público y tendrá una duración de ocho meses.

Ningún defensor de Castillo se presentó a la audiencia

Castillo fue detenido el pasado 7 de diciembre tras ser destituido por el Congreso poco después de que anunciara el cierre del Congreso, la conformación de un ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto y a reorganizar el sistema de justicia, lo que ha sido calificado mayoritariamente como un intento de golpe de Estado.

Ni Castillo ni ninguno de sus abogados se presentaron este jueves al inicio de la audiencia de revisión del pedido de prisión preventiva durante 18 meses que ha presentado la Fiscalía de Perú.

Al inicio de la audiencia, convocada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, se informó que Castillo, quien cumple arresto preventivo, se negó a recibir la notificación del requerimiento fiscal.

En ese sentido, el juez Checkley informó que la defensa del exgobernante sería asumida por el abogado de oficio Italo Díaz, ya que ninguno de sus defensores acreditados se presentó a la audiencia.

Al respecto, el abogado Ronald Atencio, uno de los defensores de Castillo, informó en Twitter que ni él ni su colega Raúl Noblecilla, iban a participar en la audiencia de prisión preventiva.

«Son muchos los argumentos que, en conversación con Pedro (Castillo) nos impulsaron a tomar esa decisión», indicó antes de señalar que entre ellos figura una «vacancia (destitución) ilegal y exprés».

Agregó que el Congreso también ha realizado un «levantamiento del antejuicio», al que tiene derecho el exgobernante, «ilegal y exprés» y que la audiencia también se ha programado «para seguir manteniendo detenido a Pedro Castillo Terrones».

Con datos de EFE, RTVE y DW

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