El Gobierno de Nicaragua exhibió esta semana a un grupo de opositores detenidos con evidentes signos de deterioro tras un año sin conocerse imágenes de ellos. El sombrío desfile sigue al impactante arresto del obispo Rolando Álvarez hace dos semanas y al ensañamiento contra la prensa crítica de la Administración, gran parte de ella en el exilio. Defensores de derechos humanos apuntan una estrategia «por el control del relato».
Eran aspirantes a candidatos presidenciales, directores de periódicos o líderes estudiantiles. Esta semana –con uniformes azules y escoltados por agentes de Policía–, fueron exhibidos por el Gobierno de Nicaragua, después de más de un año encarcelados.
Durante tres días, los opositores considerados «presos políticos» por los organismos humanitarios fueron retirados de sus celdas mientras la prensa oficial les tomaba fotos.
«Un circo», sentenció el exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, exiliado en Estados Unidos.
Entre los prisioneros exhibidos se encontraban cuatro de los aspirantes a candidatos presidenciales que pretendían retar al presidente Ortega en los comicios de noviembre del 2021; así como el gerente general del diario ‘La Prensa’, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, el dirigente empresarial Álvaro Vargas y la exguerrillera sandinista disidente Dora María Téllez.
Todos vienen de sectores distintos, pero algo les une: en algún momento levantaron la voz para manifestar su rechazo al régimen encabezado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Y hoy purgan penas de entre siete y 13 años de cárcel por «traición a la patria».
Para los organismos de derechos humanos, esa puesta en escena no es más que el último acto de persecución que la pareja gobernante ha desatado contra cualquier persona que se les oponga. «Utilizan a estas personas como un ejemplo para que nadie se atreva a levantar la voz en Nicaragua», señaló Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Prisiones y aviones repletos de opositores
Un día antes, los familiares de los reos habían denunciado una reducción de las raciones de alimentos, que provocó «desnutrición y adelgazamiento extremo» en la cárcel El Chipote.
Este temido centro penitenciario está lleno de personas que en algún momento se atrevieron a expresar una opinión desfavorable sobre el régimen. También, los aviones salen cada día con activistas que quieren evitar la misma suerte.
«Es más grave que lo que pasa en Venezuela. Allí, Juan Guaidó por lo menos está libre de moverse. En Nicaragua, eso es imposible», declara a France 24 Juan Diego Barberena, miembro de la Unidad Nacional, el movimiento opositor más amplio de Nicaragua.
El año 2018, un punto de no retorno
El Gobierno de Daniel Ortega, que ya había mostrado signos de autoritarismo, dio un giro absoluto el año pasado, cuando quedó claro que carecía del respaldo popular para ganar otro mandato. Así, las elecciones de noviembre se celebraron con todos los opositores que aspiraban a la Presidencia en la cárcel.
Esta trayectoria parece repetir la historia de Nicaragua, un país que se liberó del yugo del dictador Anastasio Somoza gracias a la revolución sandinista de los años 80, para encontrarse medio siglo después en otro régimen autoritario.
En un intento por expresar el hastío y la falta de libertad, en abril de 2018 comenzó una revuelta popular en las calles de Nicaragua. Lo que inició como un descontento contra reformas al sistema de seguridad social, pronto escaló a una protesta contra la violenta represión y terminó con la exigencia de la renuncia del presidente Ortega.
Un actor que participó en esas protestas, aunque no directamente, fue la Iglesia católica. Y actualmente está pagando las consecuencias: en los últimos meses, la persecución contra los clérigos se ha intensificado. De hecho, entre 200 reos considerados presos políticos para los cuales los organismos exigieron esta semana la libertad inmediata, hay 11 sacerdotes católicos, arrestados en los últimos tres meses, incluyendo el obispo Rolando Álvarez.
Y si en esa guerra política contra la Iglesia católica la detención de religiosos tiene una relevancia especial, no está necesariamente en el centro de los titulares nicaragüenses.
«En cualquier país democrático, el arresto del obispo Álvarez sería una noticia importantísima, la Policía tendría que dar explicaciones. Pero en Nicaragua no pareció ser la noticia más importante del día», lamenta Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en entrevista con France 24.
