Tres autoridades de la jurisdicción indígena del valle de Zongo (La Paz) están siendo procesadas por la justicia ordinaria por denunciar la minería ilegal en su territorio, por lo que sus representantes denunciaron persecución judicial y criminalización en una conferencia de prensa realizada este martes en La Paz.
Se trata de los jueces naturales Edgar Pérez, contra quien ya existe una orden de apremio; Eusebia Zambrana y Marcela Quisbert, quienes fueron notificadas por edicto.
Según explican los comunarios, en septiembre del año pasado, ante la sistemática presencia de una cooperativa minera, acudieron a hacer limpieza y a recuperar sus territorios, pero la acción derivó en un ataque de parte de los mineros. La Policía, que se constituyó en el lugar, sólo detuvo a nueve campesinos y a ningún cooperativista minero.
De los nueve campesinos, cinco aún siguen en prisión y ahora también están siendo procesados los jueces naturales de Zongo, pese a que la jurisdicción originaria de esa zona tiene reconocimiento constitucional y, según la Carta Magna, tiene igual jerarquía que los jueces ordinarios.
La jueza natural Eusebia Zambrana, una de las acusadas, dijo que “un empresario minero, juntamente con la justicia ordinaria, junto al juez Román Quisbert y el fiscal Israel Zapana Mendoza, hacen la persecución a las autoridades indígenas originarias por la jurisdicción ordinaria”.
Zambrana se refiere al empresario Oscar Bellota, quien el 2010 fue expulsado de la zona por la justicia indígena originaria campesina por contaminar el medio ambiente, deforestar y vulnerar derechos laborales, “pero hace caso omiso, se burla de la jurisdicción originaria, se burla de las autoridades originarias de Zongo, hace corrupción, compra a la justicia para perseguir y para seguir estafando al Estado”.
Los tres jueces naturales no son los únicos perseguidos. Los representantes afirman que hay un total de 42 indígenas, entre comunarios, dirigentes y exdirigentes, que están siendo procesados judicialmente desde el año 2010 en más de una decena de procesos. Bellota los denunció por avasallamiento, luego de que éstos defendieran su tierra de las actividades extractivas y de haberlo expulsado.
El problema se remonta a los años 80, cuando el empresario minero Oscar Bellota se asentó en estas comunidades para explotar la mina, lo que, según los comunarios, provocó contaminación del río Zongo, tráfico de tierras, deforestación e incluso atropello a los derechos laborales de sus trabajadores.
Luego, el empresario conformó la Cooperativa minera 28 de octubre, instalada en la mina Alexander, que se ubicada en las comunidades de Cahua Grande y Cahua Chico. Los integrantes de ésta última comunidad son los que dieron la conferencia este martes.
“Nosotros N veces hemos venido a denunciar, a pedir auxilio, socorro, están destruyendo el medio ambiente, nuestra agua, nuestros suelos, pero la AJAM, el Ministerio de Minería se prestan a esto”, dijo la vecina de Cahua Chico, Rosalina Magueño.
Frente a eso, Eusebia Zambrana pidió “el respeto a la libre determinación, respeto a la jurisdicción, igualdad de jerarquía, cese a la persecución de las autoridades indígenas, y este juez que haga aparecer las carpetas, los memoriales que hemos presentado al juzgado, ha hecho desaparecer”. Además, los comunarios presentaron una acción de incompetencia a la justicia ordinaria y, al no obtener respuesta, llevaron el caso al TCP, donde espera por una resolución.
Fernando Pérez, exautoridad de la central agraria de Zongo, expresó su “protesta e indignación” contra autoridades del Ministerio de Minería, Gobernación de La Paz, la AJAM, que permiten actividades ilegales de Oscar Bellota, pese a que “no tiene licencia ambiental, no tiene derecho de área minera, no tiene consulta previa, está contaminando nuestros territorios, matando nuestros animales, nuestra biodiversidad”.
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