Ante la crisis social desatada luego del cambio de tendencia de los resultados de las elecciones, producido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de suspender por 24 horas la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), Organizaciones de la sociedad civil demandaron a las autoridades nacionales viabilizar la realización de la segunda vuelta de las elecciones nacionales con nuevos vocales del TSE.
A través de un manifiesto conjunto de ocho puntos, que se difundió hoy, la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) y 18 de sus instituciones asociadas expresaron, su disconformidad con el accionar del TSE, razón por la cual exigieron “la renuncia del mismo por la irresponsabilidad con la que han conducido el proceso eleccionario”.
También, “exige a las autoridades nacionales viabilizar la realización de la segunda vuelta de las elecciones nacionales, en aras de la pacificación nacional y el respeto a la ciudadanía. Ello, en consonancia con el postulado de dejar que el pueblo tome la decisión final. En toda contienda electoral existen reglas que se deben respetar”.
El manifiesto, demanda una investigación para identificar y sancionar a las personas responsables de las irregularidades denunciadas por la ciudadanía en este proceso electoral e insta también a la población a exigir el cumplimiento de sus derechos de manera pacífica.
El documento ratifica el compromiso de la defensa de la democracia y el ejercicio del derecho a la protesta y las tres libertades fundamentales: asociación, reunión pacífica y expresión. “Exhortamos a las autoridades en ejercicio y agentes del orden público, a respetar las normas internacionales de protección de los DD.HH. evitando el uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza pública y la represión de las movilizaciones sociales”, se lee en el punto 6 del pronunciamiento.
Estas organizaciones de la sociedad civil repudian la agresión al rector de la Universidad Mayor de San Andrés y defensor de derechos humanos, Waldo Albarracín, y condenan los sucesos que derivaron en actos vandálicos que afectaron bienes públicos y la seguridad ciudadana.
El pronunciamiento es firmado por: Asociación de Promotores de Salud Area Rural (APROSAR), el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA), el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS), el Centro de Estudios Regionales para el Desarrollo de Tarija (CER-DET), el Centro de Investigación y Apoyo Campesino (CIAC), el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM), el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI-Bolivia), la Fundación Social Uramanta, el Instituto de Investigación y Capacitación Campesina (IICCA), el Instituto de Investigación Cultural para Educación Popular (INDICEP), Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí (ISALP), el Apoyo al Desarrollo Sostenible Interandino (KURMI), Mujeres en Acción, el Centro de Comunicación y Educación Popular PIO XII, Servicios Múltiples de Tecnologías Apropiadas (SEMTA), Promoción de la Mujer Tarija (Promutar) y la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS).
También sumaron su firma la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Oruro y el colectivo TLGB de Bolivia. Si usted o su institución quiere adherirse al pronunciamiento puede hacerlo a título personal o a nombre de una institución (siempre y cuando esté al frente de la misma) enviando un correo electrónico a la dirección unitas@redunitas.org especificando su nombre y/o el de la institución.