«Un delirio oficial por el control del relato»
Y es que una rama esencial de la libertad de expresión reside en la libertad de prensa. Pero en este ámbito, también han proliferado las noticias alarmantes desde Nicaragua.
El asesinato del periodista Ángel Gahona, la destrucción de ‘Radio Daría’, el asalto a ‘Confidencial’, el encarcelamiento de Lucía Pineda y Miguel Mora, directores de ‘100% Noticias’, son algunos ejemplos de la persecución contra medios independientes que se vive en la nación centroamericana.
«Ya no existe ningún periódico impreso que circule libremente y diariamente en Nicaragua. Ni un solo canal de televisión que narre la realidad. Solo se puede transmitir una realidad paralela, la de (las) mentiras que creó el Gobierno», sentencia Juan Diego Barberena, del bloque Unidad Nacional Azul y Blanco.
«Hay un delirio oficial por el control del relato», complementa Pedro Vaca.
La semana pasada, el casi centenario diario ‘La Prensa’, –cuyas oficinas permanecen ocupadas por la Policía desde hace un año–, hizo saber que operadores del Gobierno estaban retirando equipos y maquinarias de sus instalaciones. En la actualidad, tres de los directivos de ese periódico están presos y la redacción completa se encuentra en el exilio.
Y es que esa decisión de huir de Nicaragua se ha convertido en una de las únicas escapatorias para los periodistas críticos.
Según la organización gremial Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, al menos 150 comunicadores se han exiliado por presiones o amenazas desde 2018.
Fuentes de información periodística, en «extremo riesgo»
Los periodistas que deciden seguir en Nicaragua asumen unos riesgos altísimos, al igual que sus fuentes. «La gente tiene mucho miedo. Pueden dar declaraciones por la mañana y terminar presos por la tarde», relata Juan Diego Barberena.
La anonimización se volvió entonces una necesidad vital, que a veces no basta para proteger un informador de la obsesión del gobierno por controlar el relato: «Existen actores muy valientes, y claves para que fluya la información sobre lo que está pasando en Nicaragua que están en extremo riesgo», resalta Pedro Vaca, de la CIDH.
Esta sombra de temor constante se enmarca en una represión sistemática que engloba todas las voces críticas. «Existe un despliegue de mecanismos de censura, que, en su conjunto, apuntan a anular y aniquilar de facto toda expresión distinta a la voz oficial», declara Pedro Vaca. «A todo actor que tenga una mirada distinta le va a llegar una presión, o ya está padeciéndola», agrega.
«Ortega gobierna como se le antoja porque controla todos los poderes del Estado y también a las fuerzas de seguridad. No hay ninguna institución independiente en pie que pueda actuar como un freno al poder ejecutivo», resume para France 24 Tamara Taraciuk, directora en funciones de Human Rights Watch para las Américas.
«Y si para asentar aún más su autoridad sobre algún sector requiere de una herramienta adicional, la crea. No tiene problema en saltarse prohibiciones legales ni garantías de la Constitución», completa Pedro Vaca.
Juan Diego Barberena se suma a esa línea y agrega que «están dándole formalidad jurídica a la persecución».
Ejemplo de ello, es la Ley Especial de Ciberdelitos, que criminaliza el ejercicio del periodismo, según organizaciones de derechos humanos.
Entrada en vigencia el 30 de diciembre de 2020, la llamada ‘Ley Bozal’ pretende frenar las críticas a Ortega en las redes sociales, así como las publicaciones de la prensa. Pero para Tamara Taraciuk, «se trata de una barbaridad que es propia de un régimen autoritario que se hace de instrumentos para intentar silenciar información incómoda».
En agosto, una reforma legal otorgó al Ministerio de Gobernación el poder absoluto de despojar de la personalidad jurídica a las organizaciones sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.
Una preocupación para muchas organizaciones, que recuerdan que desde inicios del 2022, el presidente Ortega ya ha cerrado unas 1.500 ONG, que van desde pequeños grupos de teatro hasta organizaciones benéficas que aseguraban el acceso a la salud o a alimentos, en uno de los países más pobres de América Latina.
France 24
